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Seis hombres que ocultan sus rostros con capuchas están al interior de una estación de TransMilenio. Tienen objetos contundentes y una bomba molotov. En cámara de seguridad se observa cómo destruyeron el lugar. Todo ocurrió en 2024.
Ese año, según la Fiscalía, los mismos hombres atacaron con explosivos a una patrulla de la Policia Nacional y golpeóon a un uniformado; quemaron una motocicleta de una empresa de seguridad al interior de la Universidad Nacional y habrían incinerado un autobús del Sitp.
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En total son 11 personas las implicadas en todas esas acciones terroristas que se dieron entre 2024 y 2025 y que la Policía pudo documentar. La Fiscalía los identificó como ‘los Nadie’ y ‘los Arruera’pero la Policía como el movimiento radical Brigada Clandestina para el Pueblo y por el Pueblo (‘PPP’); Sin embargo, ambos organismos de seguridad hablan de los mismos sospechosos.
Actualmente, todos están privados de la libertad y respondiendo por los delitos, de acuerdo con su posible participación individual, de concierto para delinquir; terrorismo; incendio; Empleo o lanzamiento de sustancias y objetos peligrosos.; daño en bien ajeno; perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial; lanzamiento de sustancias y objetos peligrosos; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, todas las conductas agravadas.
Este fue el comunicado de la Comisión firmado por su mayoría por congresistas del Pacto Histórico. Foto:archivo particular
A pesar de que las acusaciones y las pruebas en contra de los procesados fueron avaladas por una jueza de la República, recientemente, en una carta firmada por más de 30 senadoresse habría emitido un pronunciamiento para interceder con el fin de que se les respete el debido proceso a estos 11 capturados y les garanticen el derecho a defenderse en libertad.
El documento está firmado por el senador y precandidato presidencial Iván Cepeda; los senadores Robert Daza, Aida Quilcué, Clara López, Ariel Ávila, Imelda Daza, Isabel Zuleta, Jahel Quiroga, Julián Gallo, Sandra Ramírez y Wilson Arias; y los representantes Alirio Uribe y Alfredo Mondragón, entre otros.
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Además de la carta polémica, se conoció un comunicado de la Comisión Accidental de Seguimiento y Verificación a Garantías y Situación de Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad en el marco de la protesta social del Congreso de la República. En el texto se piden garantías para los capturados.
“(…) manifiesta su preocupación por la criminalización de la juventud, siendo inaceptable que se repitan prácticas de inflación punitiva y el uso de agentes encubiertos cuya finalidad no busque evitar la comisión de los delitos. La Comisión ha podido constatar, acorde al contenido de la imputación, que se distorsionan los hechos, desconociendo las directivas de la fiscal general de la Nación. Solicitamos garantías y respeto por el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a defenderse en libertad”, dice el comunicado, que se completa con el nombre y el número de cédula de cada uno de los 11 capturados.
Denuncian que congresistas del Pacto Histórico estarían intercediendo para que liberen a capturados. Foto:archivo particular
La misma carta asegura que la Comisión ha evidenciado que “estos jóvenes han sido parte de diversas expresiones populares, víctimas de hostigamientos, señalamientos y persecución, que frecuentan los escenarios de participación de la Comisión, donde han evidenciado una posición crítica y una articulación en el marco del derecho a la organización, en consonancia con el artículo 37 de la Constitución colombiana”.
Si bien desde la Comisión señalan una presunta persecución y en la carta firmada por los senadores se exigiría una presunta liberación de los procesados, para la Fiscalía y la Policía las acusaciones hacia los encapuchados estarían respaldadas por 12 acciones “terroristas”que pusieron en peligro la vida de la comunidad universitaria y hasta la de los usuarios del sistema de transporte.
Una vez se conocieron estos documentos, el alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que quienes lo firmaron no tendrían conocimiento del proceso detrás de la investigación.
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“Es una investigación de más de dos años, metódica, rigurosa y juiciosa, que llevó a que dos jueces de la república revisaran ese caso en primera instancia. Se ordenaron las capturas, luego se legalizaron, se ordenó la imputación y se determinaron la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por cuenta de la solidez que tiene ese proceso”, dijo el mandatario distrital.
Galán agregó que no va a permitir que quienes actúen con violencia, con terrorismo, poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos que se movilizan en el transporte público o en cualquier vía de Bogotá, queden en la impunidad. “Eso no tiene absolutamente nada que ver con protesta, eso no es manifestación, eso es terrorismo.es concierto para delinquir y esta es la primera fase de una operación más larga que va a llevar a identificar a los responsables de todos esos hechos”, agregó.
Frente a este tema, Diego Torres, profesor de la Universidad Nacionalseñaló que la captura de esas 11 personas que no pertenecían al plantel educativo demuestra algo en lo que han insistido por varios años y es que “los estudiantes de la Universidad Nacional no forman parte de esas protestas violentas”.
Encapuchados de la Universidad Nacional capturados. Foto:Policia Metropolitana de Bogota
Pero, además, agrega el docente, dicha carta llama la atención porque quienes la firmaron no solamente estarían defendiendo a los encapuchados, sino pidiendo que salgan de la cárcel.
“¿Y por qué no salen (los congresistas) un defensor a los 56.000 alumnos de la Universidad Nacional? ¿O a los más de 3.000 docentes que tienen doctorado, relaciones con las mejores instituciones del mundo? O sea, ¿por qué salen a defensor lo indefendible con un trabajo que ha hecho la Policía bien hecho?”, dijo Torres.
Para el docente y algunos estudiantes, dicha carta es muestra de un amedrentamiento contra la comunidad académica.
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“La administración del profesor Leopoldo Munera, que fue desastrosa y que fue totalmente ilegal, permitió que dicho amedrentamiento existiera. Es más, cuando hubo la toma (con machetes) del edificio administrativo Uriel Gutiérrez, el mismo Leopoldo Munera se Reuniones con estas personas (los encapuchados) en el edificio administrativo, y el viceministro de Educación Superior, ricardo morenotambién lo hizo”, denunció el profesor Diego, quien aprovechó para exigirles a estos funcionarios que le expliquen al país ya los estudiantes si tenían conocimiento de que esos encapuchados no eran estudiantes universitarios y por qué negociaban con ellos.
Panfletos, un arma traumática y pólvora
La investigación que desarrollaron las autoridades se remonta a principios de 2024, cuando se vivieron los primeros focos de inseguridad en los alrededores de la Universidad Nacional, donde encapuchados usaban artefactos incendiarios para generar pánico. El caso más reciente fue el pasado. 11 de septiembre, cuando ocurrió una explosión que se registró en el edificio de Sociología de la Universidad Nacional.donde un hombre quedó herido y perdió tres dedos de su mano izquierda.
Durante los allanamientos fueron incautados explosivos, prendas y dispositivos electrónicos. Foto:Policia Metropolitana de Bogota
“Se ha logrado establecer la existencia de este grupo de delincuencia organizado. A través de diferentes actos investigativos (…) se evidencia que tienen como propósito generar actos violentos que ponen en peligro la vida y la integridad de las personas y medios de transporte”, indicó la jueza durante la audiencia de judicialización de los procesados.
Dicha investigación de las autoridades permitió establecer que Sneider Sebastián Cantor Cortésalias Salvatore, y Juan Sebastián Manios Lozanoalias Tolima, eran los coordinadores y encargados de la fabricación de elementos incendiarios para los enfrentamientos. A su vez, se encargaban de definir los diferentes roles que deberían desempeñar los otros designados terroristas para transportar, lanzar o activar los artefactos contra la fuerza pública, espacios masivos, el sistema de transporte o la infraestructura de la ciudad.
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Los otros detenidos fueron identificados como: Omar Millet Araya Romero, alias No Educado; Silva María Pinzón Camargo, alias Chimol; Daniel Felipe Pulido Sarmiento, alias Chinche San; Cristhian Camilo Medina Rojas, alias Topo; Carlos Raúl Torres Laguna, alias Pri; Camilo Andrés Portilla Castañeda, alias Copete; Brian Stiven Valderrama Cubides, alias Garu (el hombre que quedó herido por manipular explosivos en la Nacional); Lennet Steven Mestra Montes, alias 83; y Joan Sebastián Castellanos Díaz, alias Slow.
Para poder dar con su captura, las autoridades habrían desplegado acciones de interceptación y seguimiento con las que pudieron determinar que su modo de delinquir consistía en ingresar con falsos carnes para hacerse pasar por estudiantes de diferentes universidades públicas, donde sostenían reuniones y ubicaban puntos estratégicos para cambiarse de ropa y usar overoles, máscaras y capuchas.
Los capturados tenían prendas de uso privativo. Foto:Policia Metropolitana de Bogota
“De igual manera, se comunicaban por mensajería instantánea, como WhatsApp, Instagram, Facebookentre otros, para convocar a los integrantes y así generar estos actos violentos”, inició la Policía.
En los allanamientos para adelantar la captura de estos 11 encapuchados, la Policía judicial identificó panfletos e incautó un arma de fuego traumática con dos proveedores28 cartuchos, prendas de vestir, pólvora, un hacha y banderas con distintos símbolos.
“Hago un llamado atención de muy fuerte al Gobierno Nacional y también a la desafortunada administración actual de la Universidad Nacional, que fue impuesta de manera irregular por el mismo. Gobierno Nacional: la historia los está mirando y la historia es muy fuerte en la academia, porque la academia nunca olvida. No signifiquen violentando la autonomía universitaria y no signifiquen politizando la universidad. La universidad se hizo para formar a las mentes más brillantes, no para proyectos políticos”, concluyó el profesor Diego Torres.
MIGUEL CASTELLANOS
EN X: @LOQUEOLVIDO
EL TIEMPO
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