Colombia
Juzgados administrativos de Barranquilla ordenan el embargo de cuentas bancarias de la Gobernación del Atlántico en litigio por omisión de honorarios
El Departamento del Atlántico se enfrenta un nuevo capítulo dentro de un litigio que lleva más de una década y que hoy vuelve a tomar fuerza con decisiones judiciales que ordenan embargos y bloqueos de sus cuentas en distintas entidades financieras.
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Aunque en noviembre de 2025 la Gobernación y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) anunciaron públicamente una tutela del Consejo de Estado como un triunfo jurídico que, según ellos, “blindaba” al ente territorial de riesgos millonariosdocumentos conocidos por este medio muestran que, semanas después de ese anuncio, los juzgados administrativos continuaron profiriendo sentencias condenatorias en su contra.
El proceso que se desprende de demandas de reparación directa formuladas por el abogado Javier Torres Velásquez y su familia, se originó en hechos de 2014 relacionados con instrucciones impartidas por el entonces secretario de Educación del AtlánticoCarlos Prasca Muñoz.
La controversia gira en torno a la revocatoria masiva de poderes otorgados a Torres en procesos de nivelación y homologación salarial, así como en la omisión —según la parte demandante— de aplicar los descuentos por honorarios que estaban pactados contractualmente en caso de revocatoria.
Esa omisión, que según los fallos produjo un daño económico directo, ha sido reconocida por varios tribunales a través de sentencias que suman más de 17 decisiones desfavorables al Departamentoalgunas ya ejecutadas y confirmadas en instancias superiores.
Un proceso activo
La evidencia más reciente de que el litigio sigue activo está en una comunicación del 5 de febrero de 2026, en la que un despacho judicial ordena a bancos como Davivienda, Bancolombia, BBVA, Banco de Occidente y otras entidades inmovilizar fondos del Departamento para efectos de pago de condenas.
Oficio de embargo dirigido a entidades bancarias, fechado el 5 de febrero de 2026. Foto:Suministrada a EL TIEMPO
Se trata de una medida que, en la práctica, confirma que los juzgados continúan materializando sentencias y activando procesos de cobro contra la Gobernaciónuna circunstancia que contrasta con la narrativa de triunfo institucional presentada tres meses atrás.
Pero este no es el único elemento que permite ver la continuidad de los procesos. El 19 de diciembre de 2025, es decir, poco más de un mes después del anuncio público de la ANDJE, el Tribunal Administrativo del Atlántico emitió la Notificación No. 87047, correspondiente a una nueva sentencia condenatoria contra el Departamento.
Notificación de actuación procesal del Tribunal Administrativo del 19 de diciembre de 2025. Foto:Suministrada a EL TIEMPO
La decisión, registrada en el sistema SAMAI, demuestra que la tutela celebrada por la Gobernación no interrumpió ni frenó el curso de las reparaciones directas que se ventilan desde hace años, ni impidió que el Tribunal continuara reconociendo la responsabilidad extracontractual del ente territorial.
El otoño del 19 de diciembre incluye, además, decisiones de fondo que ilustran el alcance de las condenas. En dicho expediente, el Tribunal ordenó el pago de más de veinte millones de pesos por concepto de lucro cesante, así como indemnizaciones por perjuicios morales equivalentes a 20 salarios mínimos para la víctima directa y 5 salarios mínimos para cada uno de sus miembros.
Extracto de la sentencia que condena al Departamento a pagar indemnizaciones a la familia Torres. Foto:Suministrada a EL TIEMPO
En paralelo a las condenas, la Gobernación del Atlántico interpuso una acción de repetición contra el exsecretario de Educación Carlos Prasca Muñoza quien atribuye la conducta gravemente culposa que habría originado la responsabilidad patrimonial del Estado.
La demanda, radicada ante el Tribunal Administrativo del Atlántico y presentación por la firma ZAM Abogados Consultores & Asociados en representación del Departamento, busca trasladar al exfuncionario el costo económico de las condenas ya ejecutadas y aquellas que continúan en trámite.
La existencia de esta acción también puede interpretarse como que el propio ente territorial reconoce que hubo daño estatal derivados de actuaciones individuales durante la administración de 2014, independientemente de la estrategia de defensa que se ha desplegado en los procesos actuales.
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En los próximos días se espera que la Gobernación del Atlántico se pronuncie sobre las medidas de embargo emitidas y que la acción de repetición contra Prasca siga su trámite ordinario.
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