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El vídeo, de apenas unos segundos, es una radiografía del horror y la violencia que sufren muchas mujeres en el país a manos de sus parejas sentimentales.
Las cámaras de seguridad de un edificio en el norte de Montería captaron lo que hoy es el centro de la indignación nacional: un joven cuya identidad ya circula en despachos judiciales, fue grabado agrediendo brutalmente a su pareja sentimental al interior de un ascensor.
En las imágenes, el espacio confinado se convierte en una jaula. No hay escapadas de heno. Los golpes, la frialdad del agresor y la vulnerabilidad de la víctima han reactivado una alarma que Colombia no ha podido apagar: la violencia de genero no da treguani siquiera bajo el ojo vigilante de la tecnología.
El contexto de una tragedia sistemática.
Marcha dirigida por No Es Hora De Callar en Buenaventura, Valle del Cauca. Foto:MAURICIO LEÓN / EL TIEMPO
Este caso en la capital de Córdoba no es un hecho aislado, sino el síntoma de una patología social que las cifras oficiales de 2025 documentaron con crudeza.
En los primeros segundos se observa a la pareja ingresar al sensor y de inmediato el hombre, que luce camiseta blanca, le propina dos puños a la mujer.
La violencia se exacerba cuando se cierra el elevador. Es entonces cuando el cobarde agrede a la joven a patadas.
Según el último informe de la Procuraduría General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal, el año pasado cerró como uno de los más críticos para la integridad de la mujer en la última década.
Durante el 2025, el Observatorio de Feminicidios de Colombia y la Defensoría del Pueblo alertaron sobre un promedio de dos feminicidios diarios en el país.
Las ciudades con mayores índices de violencia intrafamiliar fueron Bogotá, Medellín, Cali y, de manera preocupante, las capitales del Caribe como Montería y Cartagena, donde la cultura del silencio suele proteger al victimario.
Y en medio de este panorama doloroso, quedan las imágenes de este violento video, donde la joven cae al piso y su agresor la arrastra con violencia hacia afuera, una vez se abren las puertas del ascensor.
De acuerdo con el boletín anual de Medicina Legal (2025), el 72% de las agresiones contra mujeres ocurrieron en el ámbito privado, siendo los compañeros o excompañeros sentimentales los principales perpetradores. El ascensor de Montería es, hoy, la metáfora de ese encierro sistémico.
La respuesta institucional:
¿Justicia o protocolo?
Hasta la tarde de este sábado, el estado de salud de la víctima permanece bajo reserva, y aunque las autoridades de Policía de Montería han manifestado que están tras la pista de Giraldo, el país exige más que comunicados. La falta de una denuncia formal, que suele ser el obstáculo recurrente por el miedo a las represalias, no debería ser impedimento para una actuación de oficio dada la contundencia de la prueba técnica.
La Fiscalía General de la Nación ha sido enfática en años anteriores: la violencia contra la mujer es una prioridad de salud pública y seguridad nacional.
Sin embargo, este caso pone a prueba la efectividad de las medidas cautelares.
En 2025, la Defensoría advirtió que el 40% de las mujeres asesinadas ya habían denunciado previamente a su agresor o contaban con medidas de protección que resultaron ser papel mojado.
El rechazo ciudadano como motor de justicia
El video de Montería ha generado una movilización digital sin precedentes bajo etiquetas que exigen la captura inmediata del implicado. Para las organizaciones defensoras de derechos humanos, este episodio es un recordatorio de que la violencia física es solo la punta del iceberg de un ciclo que comienza con el control psicológico y económico.
“No podemos esperar a que haya un cadáver para que el sistema funcione”, claman las organizaciones de mujeres en Córdoba. Mientras la investigación avanza, Jesús David Giraldo se ha convertido en el rostro de una deuda pendiente del Estado colombiano: garantizar que ningún ascensor, ninguna casa y ninguna calle sigan siendo escenarios de la impunidad.
Documental de la periodista Jineth Bedoya. Foto:
Redacción Caribe
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