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Cada vez son más las familias que viven en la informalidad en la capital. Según un estudio de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) Bogotá y Cundinamarca, el 22 por ciento de los hogares de la ciudad habitan en viviendas informales ubicadas en más de 12,324 manzanas con problemas de servicios públicos, materiales precarios y ocupación irregular.
Las 554.000 familias bogotanas identificadas en la informalidad enfrentan situaciones en las que no cuentan con acceso a agua potable, alcantarillado, energía eléctrica o recolección de basuras. Además, residen en viviendas construidas con materiales precarios o ubicadas en zonas de alto riesgo de desastres. Según Edwin Chiriví, el gerente de Camacol Bogotá-Cundinamarca, este estudio buscó entender cómo viven estos hogares, la magnitud del fenómeno y las brechas frente a quienes habitan en condiciones formales.
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“En Bogotá se forman 70.000 nuevos hogares al año, pero solo se producen 50.000 viviendas, lo que genera presión sobre la demanda y eleva la informalidad. A esto se suma que la ciudad ha recibido una alta cantidad de población migrante, tanto interna como internacional, lo que incrementa aún más la demanda y profundiza la irregularidad en el acceso a la vivienda”, afirmó Chiriví.
Este medio millón de hogares aporta apenas el 3,9 por ciento del valor catastral de Bogotá, es decir, el valor administrativo asignado por el Estado a un inmueble para multas fiscales. Según la Cámara, los ingresos de estas familias son 50 por ciento más bajos; la pobreza monetaria llega al 25 por ciento, el doble que en los hogares formales, y la informalidad laboral asciende al 49 por ciento. El estudio también evidencia que la inasistencia escolar es 2,4 veces mayor y el rezago escolar supera en cinco puntos porcentuales al de los hogares formales.
En términos habitacionales, la informalidad presenta un hacinamiento crítico casi diez veces más alto, y una percepción de inseguridad nueve puntos porcentuales superior a la de los barrios formales. Las relaciones comunitarias también son débiles: solo el 1 por ciento de los hogares informales participa en juntas de acción comunal.
Asentamientos de vivienda informal en el barrio Divino Niño (San Cristóbal, Bogotá) Foto:Milton Díaz / EL TIEMPO
El mercado de vivienda informal también muestra fallas importantes. El estudio advierte que el 71 por ciento de los hogares no son propietarios y paganos por viviendas inestables o inseguras. A pesar de estas condiciones, el 70 por ciento de quienes arriendan en la informalidad montos equivalentes o superiores a la cuota mensual de una vivienda de interés prioritario con subsidios, estimada en 491.061 de pesos. En conjunto, este mercado informal mueve 340.000 millones de pesos al mes. “Lo positivo es que, en los últimos cuatro años, de 2021 a 2024, la informalidad creció mucho menos que entre 2018 y 2021”, afirmó Chiriví.
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Según el estudio, atender la informalidad es más costoso que promover vivienda formal nueva. Mientras el mejoramiento habitacional ha requerido inversiones de 22 millones de pesos por hogar, las asignaciones para compra de vivienda han costado en promedio 13 millones. Según Camacol, la informalidad es hoy “la principal fuente de pobreza de Bogotá” y combatirla requiere fortalecer los subsidios y la política de vivienda. Siete de cada diez hogares informales podrían acceder a una solución formal con los apoyos existentes.
Según Chiriví, los retos se repiten en toda la ciudad. El primero es la prestación de servicios públicos: aunque la cobertura general es amplia, en asentamientos irregulares y en terrenos captados ilegalmente por mafias que urbanizan sin control la calidad del servicio es deficiente.
Asentamientos de vivienda informal en el barrio Divino Niño (San Cristóbal, Bogotá) Foto:Milton Díaz / EL TIEMPO
El segundo reto es el hacinamiento crítico, que se presenta cuando hay más de cuatro personas por habitación. El tercero es la tenencia. “Una gran parte de los hogares vive en arriendo, pero lo más preocupante es que el 50 por ciento de quienes arriendan lo hacen en viviendas informales”, dijo el gerente.
Frente a las oportunidades, Chiriví señala dos factores clave: habilitar suelo urbanizable a la velocidad que Bogotá necesita, una decisión que depende del Distrito, y que la informalidad no es solo un problema de ingresos. Según el estudio, si se mantiene la política de vivienda del Distrito –como el programa Mi Casa en Bogotá– y continúan los subsidios entre cajas de compensación y la ciudad, hasta el 70 por ciento de los hogares informales podrían acceder a una vivienda formal nueva.
Con respecto a las familias que ya viven en asentamientos informales consolidados, Camacol ve una oportunidad en proyectos de renovación urbana, especialmente en sectores con servicios regularizados y condiciones básicas de tenencia. La apuesta es desarrollar vivienda nueva sin desplazar a los moradores actuales, integrándolos como beneficiarios para que permanezcan en sus barrios.
TATIANA MORENO QUINTERO
REDACCIÓN BOGOTÁ
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