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La ventana de oportunidad para que el sistema de aseo en Bogotá continúe con las Áreas de Servicio Exclusivo (ASE), antes de pasar a un esquema de libre competencia, era de apenas cinco días, antes de que firmaran la prórroga con los cinco operadores encargados de la recolección de residuos y la limpieza de la ciudad.
Con la continuación de la concesión del sistema ASE, que llevaba ocho años funcionando, llegan cambios para atender los puntos críticos de basuras en la capital; una problemática que no es nueva y que se ha presentado en administraciones anteriores.
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De acuerdo con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), durante los próximos 22 meses se fortalecerá la operación con mayor supervisión. Este incluye un seguimiento satelital, control estricto de rutas, frecuencias y horarios, además de un cambio en la visión de la interventoría.
Como parte de los ajustes para mejorar el servicio, llegarán 35 nuevos camiones compactadores en los próximos tres meses. Como ya lo había informado EL TIEMPO, 17 de estos serán aportados por el operador Promoambiental, nueve por Ciudad Limpia, cuatro por Lime, tres por Área Limpia y dos por Bogotá Limpia.
En la rueda de prensa de ayer, en la que se anunció el futuro del sistema de aseo en la capital, el director de la Uaesp, Armando Ojeda, señaló que se incrementarán los kilómetros de barrido y los puntos de lavado, con lo cual se sumarán más de 7.000 adicionales a los existentes. Otro de los frentes de mejora será la intervención de más individuos arbóreos.
Funcionarios de La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP realizan la limpieza. Foto:MAURICIO MORENO – EL TIEMPO
Además, el arrojo clandestino de regueros y los puntos críticos comenzarán a ser atendidos a partir del 12 de febrero por Aguas de Bogotá, que ahora cuenta con una capacidad de recolección de 1.000 toneladas.
La unidad también afirmó que fortalecerán los componentes pedagógicos y sancionatorios mediante campañas de cultura ciudadana y operativos interinstitucionales en puntos críticos. Habrá seguimiento a quienes arrojan residuos de manera ilegal y se impondrán comparandos que pueden rondar los 935.000 pesos.
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La cultura ciudadana es otro de los ejes en los que se hará énfasis. Para ello se adelanta un trabajo conjunto con otras entidades del Distrito, así como la implementación de los diez no negociables, con los que los ciudadanos conocerán quiénes son los operadores, sabrán los horarios de recolección, podrán reportar comportamientos indebidos y disponer de los residuos de forma adecuada.
También se revisará el modelo de contenedores, dado que funcionó en algunas zonas y en otras no. En cuanto a las posibilidades, Ojeda indicó que reducir su tamaño estaba entre las opciones. Asimismo, se evaluarán el estado y la ubicación de papeleras y cestas.
En cuanto a los escombros, muebles, colchones, llantas y residuos de construcción no son residuos ordinarios y deben gestionarse por canales específicos, como la línea 110. Los operadores deberán ser más visibles para la ciudadanía y reforzar la pedagogía directa en los barrios.
Las personas que asisten a los eventos religiosos dejan la basura tirada en el parque público. Foto:X@ColombiaOscura_
“La Alcaldía va a garantizar la continuidad en la prestación del servicio. La continuidad y la cobertura del 100 por ciento de las ciudades incluidas sus zonas rurales”, dijo Ojeda.
Según lo afirmaron en el Distrito, mientras se estructura el marco regulatorio, Bogotá trabajará en una propuesta para solicitar la continuidad del esquema de ASE. El objetivo es adjudicar y poner en operación el modelo para noviembre de 2027; this se presentará ante la CRA.
En la ocasión pasada en la que Bogotá solicitó la verificación de motivos para continuar con las ASE, la comisión señaló que no se logró justificar que el modelo cumpliera con dos de los requisitos más importantes: la cobertura del servicio y el cierre financiero. Pero Ojeda señaló que se trató de que el estudio presentado no justificara adecuadamente estos aspectos, no de que no se tuvieran.
Actualmente la alcaldía trabaja en un decreto que compila el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y la estrategia del sector hábitat, incluyendo garantías para la población recicladora, que manifestó temores es con la libre competencia.
Para los recicladores de oficio, se mantendrán más de 20 garantías, las cuales están listadas en la resolución. Esto se da en cumplimiento de un mandato de la Corte Constitucional, que ordenó extender los contratos actuales por un tiempo superior a ocho años, al igual que las concesiones vigentes, con el argumento de proteger a los recicladores. Además, se trabajará para que estas garantías se conserven en este contrato y en lo que será el nuevo modelo.
TATIANA MORENO QUINTERO
REDACCIÓN BOGOTÁ
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