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El Gobierno fija en 216.000 euros la indemnización para las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz y Gelida

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, anunció este martes un decreto ley de medidas urgentes para agilizar la atención a las víctimas de accidentes ferroviarios recientes. La iniciativa surge tras los trágicos incidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que dejaron 46 fallecidos y 164 heridos, y busca evitar que la burocracia agrave el dolor de los afectados. “Los procedimientos ordinarios no siempre responden a los tiempos de las víctimas, que no pueden esperar años para recibir ayudas económicas”, subrayó Puente durante la rueda de prensa.
La medida habilita 20 millones de euros para ayudas directas y anticipos de seguros, con el objetivo de que ninguna víctima tenga que afrontar retrasos en la compensación.
Óscar Puente y Pedro Sánchez
Óscar Puente: “Hay procedimientos que no pueden esperar años, la incertidumbre económica no puede añadirse al dolor emocional”
Cada familia de los fallecidos recibirá 216.000 euros en un plazo de tres meses: 72.000 euros a fondo perdido, 72.000 como anticipo del seguro obligatorio y otros 72.000 euros una vez que se confirme el seguro. En el caso de los heridos, las cantidades variarán según la gravedad, de 2.400 a 84.000 euros. Todas las cifras se abonarán en un único pago, exentas de tributación y complementarias a los seguros. “Hay procedimientos que no pueden esperar años, la incertidumbre económica no puede añadirse al dolor emocional” aclaró Puente.
El ministro de Transportes defendió la rapidez administrativa como “una forma de cuidar, de decir que las víctimas no están solas y las instituciones están a su lado”, y comparó la situación con el accidente de Angrois, donde algunas indemnizaciones tardaron hasta 10 años.
Además, el ministro quiso mandar un mensaje de tranquilidad sobre la seguridad ferroviaria: “Es un sistema seguro, pero eso no significa que sea inexpugnable”, aclarando que la vía afectada había sido renovada parcialmente en 2025 y que se anticipó la renovación de los tramos más débiles tras avisos de maquinistas.
Con este decreto, Puente subraya que la prioridad del Gobierno es acompañar y proteger a víctimas y familias, y garantizar que el dolor no se vea agravado por retrasos administrativos.







