[ad_1]
La crisis que sacudió a la Universidad del Atlántico escaló al plano judicial. El abogado Iván Cancino, defensor del rector suspendido Leyton Barrios, confirmó que este martes se radicó una acción de tutela ante el Juzgado Primero Administrativo de Barranquilla para dejar sin efecto la resolución del Ministerio de Educación que lo apartó del cargo y ordenó designar un reemplazo. El recurso busca proteger derechos fundamentales como la autonomía universitaria, el debido proceso y la dignidad, que, según la defensa, fueron vulnerados con la medida.
LEA TAMBIÉN
Cancino calificó la decisión ministerial como “desproporcionada” y anticipó que, además de la tutela, se estudian acciones contencioso-administrativas y posibles denuncias penales contra quienes elaboraron el informe que sustentó la intervención. “El problema no es el ministro como tal, sino la información que recibió de quien estaba haciendo la vigilancia”, afirmó el jurista, dejando entrever que la estrategia apunta a cuestionar la legalidad del procedimiento que derivó en la suspensión.
Aspecto general de la Ciudadela Universitaria de la Uniatlántico en el municipio de Puerto Colombia. Foto:Gobernación del Atlántico
El objetivo inmediato es suspender los efectos de la resolución ministerial mientras se resuelve el fondo del litigio. Si el juez concede medidas provisionales, Barrios podría retomar temporalmente la rectoría y destrabar la parálisis administrativa que afecta a la institución. Si no, la universidad seguirá dependiendo de la designación de un rector encargado para recuperar la gobernabilidad.
La defensa también anunció que en enero presentará nuevos recursos si la situación no se resuelve, lo que anticipa un pulso jurídico prolongado que podría extender la crisis más allá del cierre del año. En paralelo, se evalúa una demanda contencioso-administrativa contra el funcionario que elaboró el informe de inspección, bajo el argumento de que pudo haber incurrido en irregularidades, e incluso se estudian. acciones penales si se comprueba responsabilidad en la información que motivó la suspensión.
Un limbo que golpea a los graduados y la imagen institucional.
Mientras se define el futuro del rector, la universidad permanece en un limbo jurídico y administrativo que amenaza con frustrar las ceremonias de grado previstas para el 19 de diciembre. Según información corroborada por esta casa periodística, la logística estaba lista: diplomas impresos y firmados por Barrios, togas medidas y convocatorias enviadas a los estudiantes. Incluso se había contemplado alquilar un espacio externo para cumplir con el acto, dado que el campus sigue tomado por protestas estudiantiles.
Pero la suspensión y la falta de un reemplazo designado dejaron todo en pausa. Sin un acto administrativo que nombre a un encargado, el Consejo Superior Universitario (CSU) no puede sesionar para destrabar la crisis. “El interés central es restablecer la normalidad académica y administrativa.. La universidad no puede seguir paralizada”, advirtió el gobernador Eduardo Verano, presidente del CSU.
La suspensión de Barrios se produjo tras cuestionamientos sobre su gestión y el proceso de elección. Foto:redes sociales
La indefinición golpea a cientos de jóvenes que ya habían organizado celebraciones familiares y asumido gastos para la fecha soñada. “Nos notificaron, nos midieron las togas, todo estaba listo. Ahora no sabemos si nos vamos a graduar”, relató un estudiante. Otros casos revelan impactos laborales: “En la empresa les dije que me graduaba el 19 y me estaban esperando para cuidarme el puesto, pero sin título, ¿cómo? Esa oportunidad ya la perdi”, continuó otro joven.
El tiempo juega en contra. El personal administrativo saldrá a vacaciones el 22 de diciembre, lo que obliga a reprogramar todo en tiempo récord si se quiere cumplir antes de finalizar el año. De lo contrario, los grados se aplazarían hasta 2026, prolongando la incertidumbre en una institución que completa casi dos meses sin clases regulares.
Una crisis que se prolonga y un pulso político
La suspensión de Barrios se produjo tras cuestionamientos sobre su gestión y presuntas irregularidades en el proceso de elecciónaunque en instancias anteriores los jueces habían desestimado tutelas contra su nombramiento.
Este limbo administrativo amenaza con frustrar los grados, previstos para el 19 de diciembre. Foto:Cortesía Uniatlántica
Ahora, la defensa busca revertir la decisión ministerial con una tutela que podría definir el rumbo inmediato de la universidad. El caso también pone sobre la mesa el debate sobre la autonomía universitaria y la intervención estatal en medio de conflictos internos.
LEA TAMBIÉN
Por ahora, todo depende de dos factores: la respuesta judicial a la tutela y la celeridad del Ministerio para expedir el acto administrativo que permita al CSU sesionar. Si no ocurre en las próximas horas, la Universidad del Atlántico cerrará el año con una crisis que golpea su imagenafecta la normalidad académica y deja en suspenso el sueño de cientos de graduandos.
También te podría interesar:
Cómo lidiar con las emociones en épocas decembrinas. Foto:
[ad_2]
