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Un caso que parecía un simple accidente de tránsito terminó exponiendo un fenómeno más profundo: denuncias sobre extorsiones, justicia ilegal y control territorial de grupos armados en áreas turísticas de Santa Martadonde los comerciantes aseguran que pagar se volvió una condición para trabajar.
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La situación salió a la luz tras la denuncia del líder ambiental Luis Miguel Moisés, quien afirmó que su hijo fue obligado a pagar dinero luego de chocar un vehículo eléctrico alquilado en el sector turístico de El Rodadero. Según su relato, hombres en motocicleta llegaron al lugar, intimidaron al joven y exigieron el pago inmediato de 1,5 millones de pesos como compensación por el daño.
El ambientalista Luis Miguel Moisés fue quien denunció las intimidaciones. Foto:redes sociales
Días después de hacer pública la denuncia, Moisés decidió sacar a su familia de la ciudad en avión por temor a represalias. Asegura que su nombre y fotografía circularían en una lista atribuida a un grupo armado que ejerce autoridad ilegal en la zona.
“Si mi hijo no hubiera tenido para pagar ese dinero, otra sería la historia”, dijo.
Una autoridad paralela en zonas turísticas
aunque la Alcaldía de Santa Marta y la Fuerza Pública no han confirmado la participación directa de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra (ACSN) en este casoorganizaciones sociales y defensores de derechos humanos sostienen que en varios sectores turísticos existe un sistema informal de control impuesto por estructuras armadas.
El Rodadero, en Santa Marta. Foto:Roger Urieles
El defensor de derechos humanos Lerber Dimas afirma que la extorsión se ha normalizado hasta convertirse en parte del funcionamiento económico cotidiano.
“En Santa Marta pagar extorsión se volvió un servicio público más”, señaló.
Según explica, los llamados “urbanos”, jóvenes reclutados por organizaciones ilegales, realizan cobros periódicos a comerciantes y prestadores turísticos a cambio de vigilancia y resolución de conflictos.
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El modelo, asegura, opera con logística definida: motocicletas, teléfonos celulares y listados con negocios y números de contacto.
“El mensaje es claro: si pagan tienen vigilancia permanente y les responden por todo; si no colaboran, no pueden abrir”, afirmó.
Hace exactamente un año, luego de varios acercamientos exploratorios, el Gobierno anunció que iba a negociar con las ACSN en el marco de la ‘paz total’.
El ejército busca recuperar el control en ciertas zonas donde la presencia del grupo ilegal es masiva. Foto:cortesia
Óscar Mauricio Silva fue el hombre delegado por el Ejecutivo para adelantar los acercamientos con la organización criminal surgida tras la desmovilización del Bloque Tayrona de las Autodefensas, el octavo proceso en su momento en el marco de la ‘paz total’ y el cuarto espacio sociojurídico que se abrió en esta política.
Sin embargo, pasados 12 meses, no se han producido avances significativos, y el proceso mismo se maneja con hermetismo.
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Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, anteriormente conocidas como ‘Los Pachenca’, cuentan, según cifras de inteligencia, con alrededor de 1.000 integrantes. Entre sus principales fuentes de ingresos ilícitos se destacan el tráfico de drogas y la extorsión a comerciantes, agricultores y al sector turístico.
Los castigos que generaron aplausos.
El fenómeno tomó notoriedad pública en septiembre de 2025, cuando se viralizó videos de personas con el cabello rapado y sin cejas que confesaban robos o riñas mientras agradecían a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra por darles una “segunda oportunidad”.
Las imágenes generaron millas de reacciones en redes sociales. Lo llamativo fue que gran parte de los comentarios respaldaban las acciones del grupo armado, argumentando que los hurtos habían disminuido.
En la Sierra Nevada, se estima que tienen al menos unos mil hombres activos. Foto:cortesia
Comerciantes consultados aseguran que, efectivamente, los robos bajaron en sectores como El Rodadero y Taganga. Sin embargo, los defensores de derechos humanos advierten que esa aparente reducción responde a amenazas violentas contra delincuentes ya la imposición de justicia ilegal.
La economía del turismo bajo presión.
El impacto económico se extiende a múltiples actividades del sector turístico.
Un comerciante de Taganga, que pidió reserva de su identidad por seguridad, afirmó que prácticamente todas las actividades tienen cobros informales.
Las ACSN negaron la participación en estos hechos. Foto:redes sociales
“Cobran por cada silla que se alquila, por cada pescado que se vende y por cada pasaje en lancha. Todo tiene impuesto”, aseguró.
Según organizaciones sociales, muchos empresarios aceptan pagar convencidos de que es la única forma de trabajar sin problemas. Otros han optado por cerrar ante la imposibilidad de asumir las cuotas mensuales.
Para defensores de derechos humanos, estos ingresos fortalecen la capacidad operativa de los grupos armados y facilitan el reclutamiento de jóvenes encargados de las rutas de cobro. Ese fenómeno explica por qué cada vez más las víctimas que caen en casos de sicariatos son personas en edades entre los 19 y 25 años, que están al servicio de las ACSN o las AGC.
Negaciones que confirman un control histórico
Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra negaron responsabilidad en el caso denunciado por el líder ambiental. No obstante, en el mismo comunicado reconocieron que su organización ha ejercido control territorial durante décadas debido —según señalaron— a la ausencia histórica del Estado.
El Rodadero es una de las zonas turísticas bajo el control de grupos armados. Foto:redes sociales
Para analistas locales, esta afirmación confirma la existencia de una presencia estructural en determinadas zonas urbanas y rurales.
Fuentes de seguridad indican que las disputas entre estructuras ilegales ya no se limitan al narcotráfico y ahora incluyen el control de las extorsiones urbanas.
En los últimos seis meses, al menos cinco personas vinculadas al sector turístico han sido asesinadas en El Rodadero y zonas aledañas. Aunque las autoridades no han establecido móviles oficiales, algunas hipótesis apuntan a conflictos relacionados con cobros ilegales.
Amenazas que también alcanzan a la autoridad
La tensión aumentó recientemente tras la circulación de un video en el que hombres armados y encapuchados amenazaban a agentes de movilidad, acusándolos de abusos contra motociclistas.
Al día siguiente, disminuyó la presencia de funcionarios en algunas zonas y se suspendieron operativos de tránsito por precaución. Los controles fueron retomados posteriormente con acompañamiento policial reforzado.
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El episodio evidencia el impacto de las intimidaciones incluso sobre las instituciones.
La respuesta del Gobierno local
Ante el panorama, el alcalde Carlos Pinedo Cuello anunció un consejo extraordinario de seguridad para revisar los casos denunciados y acelerar las investigaciones.
“Desde el primer momento en que conocimos las denuncias activamos todos nuestros protocolos y coordinamos con las autoridades”, afirmó el mandatario.
El alcalde destacó además la creación del Gaula de la Policía exclusiva para Santa Marta, que adelanta investigaciones contra redes de extorsión.
Playas de Santa Marta son algunas de las más visitadas del país. Foto:archivo particular
Mientras tanto, unidades del Gaula han intensificado campañas en El Rodadero y otros balnearios invitando a comerciantes y ciudadanos a denunciar y evitar el pago de extorsiones.
Ante este panorama, Santa Marta atraviesa una paradoja compleja: mientras se consolida como uno de los destinos turísticos más importantes del Caribe colombianocrecen las denuncias sobre la presencia de actores ilegales que regulan conflictos, cobran sanciones económicas y ejercen control social en sectores estratégicos.
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El caso de Luis Miguel Moisés rompió el silencio que muchos comerciantes prefieren mantener por temor.
Por Roger Urieles, para EL TIEMPO Santa Marta. En X: @rogeruv
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