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Una impugnación de nulidad en contra del decreto que detuvo los desembolsos de las vigencias futuras del gobierno para el metro de Bogotá y otros proyectos de infraestructura del país, comenzó a tramitase en el Consejo de Estado.
En este juicio, el demandante, el concejal Juan Baena (Nuevo Liberalismo), sostuvo que el decreto 0069 de 2025 del Ministerio de Hacienda vulnera normas constitucionales y legales, así como el principio de planificación presupuestaria.
El decreto tiene, además, una motivación engañosa. Para nosotros, no expone las justificaciones objetivas y ciertas por las cuales se toman esas decisiones. El respaldo no es técnico, sino político.
Juan BaenaConcejal de Bogotá
“El decreto tiene, además, una motivación engañosa. Para nosotros, no expone las justificaciones objetivas y ciertas por las cuales se toman esas decisiones. El respaldo no es técnico, sino político”, afirmó Baena.
En la denuncia, el exalcalde del concepto de la ciudad solicita que como medida cautelar se declare la suspensión del decreto del Ministerio de Hacienda.
El controvertido decreto fue emitido por el Ministro Diego Alejandro Guevara en enero pasado y suspende, sin previo acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, las partidas de 2025 y hasta 2026 para proyectos de infraestructura esenciales para la capital del país.
De hecho, en respuesta al aplazamiento de los recursos, el Alcalde Carlos Fernando Galán expresó que “el gobierno nacional no puede tomar ninguna decisión de alterar estos acuerdos de pago sin consultar con el distrito”.
El mandatario bogotano también indicó que “no vamos a permitir que nuestra ciudad se detenga” y que hará todo lo posible para que “el distrito asuma hasta el año 2026 la carga que se vea incumplida por el gobierno nacional”.
Las obras de la primera línea del metro de Bogotá tienen un avance general del 49 por ciento. Foto:Mauricio Moreno
Galán no descartó una demanda contra el decreto porque consideraba que se estaba configurando un incumplimiento del gobierno con el convenio de cofinanciación del metro.
La primera línea del metro es cofinanciada por la nación, con un 70 por ciento, y el distrito, con un 30 por ciento, y como garantía de esos recursos las partes firmaron en 2017 un convenio de cofinanciación, en el cual se contemplaron vigencias futuras.
Con la decisión del Ministerio de Hacienda, el gobierno de Petro deja a la primera línea del metro de Bogotá sin las vigencias futuras de julio de 2025 y enero de 2026 que habían sido acordadas en 2017 entre la nación y el distrito para la megaobra.
En total, el más importante proyecto de infraestructura de Bogotá y Colombia, y que frecuentemente es blanco de críticas por parte del presidente Gustavo Petro, deja de recibir 770.309 millones de pesos. La preocupación también radica en que el gobierno no ha indicado cuándo se volverán a desembolsar esos recursos.
Dicha decisión de no desembolsar las partidas del metro también impacta las troncales de Transmilenio de las avenidas 68 y Ciudad de Cali, que en el documento Conpes del metro y el convenio de cofinanciación fueron conceptualizadas como alimentadoras de la línea férrea.
Del mismo modo, el decreto del Ministerio de Hacienda
APlaza Los Giros por 328.532 Millones de Pesos Que Debía Efectuar en Este 2025 Para la Troncal Calle 13, Entre la avenida las américas y el río bogotá. Este proyecto posee dos contratos asignados y quedan por adjudicar cuatro más.
El Concejal Juan Baena Foto:Prensa del Concejal Juan Baena
Además, se suspendieron Vigencias Por 345.000 Millones de Pesos para el Regiotram de Occidente, proyecto de la Gobernación de Cundinamarca, y por 86.829 Millones para la Región Metropolitana.
Estos últimos fondos están destinados para financiar el intercambiador de la Calle 80, en la zona del puente de Guadua; el puente de Tibanica, que enlazará a Soacha con Bogotá, a través de la Avenida Ciudad de Cali.
“Lo que le están haciendo a Bogotá y las regiones es un robo. Cerca de 2 Billones de Pesos que en materia de infraestructura les están restando a todas las regiones, pero casi Billón y Medio corresponden a Bogotá,” afirmó Baena en diálogo con El Tiempo.
El concejal también expresó que “Petro constantemente se interpone a Bogotá” y que los ataques son “sistemáticos”, no solo en contra del metro, sino en contra de los proyectos estratégicos de la ciudad.
“No entendemos qué tiene Petro contra Bogotá. Nos detienen la ampliación de la Autopista Norte, interpusieron demandas contra la extensión de la Avenida Boyacá y han intervenido la subred de Salud Centro Oriente”, menciona Baena como ejemplos de la intervención del gobierno del presidente Gustavo Petro en la ciudad.
Por otro lado, El Abogado Administrativo Mario Montenegro Galindo, quien está al tanto de la demanda, sostiene que el decreto del Minhacienda es inconstitucional ya que no considera la jerarquía de las normas.
Hay más de 3.000 metros lineales construidos del Vietar del metro. Foto:Mauricio Moreno
Según este jurista, el decreto “pasa por alto la Ley 80 de 1993, del Código de procedimiento administrativo y Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), el convenio de cofinanciación firmado en 2017 entre el distrito y la nación, que es ley para ambas partes, y varias sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado”.
“La jurisprudencia ha sido clara en establecer que los actos administrativos deben estar debidamente motivados, de manera que se permita su control de legalidad y se garantice el principio de transparencia en la actuación de la administración pública”, señala la demanda sobre el Decreto 0069.
En la justificación también se menciona que “El decreto impugnado se fundamenta en argumentos genéricos relacionados con las restricciones fiscales del gobierno nacional, sin explicar por qué el metro de Bogotá debería ser afectado negativamente frente a otros proyectos nacionales, ni detalla cuál sería el impacto de esta decisión en la movilidad de la ciudad”.
Montenegro Galindo indica que La norma del Minhacienda tampoco surgió de un acuerdo entre la alcaldía de Bogotá y la Empresa Metro con el gobierno nacional respecto a la suspensión o aplazamientos de las vigencias futuras.
Esta, además de la sustentación técnica, es otra de las condiciones que debieron cumplirse para que el gobierno pudiera suspender los giros de recursos.
Y advierte que con esta decisión se está causando un perjuicio a los bogotanos y a los colombianos y que la medida cautelar solicitada por el concejal Baena busca “evitar un daño irreparable” porque la ciudad y la nación tendrán que incurrir en costos no previstos debido a la suspensión de los giros para los proyectos de infraestructura clave que están en ejecución.
Guillermo Reinoso Rodríguez
Editor de Bogotá
En x: @guirei24
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