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Hasta la sede del Capitolio Nacional, en el corazón de la Plaza Bolívar, donde sesionó el Congreso de la República, fue el secretario de Movilidad de Cali, Gustavo Orozco, para proponer el debate orientado a disminuir el valor de las multas de tránsito en Colombia y modificar su sistema de aumento automático.
Según detalló el funcionario, esta iniciativa surgió ante la falta de evidencia técnica que vincule el incremento en el costo de las sanciones con una reducción efectiva de la mortalidad en las vías.
El funcionario considera que el modelo actual prioriza el recaudo económico sobre la seguridad vial, afectando desproporcionadamente a los ciudadanos que perciben un salario mínimo.
Desconexión entre el costo de las multas y la seguridad vial
Uno de los puntos centrales de su propuesta es la crítica a la indexación económica de las sanciones. Explicó que actualmente, las multas aumentan anualmente de forma automática debido a ajustes vinculados al salario mínimo oa la Unidad de Valor Básico (UVB), sin que esto responda a un análisis de riesgo de las infracciones.
Para ilustrar esta situación, Orozco presentó cifras comparativas: una multa por mal parqueo que en 2025 costaba aproximadamente 604.000 pesos, pasó a costar cerca de 633.000 pesos en 2026.
Este incremento de $30.000 responde exclusivamente a un ajuste económico y no a que la conducta sea más peligrosa oa que se hayan registrado mejoras en los indicadores de seguridad vial.
Atentos a las medidas. Foto:Instagram: @movilidadcali
Impacto de las sanciones en el ingreso de los colombianos
De acuerdo al análisis presentado por la Secretaría de Movilidad de Cali, el valor de las multas es excesivo en comparación con el poder adquisitivo de la población. De acuerdo con datos del DANE citados en la propuesta, más del 45% de los colombianos gana menos de un salario mínimo.
En este contexto, una infracción como no portar el casco, valorada en 633.000 pesos, representa el 36% del ingreso mensual de un trabajador que devenga el salario mínimo.
El funcionario señaló que sacrificar un tercio del ingreso mensual de un ciudadano por una multa genera un impacto social insostenible que golpea a los hogares con menos recursos.
Actualmente hay críticas por el aumento de cámaras de fotodetección en Cali. Foto:Juan Pablo Rueda/ELTIEMPO
Comparativa internacional y efectividad técnica
La propuesta también se fundamenta en estudios internacionales que indican que aumentar el costo de las multas no garantiza una disminución de muertes o lesiones graves.
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Las investigaciones demuestran que incrementos de hasta el 50 % en el valor de las sanciones no han tenido un impacto significativo en la reducción de la accidentalidad.
En términos comparativos, mientras que en Colombia una multa por exceso de velocidad puede equivaler a entre 15 y 30 salarios mínimos diarios, en países con mejores indicadores de seguridad vial estas sanciones representan apenas entre 1 y 5 días de ingreso promedio.
Según Orozco, estos países logran mejores resultados enfocándose en la efectividad del control, la pedagogía y el cumplimiento del pago, más que en el monto de la sanción.
El titular de Movilidad de Cali busca que se priorice el tema educativo y de salvar vidas. Foto:Movilidad Cali
Hacia un nuevo modelo de control y pedagogía en el Congreso
El secretario de Movilidad enfatizó que el propósito de las autoridades de tránsito debe ser salvar vidas y no recaudar recursos.
La propuesta que se busca llevar al Congreso pretende que las sanciones se calculen bajo criterios técnicos orientados a la prevención y que el sistema de aumentos automáticos sea reemplazado por uno acorde a la realidad económica nacional.
“Colombia necesita un orden que salve vidas, no uno que castigue más sin resultados”, afirmó Orozco, subrayando la necesidad de transitar hacia un sistema moderno que priorice la autoridad efectiva en las vías y la educación ciudadana.
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