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El caso de Lisseth del Carmen Barrios Monterrosauna mujer de 36 años agredida de manera brutal por su pareja en Baranoa, Atlántico, abrió un debate urgente sobre la respuesta institucional frente a la violencia de género.
La denuncia de la diputada del Atlántico Alejandra Moreno Astwood apunta a fallas en cada eslabón de la ruta de atención, desde los centros de salud hasta las autoridades encargadas de proteger a la víctima ya sus dos hijas.
Tres días sin fiscal, ausencia de medidas urgentes y un agresor aún sin judicialización resumen un episodio que para organizaciones de género configura un riesgo inminente de revictimización.
Un ataque que no activó las alarmas.
Lisseth llegó el 7 de diciembre al Hospital de Baranoa con graves golpes y con la claridad de que su pareja, Carlos de la Cruz Silvera, había sido quien la agredió.
A pesar del reporte, la ruta de atención a víctimas de violencia de género no se activó. La diputada Moreno señala que no se realizaron los avisos obligatorios a las autoridades ni se aplican protocolos básicos de protección.
Alejandra Moreno de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer en la Asamblea del Atlántico. Foto:Prensa Asamblea del Atlántico
Debido a la gravedad de las heridas, la mujer fue remitida a la Clínica Reina Catalina. Allí, según la denuncia, la epicrisis dejó constancia de un caso de violencia intrafamiliar, pero tampoco se dio aviso a la Policia ni a la Fiscalía. Este doble silencio institucional impidió una reacción temprana en un hecho que debía catalogarse, desde el inicio, como un riesgo extremo.
Un recorrido confuso y sin decisiones claras.
La Comisaría de Familia de Baranoa solo conoció el caso un día después, gracias a la denuncia de un tercero. Sin embargo, lejos de encontrar una atención articulada, los denunciantes terminaron pasando por varias entidades sin obtener respuestas concretas.
La llamada Policía Púrpura y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) intervinieron de manera parcialpero no lograron definir medidas que resguardaran a la familia.
Retorno simbólico’ de mujeres en Buenaventura, Valle del Cauca. Foto:EL TIEMPO
La diputada señala que una de las hijas fue trasladada con familiares maternos, mientras que la otra permanece con el presunto agresor, lo que incrementa el riesgo para la menor. “Ninguna entidad está asumiendo la protección integral de la familia de la víctima. Hay una falta de empatía institucional que se traduce en escenarios de violencia”, advirtió Moreno.
Tres días sin fiscal y un riesgo que persiste
Uno de los puntos más cuestionados es la demora de tres días en la asignación de un fiscal para el caso. Sin esa designación no pudo emitirse una orden de captura ni avanzar en la imputación. Para la diputada, esta tardanza agrava la vulnerabilidad de Lisseth y deja un mensaje de desprotección a las mujeres que denuncian.
Moreno insiste en que el proceso debe tipificarse como tentativa de feminicidio y ser priorizado por la Fiscalía Seccional Atlántico, especialmente ante la proximidad del proceso judicial. También advierte sobre la falta de acompañamiento del Icbf a las niñas, quienes no han recibido atención psicológica ni seguimiento médico.
“El restablecimiento de derechos de estos menores no se está cumpliendo. Es urgente que las instituciones actúen con la diligencia que exige un caso como este”, puntualizó.
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