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En el Magdalenael mensaje fue claro: los máximos jefes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) no pueden ser tocados por la fuerza pública. No por falta de pruebas, ni por ausencia de operativos, sino porque el propio Estado decidió suspender sus capturas en nombre de un proceso de paz que, a meses del fin del gobierno del presidente Gustavo Petrono muestra avances verificables.
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La escena ocurrió el martes 23 de diciembre en zona rural de Santa Marta y duró apenas cuatro horas. El tiempo suficiente para pasar de lo que sería el golpe más importante del año contra esta estructura armada, a un episodio de frustración institucional que dejó en evidencia la fragilidad del modelo de negociación aplicado en la Sierra Nevada.
El operativo que se cayó
Unidades especializadas de la Policía Nacional de Colombia interceptaron una camioneta en la Troncal del Caribe, a la altura del corregimiento de Guachaca, zona rural de Santa Marta. En el vehículo se movilizaba José Luis Pérez Villanuevaalias Cholo, identificado por las autoridades como el actual líder máximo de las ACSN y jefe de una estructura criminal con más de mil hombres bajo su mando.
Los defensores de derechos humanos hacen un llamado por avances verificables en el proceso de paz. Foto:cortesia
El procedimiento fue silencioso. sin disparos ni resistencia. Alias Cholo fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad a una base de Antinarcóticos en Santa Marta, donde se activaron los protocolos judiciales. Para los organismos de inteligencia, se trataba de un golpe estratégico contra el control territorial y las economías ilegales que este grupo ejerce en la Sierra Nevada y municipios aledaños. Pero el golpe nunca se consolidó.
La resolución que ordenó soltarlo
Durante la verificación jurídica, las autoridades se encontraron con un obstáculo definitivo: la Resolución 0-0337 A del 20 de noviembre de 2025, mediante la cual la Fiscalía General de la Nación prorrogó la suspensión de las órdenes de captura contra Pérez Villanueva.
La medida se mantiene vigente por su condición de vocero del espacio de conversaciones sociojurídicas entre las ACSN y el Gobierno Nacional. Pese a los procesos que cursan en su contra por homicidio, extorsión, sicariato y control criminal, La Policía no tuvo otra alternativa que dejarlo en libertad.
“Fue una verificación jurídica clara. Existen decisiones del Estado en el marco de la paz que deben respetarse”, afirmó Cristian Morelli, abogado defensor de alias Cholo.
La liberación generó un profundo malestar entre los organismos de seguridad, que reconocieron que el procedimiento se ajustó a la ley, pero dejó un impacto operativo y simbólico devastador.
Voceros blindados
Alias Cholo no es una excepción. La suspensión de órdenes de captura cobija a otros cabecillas como Freddy Castillo Carrillo (Pinocho), Loryin Emilio Pertuz Ballestas (Sebastián o york), Orlando Pérez Ortega (pataliso), Jhon Rafael Salazar Salcedo y Daniel Bravo Arias.
Este grupo armado permanece con más de mil hombres fuertemente armados. Foto:cortesia
En la lista también aparece Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor o el Narco Influencer, uno de los líderes más visibles de la estructura, por quien la Policía llegó a ofrecer una recompensa de hasta 100 millones de pesos y que figura entre los más buscados en La Guajira.
Todos fueron reconocidos oficialmente como voceros del proceso, con el objetivo —según los documentos— de verificar su voluntad de transitar hacia el Estado de derecho y construir paz en los territorios. Sin embargo, en el terreno, la violencia no se ha detenido.
“La impunidad volvió a funcionar”
La defensora de los derechos humanos. Norma Vera Salazar ha sido una de las voces más críticas frente a este escenario. Para ella, la suspensión de capturas sin resultados concretos ha permitido que los cabecillas sigan operando con total impunidad.
“No hay avances reales en las conversaciones, mientras estos jefes continúan ordenando extorsiones y asesinatos. Es urgente que el Gobierno defina qué va a pasarporque la ciudadanía sigue pagando el costo”, afirmó.
Las cifras reafirman la denuncia: desde el anuncio del “cese unilateral de operaciones” de las ACSN, el 13 de junio, los homicidios por sicariato en Santa Marta siguen desatados, sin que exista un mecanismo independiente de verificación que garantiza cumplimiento y transparencia.
El reclamo desde Santa Marta
La Alta Consejera para la Paz y el Posconflicto del Distrito, Jennifer del Toro, advirtió que el tiempo se agota y que el proceso no puede seguir en un limbo jurídico.
“La Alcaldía Distrital ha respaldado la política de paz confiando en la promesa de lograr el sometimiento de estas organizaciones y la transformación social del territorio. Pero hoy, con preocupación, vemos que ninguna de las dos se ha cumplido.”, señaló.
En la Sierra Nevada, varios miembros de las ACSN mantienen suspendidas sus órdenes de captura. Foto:cortesia
Del Toro insistió en tres claves que, según la administración distrital, no han sido atendidos por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz: fortalecer la capacidad de la fuerza pública y la Fiscalía, crear un mecanismo independiente de monitoreo y ejecutar inversiones sociales integrales para atacar las causas estructurales de la violencia.
El propio presidente Gustavo Petro ha anunciado que Santa Marta enfrenta un incidente subversivo. Desde el territorio, la lectura es aún más cruda: la ciudad y el norte del Magdalena siguen atrapados en una disputa entre grupos armados, mientras sus máximos jefes permanecen jurídicamente intocables.
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Alias Cholo terminó convertido en el símbolo de esa contradicción: un hombre que para el proceso de paz es un gestor protegido, para las autoridades un objetivo prioritario, y para la ciudadanía la prueba de que el golpe más fuerte del año se cayó en apenas cuatro horas.
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