cómo el Departamento de Seguridad Nacional usa “armas menos letales” contra manifestantes

Por Jon Schuppe y Natasha Korecki — NBC News

Impactan los cuerpos de personas con balas de goma y queman sus ojos con gas pimienta. Lanzan gases lacrimógenos y granadas aturdidoras a manifestantes que corean consignas. Rompen las ventanas de automóviles. Empujan a la gente al suelo. Embisten vehículos y apuntan con sus armas.

Agentes federales que implementan la campaña migratoria del presidente, Donald Trump, en ciudades de todo el país han disparado a 13 personas con armas de fuego. Pero, con mucha más frecuencia, han utilizado tácticas duras para asustar o repeler a quienes consideran que se interponen en su camino. Los oficiales, enmascarados y equipados con armaduras y rifles de grado militar, se han enfrentado a manifestantes pacíficos y a personas que los han amenazado, obstruido o atacado, con métodos menos letales que las armas de fuego, pero que aun así infligen lesiones graves. Cientos de personas han resultado heridas, y los tribunales de al menos cuatro estados han determinado que los uniformados utilizaron la fuerza de manera inadecuada e indiscriminada.

Nuestra cadena hermana NBC News revisó docenas de incidentes ocurridos desde la primavera pasada y descubrió que los agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han utilizado repetidamente armas “menos letales” de formas que parecen violar sus propias políticas o las directrices generales de actuación policial, a menos que creyeran que sus vidas estaban en peligro. La revisión se basó en entrevistas con abogados, expertos y manifestantes que resultaron heridos, así como en declaraciones de testigos, documentos de casos penales y civiles y videos tomados en las protestas.

El informe revela un ciclo de escalada: las redadas al aire libre realizadas por agentes de inmigración fuertemente armados motivaron a los residentes enfurecidos a enfrentarse a ellos en las calles. En lugar de intentar calmar la tensa situación, los oficiales recurrieron abruptamente al uso de la fuerza física o química. El DHS pareció aplicar estas tácticas con poca discreción, independientemente de si las protestas eran pacíficas o violentas, grandes o pequeñas.

“Nunca había visto a agentes federales tan fuera de control y actuando de manera tan maliciosa”, dijo Rubén Castillo, exfiscal y juez federal que ahora dirige la Comisión de Responsabilidad de Illinois, una iniciativa estatal para revisar las denuncias de abusos contra agentes de inmigración. “Aseguraron que iban a perseguir a ‘lo peor de lo peor’ y luego se convirtieron ellos mismos en el problema”.

Esta conducta avivó la indignación pública, provocó la reacción de los funcionarios locales y llevó a los jueces a intervenir. Durante meses, la Administración Trump se endureció, luchando contra órdenes judiciales y promoviendo un ambiente de crueldad e impunidad que indicaba a los agentes que podían utilizar cualquier medio que consideraran oportuno. Los funcionarios del Gobierno han defendido las acciones de los agentes como necesarias y justificadas, al tiempo que han dado versiones engañosas o falsas de algunos enfrentamientos.

El uso generalizado de tácticas menos letales, captadas en video y difundidas en redes sociales, comenzó a finales de la primavera y el verano en California y Oregon, se extendió a Chicago en otoño y alcanzó su punto álgido en Minneapolis, donde agentes dispararon y mataron a dos manifestantes el mes pasado. La indignación pública llevó al DHS a cambiar el liderazgo sobre el terreno, poner fin al envío de agentes a Minneapolis y ordenar el uso generalizado de cámaras corporales. “Aprendí que tal vez podríamos usar un poco más de tacto”, indicó Trump a NBC News a principios de febrero, y añadió en el mismo sentido: “pero, de todos modos, así hay que ser duro”. El viernes, dos altos funcionarios del DHS dijeron a NBC News que la agencia no tiene planes inmediatos para llevar a cabo más operaciones de inmigración a gran escala centradas en ciudades específicas. Aun así, la Administración Trump señaló que muchos de los oficiales recién contratados aún no han sido desplegados.

El DHS ha culpado a políticos y activistas locales de incitar a la violencia, afirmando que los ataques contra los oficiales han aumentado considerablemente, lo que no les deja otra opción que responder de la misma manera. La agencia señala la conducta de algunos manifestantes, que siguen a los uniformados con sus coches, los bloquean en la calle, los insultan, hacen sonar silbatos ensordecedores y hacen ruido afuera de sus hoteles por la noche. En ocasiones, las protestas se han vuelto violentas, con manifestantes lanzando botellas, piedras y fuegos artificiales, y los oficiales han detenido a muchas personas por presuntamente intentar agredirlos o atropellarlos con sus coches.

El DHS afirmó en un comunicado que sus agentes “se enfrentan a una campaña coordinada de violencia contra ellos”. La agencia no respondió a preguntas sobre casos concretos en los que oficiales federales hubieran utilizado fuerza menos letal contra manifestantes. En cambio, destacó unas dos docenas de presuntos ataques contra ellos. En uno, un agente sufrió quemaduras y un corte grave, que requirió 13 puntos de sutura, mientras arrestaba a un hombre de El Salvador; este fue acusado de agresión y el caso está pendiente. En otro, una mujer supuestamente le mordió parte del dedo a un agente y fue acusada de agresión; el caso está pendiente y su abogado dijo que era “infundado”. En un tercero, un ciudadano guatemalteco fue condenado a prisión tras declararse culpable de intentar estrangular a agentes y agarrar a uno de ellos por los genitales.

“A pesar de estos peligros reales, nuestras fuerzas del orden muestran una increíble moderación y prudencia en el uso de la fuerza” para proteger a los agentes y a otras personas, según la declaración. El DHS afirmó que las denuncias de conducta indebida se “investigan a fondo” y se actúa “según sea necesario”, pero no proporcionó detalles.

Algunas de las personas que salen a la calle para protestar o grabar la conducta de los agentes saben que corren el riesgo de sufrir lesiones graves.

Leon Virden hizo caso omiso del peligro. Tiene 73 años y ha vivido toda su vida en Minneapolis. Se enfadó tanto tras la muerte de Alex Pretti el 24 de enero que condujo con su hijo hasta el lugar de los hechos. Terminaron en un pequeño grupo de manifestantes que coreaban consignas en un callejón, donde se encontraron con unos agentes que él creía que eran del DHS. Uno de ellos lanzó una granada aturdidora —que los oficiales han utilizado repetidamente en las protestas— y explotó, destrozando la cara de Virden. Ahora está en su casa, tomando Tylenol y tratando de no agravar su mandíbula reconstruida quirúrgicamente.

“Estoy muy enojado porque estos, llámenlos como quieran, yo los llamo agentes del Anticristo, pueden venir y hacer esto y salirse con la suya”, dijo Virden. “Estoy enojado. Me duele un poco y solo quiero ver un cambio”.

Los Ángeles: el comienzo de la campaña

Las primeras redadas de inmigración comenzaron en el sur de California a finales de mayo, impulsadas por la exigencia de Trump de detener a 3,000 personas al día. Agentes federales enmascarados y fuertemente armados, muchos de los cuales estaban acostumbrados a patrullas fronterizas u operaciones específicas que no solían implicar encuentros tensos con el público, ahora barrían barrios densamente poblados, recogiendo a inmigrantes latinos en paradas de autobús, refugios para personas sin hogar, estacionamientos de Home Depot, granjas, lugares de trabajo y hogares.

Los oficiales enmascarados, en caravanas itinerantes de vehículos sin distintivos, se encontraron con la resistencia de multitudes enfurecidas de defensores de los inmigrantes y ciudadanos comunes, y sus líderes les ordenaron que respondieran con la fuerza a cualquiera que les hiciera daño.

“Detengan a todas las personas que los toquen, tantas como quieran. Esas son las órdenes generales de los altos mandos”, dijo el líder de la operación, el comandante de la Patrulla Fronteriza Gregory Bovino, a los agentes en Los Ángeles, comentarios que fueron grabados por una cámara corporal y posteriormente presentados ante el tribunal. “Todos los que los toquen la van a pagar. ¿Me entienden?”.

Bovino afirmó que planeaba enviar “cargamentos de camiones con remolque” de armas menos letales. Recordó a los agentes que sus acciones probablemente serían captadas por las cámaras.

“¿De quién es esta ciudad, jefe?”, preguntó un agente.

“Jod**** nuestra”, respondió Bovino. “Es nuestra jod** ciudad”.

El uso de armas menos letales —gas lacrimógeno, gas pimienta, balas de goma y otros proyectiles disparados desde lanzadores portátiles— es controvertido, ya que algunos expertos en materia policial afirman que pueden aumentar la violencia y causar daños innecesarios. Muchos departamentos de policía locales comenzaron a replantearse su enfoque respecto a las armas tras los violentos enfrentamientos con los manifestantes por el asesinato de George Floyd a manos de la policía en 2020.

Un nuevo conjunto de directrices, publicado en 2022 por el grupo de políticas Police Executive Research Forum (PERF), establece que no se deben utilizar armas menos letales contra manifestantes pacíficos, ni contra quienes participan en “actos menores de desobediencia civil”, como bloquear una calle. Las granadas aturdidoras, desarrolladas para rescates de rehenes y diseñadas para cegar o aturdir temporalmente, no deben utilizarse en manifestaciones, según el PERF.

Las políticas del DHS no llegan tan lejos, pero incluyen algunas medidas de protección. La agencia exige a sus divisiones, incluidas la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que formen a los agentes en técnicas de desescalada y que solo utilicen la fuerza después de una advertencia verbal, si es posible, y de dar la oportunidad de cumplir. La política de uso de la fuerza de ICE establece que solo se puede utilizar fuerza menos letal cuando no exista “ninguna alternativa razonablemente eficaz, segura y viable” y que el nivel de fuerza debe ser “objetivamente razonable”. La política de la CBP es más explícita: establece que el gas de pimienta, las bolas de pimienta y las municiones químicas solo pueden utilizarse contra personas que se resistan activamente a los agentes, y nunca contra niños, mujeres embarazadas o conductores, ni en la cabeza, el cuello, la ingle o la columna vertebral de una persona, a menos que la vida del agente corra peligro.

Los agentes que llevan a cabo la campaña de Trump parecen haber traspasado repetidamente esos límites.

Los manifestantes y periodistas que cubrían los enfrentamientos afirman que los agentes les dispararon bolas de pimienta y les lanzaron botes de gas lacrimógeno sin previo aviso mientras cantaban y gritaban, tomaban fotos o huían. Algunos recibieron impactos en la cabeza o la ingle, a veces a quemarropa, y otros sufrieron quemaduras en los brazos o las piernas, según entrevistas y conclusiones judiciales.

Se ha grabado en repetidas ocasiones a los agentes disparando gas y o polvo de pimienta directamente a la cara de personas que no parecían violentas ni amenazantes. Los oficiales suelen empujar a los manifestantes para apartarlos, a veces tirándolos al suelo. En algunos casos, se ha lanzado gas lacrimógeno a niños. El mes pasado, dos jóvenes quedaron parcialmente ciegos por balas de goma en Los Ángeles; un portavoz del DHS minimizó previamente las lesiones de uno de los hombres y afirmó que los uniformados se habían enfrentado a una “multitud” de alborotadores.

“No son todos los agentes. Pero hay una gran mayoría de ellos, tal vez los nuevos contratados o los menos experimentados, que están nerviosos, se sienten poderosos, se creen por encima de los demás y lo llevan al extremo”, dijo Abigail Olmeda, de 27 años, quien afirmó que fue alcanzada por balas de goma, una de las cuales le dio en la frente, mientras sostenía un cartel y gritaba a los oficiales durante una protesta en junio en Santa Ana, California. Añadió que sufrió confusión mental durante meses.

La prisa por poner a miles de agentes de inmigración en las calles dejó menos tiempo para prepararlos para la resistencia que encontraron, lo que hizo más probable la escalada de violencia, incluido el uso de armas menos letales, dijo Joseph Lestrange, exjefe de seguridad pública y fronteriza de la división de investigación de ICE.

“Se está preparando a los agentes para el fracaso, para que resulten heridos y para que hieran al público”, aseguró Lestrange.

En su comunicado, el DHS afirmó que sus agentes “cumplen con los más altos estándares profesionales” y reciben meses de formación, que incluye cómo utilizar “la mínima fuerza necesaria para resolver situaciones peligrosas”, así como técnicas de desescalada.

El DHS afirmó que cada vez que un agente utiliza la fuerza, debe ser reportado y revisado, y que cualquier denuncia de conducta indebida es investigada. Sin embargo, la agencia no respondió a la solicitud de compartir cuántos informes de uso de la fuerza se han presentado en el último año, cuántas investigaciones por uso excesivo de la fuerza se han llevado a cabo y si algún agente ha sido sancionado, despedido o acusado.

La agencia afirmó que las denuncias de que los agentes no están bien entrenados son “vergonzosas y ridículas”.

La ley federal dificulta la posibilidad de demandar a un agente federal, aunque personas de varias ciudades han anunciado su intención de intentarlo. Muchas más han presentado sus testimonios en demandas por derechos civiles con el objetivo de frenar las operaciones.

Uno de ellos es Alec Bertrand. El 10 de julio, Bertrand, de 30 años, se despertó con mensajes sobre detenciones del DHS en una granja de Camarillo, California. Había visto cómo las comunidades de inmigrantes quedaban vacías y silenciadas por las redadas y decidió actuar.

Condujo hacia la granja y se unió a los manifestantes que coreaban y gritaban en un enfrentamiento en la carretera con los agentes federales. Entonces, alguien que parecía un supervisor se acercó a los oficiales y habló con ellos, indicó Bertrand. Estos se pusieron a la defensiva y se ajustaron las máscaras antigás. Alguien dijo: “Van a disparar”.

Bertrand, músico e ingeniero de sonido, dijo que no oyó ninguna advertencia cuando los agentes abrieron fuego desde unos 10 pies de distancia. Una bala de goma le dio en la ingle, luego en el hombro y en la pierna cuando se dio la vuelta para correr. Sintió un fuerte golpe en la mano izquierda y se agachó detrás de un coche. Uno de sus dedos parecía destrozado. Cree que le golpeó algo pesado, como un bote de gas lacrimógeno.

“Parecía una zona de guerra en la que solo un bando tenía armas”, dijo Bertrand. “La única arma que teníamos era nuestra palabra, nuestras voces”.

Los cirujanos le repararon uno de los dedos con un tornillo, pero aún no puede moverlo correctamente, ni tocar la guitarra. Tuvo que buscar un nuevo trabajo. Comenzó una terapia física y psicológica. Encontró un abogado que presentó los documentos anunciando su intención de demandar al DHS, alegando que los agentes lo habían “agredido ilegal e ilícitamente”. El DHS se negó previamente a comentar las acusaciones de Bertrand, pero afirmó que los oficiales habían sido atacados ese día por personas que les lanzaron objetos.

Bertrand también compartió su historia en una demanda contra el DHS en Los Ángeles, donde un juez federal intentó controlar a los agentes, alegando que habían “utilizado armas de control de multitudes de forma indiscriminada y con una brutalidad sorprendente”. La Administración Trump está luchando contra esa orden.

Vincent Hawkins, enfermero de urgencias en Portland, Oregon, cree que las operaciones del DHS durante el verano fueron un preludio de la fuerza que utilizaron posteriormente en otras ciudades. En junio, recibió un impacto en la cara de un bote de gas lacrimógeno mientras gritaba a los agentes federales a través de un megáfono. Afirmó que sufrió una conmoción cerebral y que todavía tiene episodios de varias horas, incluso en el trabajo, en los que le cuesta mantener el equilibrio.

“El DHS, como agencia, estaba viendo hasta dónde podía llegar”, dijo Hawkins, de 56 años. “¿Cuánto daño podían hacer a las personas que ejercían su derecho a la libertad de expresión de forma no violenta? ¿Cuánta violencia podían ejercer sobre esas personas para callarlas y que el público lo tolerara?”.

Chicago: “Estás desatada”

El dolor atravesó a Amanda Tovar con tal ferocidad que pensó que le habían disparado.

“¡Me ha dado! ¡Me ha dado! ¡Me ha dado!”, dijo Tovar, quebrada por el pánico, en un video de Facebook Live de una protesta celebrada el 19 de septiembre frente a un centro de procesamiento de inmigrantes en Broadview, Illinois, donde, según ella, un bote de gas lacrimógeno le golpeó en el pecho.

“Está bien, no sangra”, le dijo una mujer, tratando de tranquilizar a Tovar. “Míreme a la cara”.

Pero Tovar no podía calmarse. Docenas de agentes armados y completamente agotados habían salido de detrás de la puerta de las instalaciones y se dirigían hacia ella y los demás manifestantes, que gritaban, pero no eran violentos, según ella.

Lanzaron granadas aturdidoras, gas lacrimógeno y balas de pimienta. “¡Jod**, sí!”, exclamó un agente, de acuerdo con una orden judicial federal que cita las imágenes de las cámaras corporales.

Dos días después, Tovar, de 39 años, madre y maestra de educación especial, tenía tanto dolor que acudió a la sala de emergencias, donde fue atendida por un “traumatismo en la pared torácica” y dolor agudo de espalda, explicaron los documentos del alta. Contó que le dijeron que tenía suerte de estar viva porque el bote le había dado justo en el corazón, lo que puede causar una hemorragia interna.

Eso fue un anticipo de la Operation Midway Blitz, que se puso en marcha en Chicago el 8 de septiembre, justo después de que Trump publicara en redes sociales: “Me encanta el olor de las deportaciones por la mañana. Chicago está a punto de descubrir por qué se llama Departamento de Guerra”. A los pocos días de la caótica operación, un agente de ICE disparó y mató a Silverio Villegas González, un padre de familia mexicano.

Manifestantes acudieron en masa a Broadview, donde cada día se procesaba a decenas de inmigrantes detenidos. Se grabó a agentes situados en una azotea lanzando munición menos letal contra medios de comunicación y manifestantes pacíficos. El reverendo David Black dijo en entrevistas que acababa de rezar en voz alta por los agentes cuando una bola de pimienta le golpeó en la cabeza. Levi Rolles, un manifestante habitual conocido como Spicy Jesus que fue acusado de obstrucción y resistencia y que comparecerá ante el tribunal la próxima semana, recibió tantos disparos que su espalda quedó cubierta de marcas rojas y redondas.

El 1 de octubre, Stephen Miller, artífice de las políticas de deportación de Trump, anunció la creación de un nuevo grupo de trabajo contra la delincuencia formado por organismos policiales, entre ellos ICE. Los delincuentes “no tienen ni idea de lo despiadados que somos”, afirmó.

“Veo las armas y las placas en esta sala. Son libres”, dijo Miller. “Las esposas que llevan consigo ya no los detienen”.

Tres días después, un agente de la CBP disparó e hirió a Marimar Martínez, de 30 años, ciudadana estadounidense; el agente que le disparó se jactó de su puntería en mensajes de texto.

Las denuncias de abuso se multiplicaron. Algunos agentes de Chicago “se rieron e hicieron bromas sobre el uso de gases lacrimógenos contra los manifestantes”, de acuerdo con lo determinado por un juez federal basándose en las imágenes de las cámaras corporales. Barrio tras barrio sintió el impacto: los residentes se escondieron en sus casas, las escuelas cerraron sus puertas y niños corrieron a refugiarse en sus casas desde el patio de recreo.

El 24 de octubre, Miller envió otro mensaje público: “A todos los agentes de ICE, tienen inmunidad federal en el desempeño de sus funciones”, aseguró en Fox News. “Tienen inmunidad para desempeñar sus funciones y nadie —ni ningún funcionario municipal, ni ningún funcionario estatal, ni ningún extranjero ilegal, ni ningún agitador izquierdista o insurrecto nacional— puede impedirles cumplir con sus obligaciones y deberes legales”.

Al día siguiente, se desató más caos. En el barrio Old Irving Park de Chicago, el sábado antes de Halloween, los agentes arrestaron a un hombre y desencadenaron una serie de acontecimientos que terminaron con ellos empujando al suelo a un padre disfrazado de pato amarillo y rompiéndole las costillas a un residente de 67 años. A continuación, los oficiales lanzaron gases lacrimógenos, que llenaron el aire y provocaron náuseas a una niña de dos años y a su madre, que estaban jugando en un campo cercano. El DHS afirmó más tarde que los uniformados estaban respondiendo a “agitadores” que suponían una amenaza para las fuerzas del orden. Los organizadores cancelaron un desfile de disfraces.

Carlos Rodríguez, que estaba afuera en bata, quedó estupefacto ante esta demostración de fuerza bruta. “El gas lacrimógeno. Eso fue lo que me pareció absolutamente indignante”, dijo Rodríguez. Los oficiales, afirmó, “no corrían ningún peligro en absoluto”.

Una semana después, se le preguntó a Trump en el programa 60 Minutes si creía que algunas de las redadas migratorias habían ido demasiado lejos.

“No”, respondió. “Creo que no han ido lo suficientemente lejos”.

Poco después, en la ciudad de Cicero, una familia conducía con su hijo de un año al Sam’s Club con las ventanillas bajadas. En un video se veía a los oficiales rociando una sustancia naranja dentro del coche, lo que provocó ardor en los ojos de su hija, según contó la familia.

Tras revisar horas de grabaciones de los manifestantes y de las cámaras corporales, la jueza federal Sara Ellis encontró una serie de violaciones de los derechos civiles por parte de los agentes del DHS que “conmocionan la conciencia”.

Prohibió el uso de armas químicas a menos que la seguridad de los agentes estuviera en peligro y exigió a los agentes del DHS que moderaran su actuación.

No lo hicieron. En el suburbio de Evanston, los agentes lanzaron gases lacrimógenos a gran escala tras un accidente de tráfico con un vehículo civil, lo que provocó el cierre de varias escuelas. Un oficial apuntó con su arma a los manifestantes. Otro fue grabado en vídeo inmovilizando a un conductor y golpeándole la cabeza contra el pavimento.

“Cada día que pasa, intensifican sus escandalosos ataques y su brutal violencia”, declaró entonces el alcalde de Evanston, Daniel Biss. “Es aterrador imaginar hasta dónde puede llegar esto”.

Minneapolis: un ajuste de cuentas por el uso de la fuerza

La represión no hizo más que acelerarse.

En enero, el número de agentes federales desplegados en Minneapolis aumentó hasta alcanzar los 3,000, lo que eclipsó la escala de Chicago. Inundaron la ciudad, encontrando resistencia en casi todos los lugares a los que acudían y utilizando la fuerza para hacer retroceder a los manifestantes, según entrevistas y el análisis de docenas de videos.

Al igual que en Chicago, un juez, ante las pruebas de uso repetido de la fuerza contra manifestantes pacíficos —entre ellos una pareja de ancianos que declaró ante el tribunal que los agentes les apuntaron con armas mientras estaban sentados en su coche—, ordenó a los agentes que cesaran; y el DHS, al igual que en Chicago, convenció a un tribunal superior para que suspendiera la orden.

Los enfrentamientos alcanzaron su punto álgido con el tiroteo mortal de dos ciudadanos estadounidenses de 37 años: un agente de ICE disparó fatalmente contra Renee Good en su coche y, menos de tres semanas después, oficiales de la CBP derribaron a Alex Pretti antes de que falleciera a tiros.

Los residentes, furiosos, salieron a las calles.

Drew Harmon, organizador del grupo de base 50501, protestaba por la muerte de Good cuando, según él, un agente se quitó el casco y le roció con gas pimienta a quemarropa.

“Es como si alguien te encendiera una cerilla en el párpado y la apagara allí mismo”, dijo. “¿Te parece que eso es cumplir la ley o cómo debería ser el cumplimiento de la ley en nuestro país?”.

Horas después de que Pretti muriera a tiros mientras estaba inmovilizado y arrodillado, Leon Virden y uno de sus hijos se unieron a una protesta cerca del lugar de los hechos. Algunos coreaban “ICE, vete a casa”. Nadie estaba haciendo nada remotamente amenazante, contó Virden. Desde un grupo de agentes que se encontraba a unas 30 yardas de distancia, al otro lado de un contenedor de basura, lanzó una lata de gas lacrimógeno, que uno de los miembros del grupo intentó alejar de una patada. Virden añadió que dio un paso adelante para alejarla de una patada, y una granada aturdidora voló hacia él y le explotó en la cara.

Aturdido y sin poder oír bien, Virden no se dio cuenta de la gravedad de sus heridas hasta que llegó al hospital, donde le dieron puntos en la mejilla y le reconstruyeron la mandíbula destrozada con placas de metal y alambre.

“Creía que sabía lo que me esperaba”, dijo Virden. “Y esto fue más allá de lo que debería haber pasado. Fue simplemente ridículo”.

En los días posteriores a la muerte de Pretti, en medio de la creciente condena a nivel nacional por los tiroteos, la Administración Trump retiró a Bovino y a cientos de agentes de Minneapolis. El DHS señaló un cambio hacia operaciones de deportación más específicas, en lugar de las redadas generalizadas y los enfrentamientos públicos de los últimos nueve meses.

Sin embargo, el 31 de enero, después de que manifestantes en Portland, Oregon, bloquearan la entrada de un centro de inmigración, los agentes federales lanzaron gases lacrimógenos contra una multitud en la que había niños.

“Ay, me quema”, lloraba una niña con un suéter rosa con mariposas.

En respuesta, el juez federal de distrito Michael Simon ordenó restricciones temporales al uso de la fuerza en Portland, afirmando que la cultura del DHS es “celebrar las respuestas violentas por encima de las justas y diplomáticas”.

“Nuestra nación”, añadió, “se encuentra ahora en una encrucijada”.