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En la semana más decisiva para la Universidad del Atlántico, el Ministerio de Educación Nacional designó una Rafael Ángel Castillo Pacheco como rector y representante legal, mediante la Resolución 024488 del 17 de diciembre de 2025, con el encargo explícito de recuperar la gobernabilidad y asegurar la continuidad del servicio educativo bajo el régimen de vigilancia especial decretado en noviembre. La cartera afirma que el designado cumple con los requisitos estatutarios y que la medida es temporal y evaluable, susceptible de ser ajustada o terminada según la evolución de la crisis.
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La decisión del Ministerio se produce tras una aclaración procesal divulgada el 17 de diciembre, donde la cartera dejó sin efecto una notificación electrónica mediante la cual buscó reemplazar al entonces rector Leyton Barriosadmitiendo que no contaba con autorización para la notificación por medios electrónicos y citándolo a notificación personal. Ese episodio mantuvo a Barrios en funciones por horas, mientras avanzaba su tutela y la discusión sobre la ejecutoria de la suspensión. Sin embargo, un día después, el Ministerio designó a Castillo Pacheco.
Leyton Barrios Torres, quien había sido elegido como rector por el Consejo Superior Universitario. Foto:redes sociales
Mientras se consolidaba la noticia del nombramiento, un certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación reveló un dato que puede tener consecuencias jurídicas: Castillo registra una sanción de suspensión por cuatro mesesratificada en segunda instancia por la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento el 21 de febrero de 2025, con efectos jurídicos desde el 11 de marzo de 2025.
Expertos consultados por este medio sostienen que una sanción disciplinaria vigente pudiese constituir una inhabilidad para acceder a cargos públicos durante su términolo que abre interrogantes sobre la idoneidad legal del nombramiento y el procedimiento de verificación de requisitos que el Ministerio afirma haber realizado.
A este panorama se suma un antecedente histórico de mayor calado. En 2023, la Procuraduría sancionó a Castillo con destitución e inhabilidad por 10 años por extralimitarse en el uso de sus funciones. El caso está relacionado con la concesión de una comisión remunerada a un docente para asistir a clases de doctorado en Argentina, hecho que refuerza la dimensión de las polémicas alrededor de su nombre y que ahora exigirá explicaciones claras sobre la vigencia, alcance y compatibilidad de las sanciones en el marco de su designación como rector encargado.
¿Quién es y por qué estaba en el sonajero?
Castillo Pacheco es economista de la Universidad del Atlántico con formación de posgrado en Gerencia, Gobierno y Asuntos Públicos y Magíster en Gobierno y Políticas Públicas (Universidad Externado de Colombia en alianza con Columbia University, Nueva York), además de estudios en proyectos en la Universidad de Pittsburgh.
En su trayectoria interna, ha sido docente, representante ante el Consejo Superior Universitario (CSU) y vicerrector administrativo y financiero; en el sector público y privado, ha pasado por cargos directivos en tránsito, caja de compensación, programa nacional contra el secuestro y Secretaría de Educación Departamentalsegún información del mismo en la página de la universidad.
Castillo Pacheco es economista y docente de la Universidad del Atlántico. Foto:redes sociales
¿Por qué estaba en el sonajero? Por un lado, porque el Ministerio necesitaba una figura con experiencia administrativa y conocimiento del estatuto para ejecutar medidas de inspección y vigilancia; por otro, porque su nombre ya había estado vinculado a la rectoría en administraciones anterioreslo que lo hacía conocido en los circuitos académicos y políticos del Caribe, aun en medio de controversias.
También es cierto que el nombramiento llega con el reloj encima: las ceremonias de grado del 19 de diciembre se encontraron bajo incertidumbre por la toma estudiantil, la parálisis administrativa y la discusión sobre la validez de firmas y actos ejecutivos. La universidad había publicado pautas para dicha fecha, pero la semana estuvo marcada por malestar de graduados y dudas sobre el lugar, la logística y la continuidad de la autoridad. Con Castillo en el cargo —si su posesión supera el filtro legal—, el Ministerio pretende garantizar la continuidad del servicio educativo y destrabar los actos académicos urgentes.
No obstante, el reto excede los grados: la vigilancia especial de noviembre 14 obliga a la administración universitaria a entregar soportessometer decisiones a supervisión in situ y corregir irregularidades en el proceso rectoral y la gestión institucional. El Ministerio ha insistido en que la medida es una intervencion tecnicacon facultad para adoptar otras decisiones si persisten los riesgos para la calidad, la legalidad y los derechos de la comunidad académica. La Resolución 024488 deja constancia de ese margen y la designación puede terminarse o ajustarse según los resultados.
En el frente político-institucional, el gobernador del Atlántico Eduardo Veranotambién presidente y miembro del CSU, expresó ayer por la tarde su respaldo al nombramiento y subrayó que la universidad “no podía seguir paralizada”lectura que coincide con la narrativa de la cartera acerca de recuperar la gobernabilidad cuanto antes y blindar la continuidad académica mientras dura la intervención.
Defensa de Leyton Barrios anunció más acciones legales
Aún cuando el Ministerio sostiene que verificó requisitos y calidades conforme al Estatuto General, la advertencia de inhabilidad por sanción vigente tensiona el encargo desde el primer día. La defensa de Leyton Barrios Torres, quien había sido elegido por el Consejo Superior Universitario, anunció que interpondrá acciones legales al considerar que se han vulnerado muchas garantías del debido proceso.
El abogado Iván Cancino, apoderado de Barrios, ha sostenido que su cliente es víctima de una “persecución sistemática” por parte del Ministerio de Educación. Según explicó, la elección de Barrios se realizó conforme a la normatividad vigente y cualquier decisión que desconozca ese acto debe ser definida por las autoridades competentes, no por medidas administrativas que, a su juicio, carecen de sustento legal.
Aspecto general de la Ciudadela Universitaria de la Uniatlántico en el municipio de Puerto Colombia. Foto:Gobernación del Atlántico
Cancino advirtió que la designación de Castillo podría constituir una tumba de irregularidadal señalar que el nuevo rector tendría una sanción disciplinaria vigente reportada por la Procuraduría General de la Nación. “Esto es gravísimo, porque dicha sanciónsegún la información que conocemos, aparece vigente y registrada ante el Ministerio de Educación Nacional”, afirmó.
El jurista también cuestionó la actuación del ministro de educaciónDaniel Rojas, al considerar que podría configurarse una falta disciplinaria e incluso una infracción penal. “Creemos que el señor ministro, mal informado, desconoció el marco legal. información errónea buscaban torpedear los procesos institucionales de la Universidad del Atlántico, promover la salida de un rector legítimamente elegido y nombrar a uno espurio, sin que se conozcan claramente los fines de esa decisión”, agregó.
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En cualquiera de los escenarios, el caso de la universidad del atlantico Seguirá siendo el termómetro nacional de cómo una intervención técnica puede —o no— reconducir una crisis compleja donde se entrecruzan estatutos, disciplinas, tutelas y protestas. El desenlace parece estar lejos del verso.
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