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El martes 3 de febrero de 2026 marcará un hito en la historia de la regulación tecnológica en Europa. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció desde la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái una medida drástica que sitúa a España en la vanguardia de la protección a la infancia: la prohibición del acceso a las redes sociales para menores de 16 años, a través de una herramienta digital de reconocimiento facial y biometría de verificación de edad, que lleva dos años en desarrollo. Así, España se suma a países como Australia, pionero en tomar medidas de control para este segmento poblacional.
“Los protegeremos del salvaje oeste digital”, afirmó Sánchez, describiendo un ecosistema donde, a su juicio, se ignoran las leyes y se toleran delitos. Esta decisión no es un hecho aislado, sino la respuesta a una creciente alarma social en todo el mundo respaldada por datos que vinculan el uso intensivo de plataformas con crisis de salud mentaladicciones y ciberacoso, especialmente críticas en los menores de edad.
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Las evidencias apuntan a que las redes sociales generan contextos de alto riesgo para la salud física y mental de los menores como trastornos de la conducta alimentaria, afectaciones del sueño por la hiperestimulación, deterioro del desarrollo de la memoria y el enfoque, así como el aumento comprobado de ansiedad, depresión y pensamientos de autolesiones.
Desde la ONG Empantallados, su directora Elena Martínez señaló a medios en España que todo se reduce al interés de estas plataformas, como Instagram, TikTok, Facebook, entre otras, de generar un efecto de dependencia y vicio con ayuda de tecnología y algoritmos.
estos algoritmos están en capacidad de ‘leer’ las más mínimas señales al momento de interactuar con la plataforma, para determinar qué tipo de contenidos, formatos y mensajes generan el mayor efecto de ‘placer’ en el usuario, para luego combinar tácticas que elevan la dopamina en el cerebro y generan la dependencia.
Esta denominada arquitectura del enganche se traduce en una pérdida de atención que preocupa profundamente a psicólogos, profesores y padres de familia.
Así lo demuestra un estudio de 2025 desarrollado por la Unión de Colegios Internacionales de Bogotá, Uncoli, con expertos de la Universidad de Stanford y del Banco Mundial, en el que participaron más de 11.000 estudiantes, padres de familia y docentes. Para comprobar el efecto nocivo del uso intensivo del celular y las redes sociales, se coordinó una prueba llamada ‘Desconectar para conectar’ en la que se le prohibió el uso de teléfonos en el colegio a un grupo amplio de menores de edad. El 61 por ciento de los docentes reportaron una mayor concentración de los jóvenes en clase y un 52 por ciento mayor participación en las actividades educativas y mejoras en sus resultados académicos.
De otro lado, una investigación publicada en julio de 2025 en la revista científica Journal of Human Development and Capabilities, aplicada a 100.000 jóvenes entre los 18 y 24 años, comprobó que el 40 por ciento de los trastornos de salud mental tenían clasificación con el uso de teléfonos y redes sociales en edades tempranasentre los 12 y 14 años.
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La prohibición española
Para materializar la decisión de prohibir las redes sociales en menores de 16 años, el Gobierno español no se limitará a la buena voluntad de las empresas tecnológicas, tradicionalmente hábiles para saltarse las regulaciones. Por ello España ordenó la creación de una herramienta digital de reconocimiento facial y biometría que se encargue de verificar la edad e identidad de los usuarios.
Fernando Suárez, presidente del Consejo General de la Ingeniería Informática, explicó a Euronews que el sistema “es una prueba de vida mediante vídeo, contrastando la imagen de la persona que accede con la imagen del documento (DNI o pasaporte)”. Esta tecnología busca evitar que una simple foto o el teléfono de un tercero sirva para burlar el sistema.
Foto:stock
El ejemplo de estas medidas lo tiene Australia, país que desde el año pasado promulgó su propia ley que prohíbe a menores de 16 años usar Snapchat, Tiktok, Facebook o Instagram, con un compromiso directo de las empresas tecnológicas. Cerca de 4,7 millones de perfiles de redes sociales en ese país fueron directamente eliminados por ser menores de 16 años.
Además, Francia, Reino Unido, Portugal, Dinamarca, Indonesia y Malasia discuten proyectos legislativos que restringen el acceso a las redes a menores.
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El negocio del ‘me gusta’
Las grandes tecnológicas se han opuesto a estas iniciativas de regulación y prohibición. Su posición es que el camino de la prohibición no es el correcto y que cuentan con las herramientas de control parental y gestión del tiempo en pantalla necesarias para evitar que los usuarios pasen períodos largos en redes sociales.
Foto:iStock
No obstante, según el Corporate Europe Observatory (CEO), empresas como Meta, Google, TikTok y Snap han destinado más de 151 millones de euros anuales a actividades de lobby en la Unión Europea para suavizar las normativas. Desde diciembre de 2024, han mantenido más de 100 reuniones con altos cargos de la Comisión Europea con el objetivo de tratar de influir en las decisiones legislativas dada una razón de peso: el negocio de las redes sociales vinculado a menores genera al menos 11.000 millones de dólares al año.
Al respecto, expertos en ciberseguridad mantienen una dosis de escepticismo. Hervé Lambert, de Panda Security, advierte que “quien quiera saltársela, va a buscar la alternativa”. El uso de VPN (Redes Privadas Virtuales) es la principal amenaza para la efectividad de esta y cualquier ley de prohibición de acceso a una aplicación o plataforma digital.
Elena Martínez, de Empantallados, y otros expertos subrayan que la prohibición debe ser solo una barrera de entrada, pero el verdadero trabajo está en la educación digital integral. “No estamos en guerra con la tecnología, sino con un uso antisocial que cosifica a las personas”, se lee en el análisis del Ministerio de Juventud e Infancia de España, donde nacieron las mesas de trabajo que culminaron con la prohibición.
La ley española, que entrará como proyecto la próxima semana, deberá resolver qué es exactamente una ‘red social’. ¿Quedarán fuera WhatsApp, los videojuegos como Roblox o las plataformas de streaming? Sin definición clara, la ley podría dejar abiertas ventanas peligrosas de exposición.
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¿Y en Colombia?
Nuestro país cuenta con la promulgación reciente de la Ley 2489 de 2025, la cual busca establecer un marco integral para garantizar entornos digitales sanos y seguros para niños, niñas y adolescentes “pero no está en discusión la prohibición de redes sociales sino que cuenta con un enfoque preventivo”, señaló Sadi Contreras Fuset, comisionado experto de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), una de las entidades que más ha trabajado en este tema.
El objetivo principal de esta ley y de la reglamentación que se prepara es esfuerzos articulares entre el Estado, las familias, la industria privada y la sociedad civil para prevenir riesgos en línea como el ciberacoso, la explotación sexual y el consumo de contenidos inapropiados.
La norma se fundamenta en principios como la corresponsabilidad de las plataformas de redes y de los padres y tutores, que deben responder al interés superior de medidas de protección de los menores, exigiendo que las sean proporcionales y respetando los derechos humanos, sin restringir indebidamente la libertad de expresión o la innovación tecnológica.
Foto:iStock
“Colombia está avanzando. Estamos armando un decreto inicial con los ministerios y entidades vinculadas en la ley –explica Contreras–, que dicta las primeras medidas con un enfoque preventivo de verificación por defecto, ‘modo niños’ obligatorio en las plataformas”, entre otros.
“A pesar de que todo el mundo reconoce la importancia y riesgos, el gran poder económico (de lobby) de los gigantes digitales se atraviesa”, reconoce Contreras. “Los estudios que hemos hecho demuestran que el 70 por ciento de los padres desconocen las herramientas de control parental de las redes sociales y no saben usarlas, por eso nuestra visión es que lo mejor no es regular con prohibiciones sino regular con las plataformas, la sociedad, los educadores y los padres para construir entornos digitales seguros para los niños y que el Estado se encargue de verificar su correcto cumplimiento”.
JOSÉ CARLOS GARCÍA R.
Editor multimedia
@JoséCarlosTecno
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