Colombia
Habría intentado hacerlo por un suicidio.

Entre la noche del 9 y la madrugada del 10 de abril de 2024, en el sector de Villa Campestre (Puerto Colombia, Atlántico), Valentina Cepeda fue hallada dentro de su apartamento con una sábana alrededor del cuello, en una habitación de la carrera 26 No. 3A.
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La versión inicial del entonces compañero sentimental (que la habría encontrado arrodillada y creyó que estaba “bromeando” antes de intentar reanimación) quedó rápidamente en entredicho por los signos físicos descritos en las primeras crónicas: Hematomas en el cuello compatibles con surco de presión.indicador que llevó a la indagación técnico–forense y desmontó, con el paso de las semanas, la hipótesis de suicidio.
Valentina tenía 22 años, era instructora de yoga y estudiaba Licenciatura en Educación Infantil. Foto:suministrada
La confirmación del fallecimiento se registró en la Clínica Portoazul Aunapero desde ese instante el caso pasó a manos del CTI de la Fiscalía, que empezó a reconstruir la escena con peritajes y testimonios. Valentina tenía 22 años, era instructora de yoga y estudiaba. Licenciatura en Educación Infantil en la Universidad del Atlántico; su familia, desde el primer día, rechazó la coartada y pidió investigación con rigor forense.
En los meses siguientes, amigos y allegados denunciaron dilataciones en el proceso y reclamaron que se tramitara como feminicidio y no como una muerte sin clasificar, mientras insistían en el antecedente de una discusión fuerte y presuntas agresiones previas. Aquellas protestas públicas, con plantones a las afueras de la URI de la Fiscalíapusieron el foco en la necesidad de especializar la investigación, cambiar de fiscal y evitar que el expediente quede archivado, un reclamo que luego sería reconocido por la dirigencia política local.
La captura en Santa Marta y el traslado a la URI
El domingo 4 de enero de 2026, Álvaro Felipe Rivera fue capturado en Santa Marta (Magdalena) por agentes del CTI y trasladado bajo estricta custodia a la URI de la Fiscalía en el centro de Barranquilla, para ser presentado ante un juez de control de garantías. La diligencia, confirmada por la Fiscalía y documentada por escalas locales y nacionales, concretó el esfuerzo de más de 20 meses de trabajo en campo: revisión minuciosa de la escena, entrevistas sucesivas y pruebas forenses que, según fuentes y relatos de los familiares, descartan la hipótesis de suicidio y sostienen la tipificación de feminicidio agravado.
El arribo a la URI estuvo acompañado por los padres de Valentina y allegados que, entre lágrimas y consignas, exigieron medida de aseguramiento y que el caso avanza sin nuevos tropiezos. Crónicas locales reseñaron el asiento respetuoso de la familia, el cerco del CTI y el tránsito inmediato a audiencias preliminares, donde la materialidad probatoria debe ser exhibida por la Fiscalía.
El arribo a la URI estuvo acompañado por los padres y allegados de Valentina. Foto:Tomado de 30dias.co
La narrativa inicial del hoy capturado —según la cual la joven se habría quitado la vida y él la encontró arrodillada con una sábana que usaba para ejercicios de yoga— se fue erosionando conforme los peritajes sumaron indicios de intervención de un tercero. Además del componente forense, el expediente recibió un impulso institucional tras un cambio de fiscal y la incorporación de equipos especializados que trasladaron la pesquisa hacia un feminicidio.
Esa corrección de rumbo, sumada a las presuntas agresiones previas y al relato de una discusión fuerte en días recientes al hecho, moldeó una hipótesis de retención y sometimiento incompatible con el argumento del “columpio de yoga”. La cronología reconstruida por los medios deja en claro que el tiempo jugó en contra de la verdad, pero también que el expediente encontró tracción técnica para sostener cargas graves.
21 meses de plantones
Para los padres de Valentina, los 21 meses que separan la noche de abril de 2024 de la captura en enero de 2026 fueron una travesía de dolor: plantones, entrevistas, solicitudes de reunión con autoridades y un deterioro físico que el padre ha asociado al impacto emocional del crimen.
El viacrucis también tuvo capítulos de frustración pública: en 2024, familiares y amigos denunciaron que el caso no avanzaba y que incluso las vacaciones de un despacho ralentizaron la indagación. Ese clima de desgaste fue el caldo de cultivo de la movilización ciudadana y del acompañamiento político que pidió sacar el caso de una zona gris. Un reclamo que hoy se ve plasmado en el boletín oficial que celebra la captura y pide que ésta sea el inicio de un proceso rápido, transparente y con respeto al debido proceso.
Imágenes de los plantones y protestas que exigían celeridad en el caso. Foto:suministrada
La diputada Alejandra Moreno Astwoodpresidenta de la Comisión Legal de la Mujer, acompañó el caso con plantones y reuniones con autoridades, y hoy sostiene que la captura “No quita el dolor ni la ausencia, pero trae justicia.”. Su postura condensa tres exigencias centrales: investigación especializada con profundidad psicológica y forense, celeridad en presuntos feminicidios para evitar fugas y dilataciones, y una condena acorde al marco penal —entre 30 y 50 años— en caso de que las audiencias falladas a favor de la tesis de feminicidio.Ningún agresor está por encima de la ley.”, remata el texto.
Álvaro Felipe Rivera, señalado como agresor. Foto:redes sociales
Con Rivera bajo custodia, el expediente ingresa a su tiempo judicial: las audiencias preliminares deben mostrar evidencia técnica (dictámenes de Medicina Legal, reconstrucción de la escena, análisis de lesiones y trayectorias), prueba material y testimonios clave. El objetivo es garantizar medida de aseguramiento y blindar el proceso de dilataciones o controversias que desdibujen la materialidad recogida.
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La memoria de Valentina Cepeda, joven, estudiante, instructora e hija, obliga a narrar con cuidado para no fallar a la misma, ya subrayar que el impacto social del caso no es un espectáculo, sino un compromiso de una ciudad con la protección de la mujer.
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