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En un fallo que mantiene activa una vieja controversia jurídica, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena confirmar la condena contra la Asociación de Vecinos del Conjunto Residencial La Marina en el sector de Bocagrande, tras un accidente laboral que había ocurrido hace más de una década. La decisión mantiene vigentes las obligaciones de pagar acreencias e indemnizaciones por daños derivados del siniestro, y deja entrever que la asociación aún enfrenta retos legales en la ejecución de la sentencia.
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El caso se remonta a 2015, cuando un trabajador contratado de manera informal sufrió una caída mientras realizaba labores de mantenimiento en áreas comunes del conjunto residencial. La falta de afiliación a sistemas de seguridad social y la ausencia de implementos básicos de protección derivaron en una demanda que, tras múltiples instancias judiciales, ha llegado hasta este fallo reciente.
Con la ratificación del fallo, el Tribunal respaldó que la asociación incurrió en lo que la jurisprudencia define como “culpa patronal”al no garantizar condiciones de trabajo seguras ni respetar los derechos laborales del empleado afectado.
Accidente laboral y falta de protección social
Trabajador sufrió caída desde tres metros mientras realizaba labores de mantenimiento. Foto:mapa de google
El trabajador afectado, identificado como Diego Arrieta, comenzó labores el 2 de marzo de 2015 bajo un contrato verbal para realizar múltiples tareas, incluidos trabajos de albañilería, pintura y mantenimiento. Según la demanda, apenas un mes después, el 9 de abril, Arrieta sufrió una caída desde unos tres metros de altura. al descender de un cobertizo, sin que se le proporcionen elementos de seguridad como arnés o casco.
La caída le provocó fracturas en la tibia y el calcáneo, obligándolo a fracturar una cirugía ya un periodo de incapacidad laboral de seis meses. Tras la recuperación, estudios médicos determinaron que había sufrido una pérdida de capacidad laboral del 20,83%, lo que alimentó la acción legal en su contra.
Otro elemento clave en la demanda fue la ausencia de afiliación a sistemas de seguridad social: Arrieta no estaba vinculada formalmente a una ARL, EPS ni fondo de pensiones, lo que violaría no solo la normativa laboral, sino los principios básicos de protección al trabajador en Colombia.
De primera sentencia a ratificación del fallo
La sentencia incluye indemnización por perjuicios y pago de acreencias laborales. Foto:mapa de google
El proceso judicial se inició en el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cartagena, que en mayo de 2020 condenó a la Asociación al pago de las acreencias laborales, las indemnizaciones y prestaciones derivadas del accidente. Esta decisión fue posteriormente confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena en marzo de 2021, que además ordenó el reconocimiento de perjuicios por daño emergente y lucro cesante, agravando la responsabilidad de la asociación.
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A pesar de que la sentencia en segunda instancia ya había establecido estas obligaciones, el proceso no ha concluido. La Asociación de Vecinos no realizó el pago voluntario de las sumas ordenadas, lo que llevó al juzgado a emitir un mandamiento ejecutivo en julio de 2023 ya ordenar medidas cautelares sobre las cuotas de administración del conjunto.
Estas medidas buscan asegurar que los recursos estén disponibles para cuando se ejecuta la sentencia definitiva, pero han generado tensiones internas entre copropietarios y administradores del conjunto, que ven afectado las finanzas del edificio.
Procesos de desacato y controversias vigentes
Medidas sobre cuotas de administración buscan garantizar el cumplimiento del fallo judicial. Foto:mapa de google
Más allá de la ratificación del fallo de fondo, el proceso ha desembocado en actuaciones por presunto desacato debido a la aparente falta de respuesta de la asociación a los requerimientos judiciales sobre el cumplimiento de las medidas cautelares. Desde 2023, diversos oficios han sido enviados para que la entidad reporte el cumplimiento de lo ordenado y entregue información sobre las personas que han ejercido la administración desde agosto de ese año.
Ante la ausencia de respuestas claras, el abogado del demandante solicitó la apertura de un incidente de desacato, trámite que sigue su curso y podría acarrear nuevas sanciones si se demuestra que la asociación ha obstruido el cumplimiento de las obligaciones judiciales.
el 28 de enero de 2026, el despacho judicial profirió un auto relacionado con la práctica de pruebas en el marco de estas actuaciones, decisión frente a la cual se han interpuesto recursos de reposición y apelación, manteniendo así el proceso abierto en varios frentes.
Impacto en la comunidad y sector residencial
El caso reabre el debate sobre la responsabilidad laboral de conjuntos residenciales en el país. Foto:mapa de google
El fallo ratificado no solo tiene implicaciones jurídicas para la Asociación de Vecinos de La Marina, sino también un impacto financiero y administrativo para los propietarios del conjunto. Las medidas cautelares sobre las cuotas de administración han generado preocupación entre los residentes, especialmente aquellos que no estuvieron vinculados a la gestión de 2015, pero que ahora se ven afectados por las cargas impuestas.
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Además, este caso pone de aliviar las brechas en la gestión de seguridad laboral dentro de asociaciones residenciales y otras entidades que contratan trabajadores bajo modalidades informales. Abogados laboralistas señalan que eventos como este pueden sentar precedentes sobre la importancia de garantizar la seguridad social y condiciones de trabajo adecuadas, incluso en sectores aparentemente ajenos a riesgos elevados.
Mientras tanto, la asociación y sus representantes legales enfrentan un proceso que combina ejecución de sentencia, cobro judicial y posible desacato, escenarios que prolongan la incertidumbre en torno a la resolución final del caso.
Debate sobre responsabilidad y seguridad en conjuntos residenciales
Conjunto Residencial La Marina. Foto:mapa de google
Este caso en Bocagrande no está aislado. Especialistas en derecho laboral y seguridad industrial advierten que muchos conjuntos residenciales en Colombia aún manejan sus contratos de mantenimiento y servicios con prácticas informales que pueden exponer tanto a los trabajadores como a las propias asociaciones a riesgos legales significativos.
La ratificación del fallo por parte del Tribunal Superior de Cartagena envía una señal clara sobre la obligación de cumplir con la normativa laboral y la obligación de asumir responsabilidades cuando la negligencia ocasiona daño físico y económico a terceros.
A medida que el proceso judicial sigue su curso en asuntos colaterales, la comunidad de La Marina espera que se declara no solo la ejecución de la sentencia principal, sino también las implicaciones de las actuaciones por desacato y las posibles sanciones adicionales que podrían derivarse.
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