Keiko Fujimori demanda justicia total para Real Plaza Trujillo y cuestiona el horario de cierre de los centros comerciales

La líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, manifestó sus condolencias a los parientes de las víctimas del siniestro sucedido en el centro comercial Real Plaza de Trujillo, donde se registraron seis fatalities y más de 80 lesionados. Asimismo, demandó que se aplique “todo el peso de la ley” contra los responsables de esta calamidad.

“Deseo enviar mis condolencias a las familias que han perdido a sus seres queridos en este triste suceso. Hemos solicitado que el Ministerio Público lleve a cabo investigaciones rápidas y exhaustivas para identificar a los responsables”, afirmó durante una transmisión en vivo en su perfil de TikTok, este fin de semana.

La ex candidata presidencial también instó a Real Plaza, que forma parte del Grupo Intercorp, a “asumir la responsabilidad que le corresponde” y cuestionó la inacción por parte de la Municipalidad de Trujillo en cuanto a la supervisión del establecimiento.

“Hoy observamos a diversas municipalidades en varias regiones de Perú realizando las fiscalizaciones pertinentes y clausurando algunos centros comerciales. Lamentamos que hubiera sido necesario este desastre para que las autoridades finalmente asuman su responsabilidad”, añadió.

Igualmente, exhortó a los organismos reguladores a cumplir con su labor y garantizar “la correcta implementación de normativas en los numerosos servicios que el Estado proporciona a la ciudadanía.”

El Grupo Intercorp, un conglomerado empresarial establecido hace 31 años, es dirigido por Carlos Rodríguez Pastor, quien también figura como testigo en el caso ‘Cócteles’, vinculado con Fujimori. La revista Hildebrandt en sus trece reporta que el empresario fue uno de los que participó en la “colecta” organizada por la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) para respaldar su campaña en 2011.

Este conglomerado, que abarca cerca de un centenar de empresas en diferentes sectores, opera en áreas como venta al por menor, salud, seguros, finanzas, educación, restaurantes, entretenimiento, hoteles, inmobiliarias y logística. Muchas de estas empresas tienen sede en lugares como Panamá o Bahamas, según la publicación, que tuvo acceso a videos inéditos sobre la estructura colapsada.

Las imágenes muestran vigas corroídas por óxido y estructuras de acero inadecuadas para soportar el techo. Según la revista, el fiscal y los peritos que analizaron el caso hallaron que, a pesar de las advertencias sobre el deterioro de la infraestructura, la administración del centro comercial no presentó un plan de mantenimiento adecuado.

En 2024, tras identificar más irregularidades, la Municipalidad de Trujillo inició la implementación de la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), aunque el centro comercial había fracasado en obtener la aprobación en dos intentos anteriores. La cúpula de Real Plaza, el mall más grande del país fuera de Lima, había sido considerada el ícono del establecimiento,pero fue descrita como una “bomba de tiempo” por el exalcalde Arturo Fernández, quien en la actualidad se encuentra prófugo.

En diciembre de 2023, la municipalidad decidió clausurar el centro comercial debido a problemas estructurales, lo que originó protestas entre políticos y asociaciones empresariales. El establecimiento rechazó esta medida y, una semana más tarde, el 4 de enero de 2024, reabrió, afirmando que sus instalaciones estaban en “condiciones óptimas”.

A raíz de la tragedia, el Ministerio Público emprendió una investigación preliminar contra Luis Santa María Torres, gerente del establecimiento, por homicidio y lesiones culposas. Asimismo, se interpuso una denuncia penal contra los propietarios, administradores y funcionarios municipales por haber concedido la licencia de construcción.

Adicionalmente, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) inició un procedimiento sancionador y ordenó el cierre temporal del centro comercial, así como medidas para cubrir los costos de sepelio y atención a las víctimas.

De acuerdo con Ojo Público, la Fiscalía ha retirado a uno de los peritos designados, Álvaro Burgos, debido a su relación previa con la supervisora de la obra. Abogados y familiares de las víctimas han manifestado su inquietud por la posible falta de imparcialidad en el proceso judicial y por la ausencia de garantías para preservar la escena del accidente.