La frase cayó como un baldado de agua fría en medio del Consejo de Ministros realizado en Montería: no hay plata. No fue una expresión al aire ni una exageración política. Fue la conclusión directa del director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, al describir la magnitud real de la emergencia invernal que golpea a varias regiones del país y, sobre todo, la incapacidad financiera del Estado para enfrentar la fase más compleja: la recuperación del departamento de Córdoba.
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Carrillo explicó que la reunión de alto nivel tenía un objetivo concreto: evaluar si el Gobierno debe firmar un decreto de emergencia económica, social y ambiental, una herramienta excepcional que permitiría mover recursos con mayor rapidez. Sin embargo, su intervención dejó claro que el problema va más allá de un trámite administrativo. El dinero disponible no alcanza, ni siquiera sumando los presupuestos departamentales y nacionales.
A diferencia de otros pronunciamientos oficiales centrados en cifras de atención inmediata, el director de la UNGRD puso el foco donde casi nunca se pone: ¿Qué pasa después de que baja el agua?. “La preocupación viene por la recuperación”, insistió, dejando entrever que, aunque la respuesta inicial está funcionando, el país no está preparado para el costo real de reconstruir territorios enteros.
Un presupuesto que no resiste la magnitud del desastre.
Más de 48.000 hectáreas ya están bajo el agua, según cálculos de la Unidad de Gestión del Riesgo. Foto:UNGRD
Según los cálculos preliminares de la UNGRD48.000 hectáreas ya están bajo el agua, una cifra que, en apariencia, podría parecer manejable. Pero Carrillo estaba más allá. Con apoyo de imágenes satelitales y proyecciones técnicas, advirtió que, si las lluvias continúan, el país podría enfrentarse entre 250.000 y 300.000 hectáreas afectadas.
Ese escenario, explicó, es financieramente devastador. Recuperar tierras productivas, reconstruir viviendas y restablecer economías locales cuesta una fortuna. Y ahí aparece el vacío estructural: ni los departamentos ni la Nación tienen hoy los recursos suficientes para asumir una tragedia de ese tamaño sin acudir a mecanismos extraordinarios.
El director fue enfático al señalar que este problema no nace con la emergencia actual. Aseguró que por el contrario, es el resultado de años de decisiones presupuestales que relegaron la gestión del riesgo a un segundo plano. “Cada año los municipios y departamentos aprueban presupuestos. ¿Cuánto de ese dinero va realmente para gestión del riesgo?”, cuestionó, abriendo un debate incómodo pero necesario.
La advertencia fiscal que pocos quieren escuchar
Comunidades afectadas esperan soluciones mientras el debate se centra en la falta de presupuesto. Foto:Gobernación de Córdoba
Carrillo hizo un llamado explícito a la responsabilidad fiscal, no solo del Gobierno nacional, sino de alcaldes, gobernadores y asambleas que, indicaron que año tras año, aprueban presupuestos sin prever escenarios de desastre. La reflexión fue directa: el dinero destinado a la gestión del riesgo en Colombia no es suficiente.
Actualmente, explicó, la UNGRD opera con los recursos correspondientes a la vigencia 2026. Con eso se está atendiendo la emergencia, pero el margen es estrecho. “Estamos en febrero. Tenemos la plata de esta vigencia y estamos respondiendo. Si se va a acabar en uno o dos meses, ya veremos”, dijo, dejando claro que el reloj financiero ya empezó a correr.
El problema, insistió, no es rescatar familias en medio del agua, una tarea que, aunque compleja, tiene protocolos claros, sino restituir viviendas, tierras y medios de vida.. Esa fase, la menos visible y la más costosa, es la que hoy no tiene respaldo presupuestal suficiente.
La recuperación: el verdadero cuello de botella
El director de la UNGRD advirtió que reconstruir viviendas y tierras supera la capacidad financiera. Foto:Gobernación de Córdoba
Cuando el director de la UNGRD afirma que “no hay plata”, no se refiere a la atención inmediata, sino a lo que viene después. Miles de familias lo han perdido todo: casas, cultivos, animales. Reconstruir eso implica inversiones multimillonarias que no estaban contempladas en los presupuestos actuales.
Carrillo fue tajante: Ni el Gobierno departamental ni el nacional podrían financiar solo una tragedia de esta magnitud. La frase no solo evidencia un problema coyuntural, sino una falla estructural del modelo de prevención y respuesta ante desastres en Colombia.
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La eventual declaratoria de emergencia, según el alto funcionario, permitiría agilizar recursos y flexibilizar trámites, pero incluso con ese decreto, el desafío seguirá siendo enorme. El Estado tendrá que decidir qué prioriza, qué reconstruye primero y hasta dónde alcanza el dinero.
Un país que reacciona, pero no se prepara
La posible declaratoria de emergencia busca acelerar recursos ante una crisis que sigue creciendo. Foto:Gobernación de Córdoba
El mensaje del director de la UNGRD dejó al descubierto una realidad incómoda: Colombia reacciona cuando la tragedia ya ocurrió, indico uno de los líderes de la zona ribereña de Córdoba, y cuestionó: “pero invierte poco en prevenir y planear la recuperación. La emergencia actual no solo es climática; es fiscal y estructural”.
Mientras las lluvias continúan y el número de hectáreas afectadas aumenta, el debate ya no es si hay capacidad operativa para atender la crisis, sino si existe. voluntad política y músculo financiero para asumir las consecuencias a largo plazo.
En Montería, más que anunciar soluciones, Carrillo puso sobre la mesa una verdad difícil de digerir: el país no tiene cómo pagar la reconstrucción que viene. Y esa advertencia, más que una declaración técnica, es un llamado urgente a replantear cómo Colombia gestiona y financiera sus riesgos.
