En la noche, queriendo ser una extraña en su propia tierra, Judith Carvajal salió en silencio de su casa en Barrancabermeja, en el departamento de Santander, junto a sus hijas. Llevaba únicamente la ropa que tenía puesta y el miedo a cuestas. Hace 20 años, el conflicto armado la desplazó, le arrebató a su esposo ya tres de sus hermanos y la obligó a emigrar a Bogotá sin conocer a un alma.
Una historia similar es la de Jesús Alberto León, líder social del municipio de Sardinata en Norte de Santander. Una amenaza contra su madre, ocurrida el 18 de octubre de 2025, fue la única forma en que los grupos armados ilegales lograron que abandonara su territorio. Sin dinero, emprendió el camino hacia Bogotá a pie, pidiendo aventón en la carretera hasta lograr llegar a la capital.
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Durante décadas, desde distintos espacios de poder y también desde la opinión pública, se sostuvo que el conflicto armado no se vivía en la capital colombiana. Sin embargo, desde la Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación señalan que Bogotá no solo fue receptora de víctimas, sino que también vivió violencias y procesos de resistencia que marcaron su historia.
“El conflicto armado sí ha ocurrido en la ciudad, pero con otras dimensiones y otro tipo de dinámicas. Se dieron hechos como desapariciones, tortura, violencia sexual, desplazamiento forzado, asesinatos selectivos en este contexto”, señaló Isabelita Mercado, Alta Consejera para las Víctimas, Paz y Reconciliación.
Según datos recopilados por la Consejería, en una investigación realizada a través del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, en la que se ha trabajado durante dos años y que se espera entregar a la ciudad en diciembre de 2026, con corte al 1.º de noviembre de 2025, en Bogotá hay 379.343 víctimas del conflicto armado.
Del total de víctimas registradas, el 91 por ciento, es decir 345.312 personas, corresponden a hechos de desplazamiento forzado. En la mayoría de los casos, la migración ocurrió fuera de Bogotá: para 340.393 personas, los hechos se registraron en otros municipios del país. Además, quienes fueron desplazados dentro de la capital corresponden principalmente a situaciones asociadas a milicias urbanas de grupos armados.
Desplazamientos en el Sur de Bolívar. Foto:redes sociales
De acuerdo con Mercado, al revisar la historia de las primeras desapariciones forzadas y de los orígenes de las organizaciones que hoy defienden los derechos humanos y las reclamaciones de las víctimas, Bogotá aparece como un escenario clave.
Un ejemplo de ello ocurrió en 1982, cuando la capital fue escenario de la detención, tortura y desaparición de 13 jóvenes, en su mayoría estudiantes universitarios, por parte de fuerzas policiales. Este hecho, resaltado por la entidad, dio origen a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES), una de las organizaciones más antiguas en el país en la lucha contra la desaparición forzada.
La consejera también señaló que el conflicto armado en Bogotá se expresó en una persecución sistemática contra jueces y magistrados, especialmente durante la década de los 80 y comienzos de los 90. De acuerdo con la funcionaria, en ese período, no solo figuras reconocidas de la justicia, sino también jueces que ejercían en la ciudad, perdieron la vida en medio de disputas relacionadas con el narcotráfico, la extradición y otros factores asociados al conflicto.
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Frente a este panorama, las resistencias frente a la violencia se convirtieron en una de las consecuencias del conflicto armado en la ciudad. Para la consejera, este es uno de los hallazgos más significativos de la investigación en la que trabajan, pues permite mostrar que Bogotá no solo fue escenario de hechos violentos en el marco del conflicto armado, sino que, de manera central, ha sido un espacio donde se crearon resistencias y luchas orientadas a la construcción de paz.
En ese contexto, durante los primeros años no existió una definición legal de víctima ni un reconocimiento formal de derechos asociados. Al mismo tiempo, comenzaron a darse cuenta de procesos como la conformación de barrios autoconstruidos, las invasiones, la entrega informal de tierras y los primeros antecedentes de dinámicas como las de los llamados “tierreros”.
Este crecimiento acelerado de la ciudad estuvo directamente relacionado con la llegada de víctimas del conflicto armado, que buscaban seguridad y oportunidades. “Se trata de una lógica que, con distintas expresiones, continúa vigente en la actualidad”, señaló Mercado.
Mujeres Buscadoras de Bogotá Foto:Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación.
Presencia en las localidades
De acuerdo con el Registro Único de Víctimas (RUV), las localidades con mayor número de personas afectadas por el conflicto armado en Bogotá son Bosa, con 41.398; Ciudad Bolívar, con 38.643; Kennedy, con 38.389; y Suba, con 35.107. A estos les siguen Engativá, con 21.568, y Usme, con 20.427.
Otras localidades que registran un alto número son Rafael Uribe Uribe (14.081), San Cristóbal (12.881) y Usaquén (9.454). En zonas del centro y occidente de la ciudad se reportan Santa Fe (8.493), Fontibón (8.092) y Puente Aranda (7.436).
Por su parte, Tunjuelito registra 6.749 víctimas, mientras que Los Mártires (5.480), Chapinero (5.363), Barrios Unidos (4.845) y Teusaquillo (4.576) presentan cifras menores. Finalmente, las localidades con menos víctimas registradas son Antonio Nariño (2.810), La Candelaria (1.655) y Sumapaz (177).
Desaparecidos Colombia. Foto:Archivo Particular
En el caso de Sumapaz, además, su ubicación estratégica hizo que allí se registrara la presencia y actuación de distintos grupos armados ilegales como el M-19, el EPL, el ELN y las extintas Farc. A esto se sumó la intervención de estructuras estatales como el B2, el F2 y la Brigada 20, así como la relación con células paramilitares, entre ellas el Bloque Capital, y vínculos con actores del narcotráfico.
“Las víctimas escogen esas localidades por la relación que existe con los precios. Para una persona que llega a una ciudad prácticamente con lo que trae en su espalda, los costos de Bogotá son altos”, explicó Mercado. Aunque la capital ofrece, en muchos casos, la posibilidad de vivir sin amenazas, las experiencias de las víctimas no son sencillas.
El trauma, el alto costo de vida y las limitadas oportunidades laborales suelen convertirse en nuevos obstáculos. En el caso de Jesús, ha recibido atención por parte de la Consejería, con acompañamiento en vivienda, seguridad y apoyo psicológico. Tras salir de su territorio, llegó a contemplar quitarse la vida. Sin embargo, con este respaldo, hoy tiene como meta trabajar y, posteriormente, alistarse en el Ejército en Ucrania para poder proveer a su familia y algún día volver a su hogar.
TATIANA MORENO QUINTERO
REDACCIÓN BOGOTÁ
