Tras varios años de haber dado a conocer la denuncia, la Procuraduría General de la Nación dio a conocer avances de la denuncia interpuesta por cuatro estudiantes a un docente de la Universidad de Antioquia por abuso sexual.
Lo que comenzó como un murmullo en los pasillos de la Facultad de Derecho de la Alma Mater (UdeA), se transformó hoy en un proceso disciplinario de alto impacto liderado por la Procuraduría General de la Nación.
Néstor Ozuna, procurador delegado para los Derechos Humanos, confirmó este martes 3 de febrero la firma de un pliego de cargos contra un profesor de dicha facultad, señalado de abusar sexualmente de varios de sus estudiantes.
A la denuncia en redes sociales de abuso y acoso sexual se le conoce como ‘escrache’. Foto:Archivo EL TIEMPO
Este avance procesal no es un hecho aislado, sino la respuesta a una lucha de las víctimas por romper el silencio.
El caso tomó relevancia nacional no solo por la gravedad de las denuncias, sino por la intervención de la Corte Constitucional, la cual emitió directrices claras tras identificar fallas en el manejo inicial de las quejas.
El alto tribunal ordenó que el proceso se rigiera bajo una estricta perspectiva de género, un concepto que busca equilibrar la balanza en contextos donde las relaciones de poder —en este caso, docente-estudiante— suelen ser utilizadas para perpetrar y encubrir agresiones.
Universidad de Antioquia avanza en el pago de nómina Foto:Universidad de Antioquia
Uno de los puntos más críticos señalados por el procurador Ozuna es el fenómeno del “peloteo institucional”.
Durante años, las víctimas de acoso y abuso en instituciones públicas han denunciado que sus casos deambulan de oficina en oficina sin encontrar una resolución efectiva.
La Corte Constitucional fue tajante al exigir que se detuviera esta práctica, la cual revictimiza a las denunciantes al obligarlas a repetir su relación una y otra vez ante funcionarios que, en ocasiones, carecen de la sensibilidad o la formación necesaria.
LEA TAMBIÉN
La instrucción de la Corte es clara: el caso contra el docente de la UdeA debe resolverse en un plazo no mayor a seis meses.
Esta celeridad busca evitar la prescripción de los términos y garantizar que la justicia no llegue tan tarde que se convierta en una nueva forma de impunidad. La Procuraduría ha asumido el compromiso de actuar para salvar a las víctimas, prometiendo proteger su identidad y evitar cualquier acción que las someta a un nuevo trauma durante la etapa probatoria.
Los docentes como autoridades públicas
Universidad de Antioquia Foto:Universidad de Antioquia
Un aspecto fundamental de este proceso es la calificación jurídica de los implicados. Ozuna recordó que los profesores de universidades y colegios públicos son, para efectos legales, autoridades públicas.
Esta distinción es vital porque eleva la gravedad de la conducta: el abuso no es solo una agresión personal, sino una traición a la función pública y al deber de cuidado que el Estado tiene para con sus ciudadanos.
El último abuso sexual en el ámbito educativo no se limita a la UdeA. La Procuraduría ha tenido que intervenir en otros centros de formación, como el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid (JIC), donde el órgano de control también considera procesos por acoso sexual ante la aparente inacción o falta de competencia de las oficinas de control interno.
Este patrón sugiere una problemática sistémica en las instituciones de educación superior de Medellín y el departamento, donde las estructuras de poder parecen haber protegido históricamente a los victimarios.
