Bogotá, D.C., 12 de diciembre de 2025. La ambiciosa meta de la Reforma Rural Integral, pilar fundamental del actual gobierno, se encuentra bajo escrutinio tras la reciente revelación de un convenio de cooperación internacional entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD). El acuerdo, por un valor de 3.349.672.286 pesos colombianos, busca fortalecer los cruciales Comités Municipales y Departamentales de Reforma Agraria, pero ha sido aprobado sin un proceso competitivo de ofertas y con una justificación de precios que carece de un estudio de mercado detallado, lo que genera serias inquietudes sobre la transparencia y la eficiencia en la inversión de recursos públicos.

El expediente ANT-202511154, al que este medio tuvo acceso, detalla la justificación para la asignación de este millonario contrato. Con un Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) emitido el 6 de octubre de 2025, el convenio se ampara bajo las excepciones del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.4.4.1 del Decreto 1082 de 2015. Estas normativas permiten que contratos financiados con recursos de entes gubernamentales extranjeros –en este caso, la contrapartida de FUPAD proviene de un “Cooperative Agreement” con el U.S. Department of State FEDERAL ASSISTANCE AWARD– se rijan por los reglamentos del organismo cooperante, eximiéndolos de los procesos de licitación pública que rigen la contratación estatal colombiana.

La Selección Directa: ¿Socio Estratégico o Falta de Concurrencia?

La justificación de la ANT, firmada por WHITER SMITH PARRADO RINCON, presenta a FUPAD como un “socio estratégico” idóneo para la tarea, resaltando su trayectoria de “más de 60 años en América Latina”, su “capital humano local” (un equipo base de más de 300 personas y hasta 4.000 vinculados en un año), “21 oficinas a nivel nacional y territorial” y “metodologías propias” como “Iniciativas con Balance Positivo®” y “Escuela CREA”. Sin embargo, la selección directa, por más legal que sea bajo la excepción invocada, plantea un interrogante fundamental: ¿se exploraron otras opciones igualmente capaces o más eficientes para el Estado? La falta de una convocatoria de ofertas impide saber si otros actores nacionales o internacionales hubieran podido ofrecer mejores condiciones o precios para el mismo servicio.

El Misterio del Precio y la Ausencia de Estudio de Mercado

Quizás la irregularidad más preocupante desde la óptica de la moralidad administrativa es la total ausencia de un análisis de precios de mercado en el expediente. Los documentos previos no desglosan los costos unitarios por las 129 asambleas municipales y departamentales que se pretenden realizar, ni el valor asignado a cada taller o actividad específica. Con 3.349.672.286 pesos en juego, la falta de una base comparativa para determinar la razonabilidad del precio deja una sombra sobre el principio de economía, esencial en la Ley 80 de 1993. ¿Cómo puede la ANT asegurar que está obteniendo el mejor valor por su dinero si no hay un estudio que valide los costos de los servicios de FUPAD? Esta omisión es una alerta roja para los órganos de control.

Plazo Apretado para Metas Amiciosas: ¿Planeación de Última Hora?

El objeto del convenio es ambicioso: fortalecer la capacidad operativa de la ANT para el apoyo a los Comités Municipales y Departamentales de Reforma Agraria, con una meta de 700 comités conformados para el cierre de 2025. Al 6 de octubre, ya se habían conformado 550, lo que implica que las restantes 129 asambleas, junto con los talleres y actividades de fortalecimiento, deben ejecutarse en un lapso de menos de tres meses. Un plazo tan corto para una operación tan compleja y de cobertura geográfica extensa (mencionando énfasis en 17 departamentos) sugiere una posible vulneración al principio de planeación. La urgencia por cumplir las metas anuales podría haber presionado la contratación, comprometiendo la calidad y la eficiencia de la ejecución. ¿Fue una falta de previsión o una decisión deliberada para justificar la vía excepcional?

La justificación del convenio recalca la complejidad técnica y jurídica de los expedientes prediales y la necesidad de optimizar tiempos, precisamente lo que una planeación anticipada debería haber mitigado. La “capacidad instalada y experiencia” de FUPAD se vuelve crucial en este escenario, pero también eleva el costo de una gestión que la ANT parece no poder asumir con sus propios recursos en el tiempo requerido.

Un Compromiso Millonario con Riesgo al Erario

La consecuencia directa de estas irregularidades podría ser un significativo sobrecosto para el erario público. La falta de competencia y de un análisis de mercado riguroso impide garantizar que los 3.349.672.286 pesos se invertirán de la manera más eficiente. Si bien el objetivo de fortalecer la participación campesina y avanzar en la reforma agraria es innegable y constitucionalmente mandado, el cómo se administran estos recursos es igualmente vital para la confianza ciudadana y la legitimidad de las instituciones.

Este medio de investigación considera que la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación deben abrir una investigación de oficio sobre el expediente ANT-202511154. Es imperativo que se audite la justificación de la selección directa, la valoración económica de los servicios de FUPAD y la planeación detrás de un convenio de esta magnitud, que, aunque aparentemente legal en su modalidad, suscita serias dudas sobre la transparencia y el buen uso de los recursos de todos los colombianos en una de las políticas públicas más sensibles y esperadas del país.