La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a los presuntos responsables de dos graves casos de maltrato animal ocurridos en Bogotá, en un proceso que contó con la actuación del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA)en articulación con la Policía Nacional, alcaldías locales y otras autoridades.
De acuerdo con la información oficial, los hechos corresponden a los casos de Samantha y Mila, que tuvieron amplia difusión en redes sociales y que ahora avanzan formalmente en la justicia penal.
En el primer caso, la Fiscalía imputó al presunto agresor de Samantha por el delito de lesiones que menos caben gravemente la salud o la integridad física de un animal, contemplado en el artículo 339C del Código Penal, con agravante del artículo 339B literal D. Este delito contempla una pena de prisión que oscila entre 30 y 73,5 meses. Durante la audiencia, el procesamiento no aceptó los cargos.
La perrita está siendo atendida con esmero y cariño. Foto:Captura de X
Los hechos ocurrieron el 24 de octubre de 2025 en la localidad de Usaquén. Según el reporte, Samantha, una canina de 14 años, fue agredida básicamente mediante patadas, lo que le ocasionó un grave menoscabo en su salud.
En el marco de un operativo interinstitucional, el IDPYBA realizó la evaluación médico-veterinaria y emitió concepto técnico desfavorable. Posteriormente, la autoridad policial procedió con la aprehensión material preventiva del animal, que quedó bajo custodia del Instituto, donde actualmente recibe atención integral y continúa en proceso de recuperación.
El caso de Milá en Bosa
En un segundo hecho, la Fiscalía imputó cargos contra la presunta agresora de Mila, una canina de 8 meses, que fue arrojada desde el balcón de un segundo piso en un conjunto residencial el 26 de noviembre de 2025, en la localidad de Bosa.
Según el reporte oficial, en videos difundidos públicamente se observaba cómo la mujer lanzaba a la perrita al vacío, causándole la muerte instantáneamente.
La imputación corresponde al delito de muerte al animal, contemplado en el artículo 339A del Código Penal, con circunstancias de agravación punitiva. La procesada tampoco aumentó los cargos y se expone a una pena de entre 48 y 98 meses de prisión.
El IDPYBA informó que en ambos casos recopiló y documentó el material probatorio, el cual fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el avance de los procesos penales.
Asimismo, la Oficina Jurídica del Instituto se constituirá como representante de las víctimas —Samantha y Mila— dentro del proceso judicial, liderando la actuación jurídica y trabajando de manera articulada con el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA) de la Fiscalía, con el fin de garantizar la defensa de sus intereses y avanzar en la judicialización de los presuntos agresores.
“En Bogotá no vamos a permitir que estas conductas queden sin consecuencias. Celebramos que estos casos avancen ante la justicia y reiteramos que desde el Instituto llevaremos cada proceso hasta las últimas instancias para garantizar que no haya impunidad”, señaló Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA.
El Instituto reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier caso de maltrato animal a través de la Línea Única de Emergencias 123, al señalar que la denuncia oportuna permite proteger la vida de los animales y garantizar que estos hechos tengan consecuencias legales.
CAROL MALAVER
SUBEDITOR BOGOTÁ
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