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En Santa Marta, el emprendedor no solo calcula llegar, servicios y nómina: también calcula cuánto debe pagar para que lo dejen trabajar. Es un “pago adicional” que se cobra con llamadas, visitas y amenazas, y que ha convertido la extorsión en una de las fuentes de financiación más estables y temidas de las dos estructuras armadas que se disputan la ciudad.
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Comerciantes, operadores turísticos y trabajadores del rebusque describen la misma escena con distintas palabras: “página de cierre“. En sectores turísticos como El Rodadero, la extorsión dejó de ser una posibilidad para convertirse en regla. A cambio, los grupos ofrecen algo parecido a un paquete de “seguridad”: acompañamiento, supuesta protección ante robos, control de conflictos y, en algunos casos, “respuestas” inmediatas cuando hay problemas con clientes o vecinos.
La paradoja es que ese”beneficio” es, en sí mismo, el retrato del poder ilegal: quien paga obtiene respaldo armado; quien no “colabora” queda expuesto a presiones que pueden terminar en amenazas, agresiones o el cierre forzado del negocio.
Un investigador lo resume sin rodeos: “No hay una zona específica. Aunque el capital principal lo manejan en sitios turísticos, la extorsión ya se está normalizando en toda la ciudad”.
Génesis: un territorio “flexible” para la ilegalidad
Autoridades refuerzan operativos contra las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada. Foto:policia santa marta
el defensor de derechos humanos Lerber Dimas Se plantea que Santa Marta no llegó a este punto de un día para otro. Habla de décadas de presencia armada y de una ciudad donde la gobernanza criminal le fue ganando terreno y, en ocasiones, se mezcló con la gobernanza política.
Santa Marta ha sido territorio de nadie… la gobernanza armada superó la gobernanza política
En su lectura, desde los años 80 se asentaron dinámicas de autodefensas y, tras la desmovilización paramilitar, vino un “desorden criminal” con múltiples estructuras en disputa. Ese carrusel de actores armados dejó dos huellas profundas: control territorial y una cultura de resolución de conflictos por la vía de la fuerza.
Dimas describe una lógica que se volvió cotidiana: si la ruta legal es lenta, costosa o ineficaz, aparece el atajo del actor armado. “Usted pone una demanda y eso puede demorarse meses… pero si va donde el actor armado, mañana le pagan”, explica, retratando cómo esa “eficiencia” construyó dependencia social y legitimación del miedo.
De la disputa por rutas al negocio que no falla: extorsión y gota a gota
Grupos armados estarían dirimiendo problemas civiles y cobrando supuestos impuestos en Santa Marta. Foto:Alcaldia de Santa Marta
hoy, el control armado en Santa Marta se atribuye principalmente a dos estructuras: Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) y Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Hasta hace poco se disputaban rutas de drogas y otros mercados ilegales. Ahora, según investigadores, el choque más rentable se trasladó a una renta “segura”: la extorsión.
La ecuación es simple: el turismo y el comercio mueven dinero todos los díasy el cobro periódico garantiza un flujo constante.
Los grandes paganos para evitar “inconvenientes”. Los pequeños, en cambio, quedan contra la pared: sus ingresos no alcanzan para sostener cuotas mensuales y “matrículas” impuestas, y el margen para resistirse es mínimo.
“En Taganga paga el carpero, la que hace trenzas, el que vende jugos, el lanchero, el dueño de restaurante. Todos. Diariamente nos visitan y debemos mostrar las finanzas. De acuerdo con lo que se vende, nos cobran un porcentaje”, detalló un comerciante que por su seguridad no reveló su nombre.
A esto se suma otra renta que, de acuerdo con investigadores, crece en silencio: el gota a gota. Préstamos rápidos, intereses altos, cuotas diarias y castigos violentos cuando no se paga. No es solo plata: es control sobre la supervivencia.
Un caso que lo retrata todo: “Rambo” y el mensaje a El Rodadero
El operativo de la Policia. Foto:redes sociales
La captura esta semana de Moisés David Puertas Fonseca, alias “Rambo”señalado por la Policía como integrante de las ACSN, expuso el trasfondo de ese sistema. Las autoridades lo vinculan con el asesinato de Aquilino José Salazar, operador turístico de una empresa reconocida en El Rodadero.
Salazar, descrito por quienes lo conocían como trabajador y sin enemigos visibles, terminó convertido en símbolo de una hipótesis que se repite en el sector: su muerte habría sido una forma de presión para ajustar una cuota de extorsión. No es una versión judicialmente cerrada, aún es materia de investigación, pero encaja con el patrón que los comerciantes denuncian: el cobro se impone y el incumplimiento se castiga.
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En varios barrios, mientras algunos celebran que “bajaron los robos” o que ya no hay ciertas alteraciones del orden público, otra lectura se abre paso: no siempre es resultado exclusivo de operativos oficiales, sino del miedo y la justicia ilegal.
Las llamadas “limpiezas sociales” funcionan como demostración de poder: Aparecen muertos consumidores, recicladores, ladrones comunes con carteles que explican el “porqué”. y anuncian al responsable. No es solo un crimen: es un comunicado, dice Norma Vera, también defensora de derechos humanos.
En redes, ese control a veces se aplaude: cuando aparece un presunto ladrón trasquilado, pidiendo perdón en público o agradeciendo una “segunda oportunidad”, Hay más celebraciones que rechazos.
Esa reacción social, advierten defensores de derechos humanos, es parte del problema: convierte la violencia en herramienta aceptable de orden.
De hecho, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denuncia prácticas como violencia física, trabajo forzado y exhibición pública con mensajes de arrepentimiento en Santa Marta, advirtiendo que pueden constituir tratos crueles y hasta delitos graves según los estándares internacionales.
El músculo urbano y la expansión: reclutar, cobrar, castigar
En playas de Santa Marta, los trabajadores informales deben pagar cuotas diarias para evitar amenazas. Foto:redes sociales
Según estimaciones citadas por investigadores, las ACSN tendrían un poder dominante en Santa Marta, con una estructura que no se limita a la Sierra Nevada: también opera un componente urbano con líderes de zona, financieros, cobradores y sicarios, cada uno con un rol en el andamiaje criminal.
El reclutamiento de jóvenes en barrios periféricos como 11 de noviembre, Timayui y sectores del nororiente habrían aumentado, aceptado por pagos y una “logística” que consolida la operación.
La base del control, insiste Lerber Dimas, es territorial: redes locales, vigilancia comunitaria de facto y regulación de dinámicas como el mototaxismo, que termina funcionando como sistema de información.
Trabajan incluso articulados con mototaxistas para saber quién entra y sale de un barrio
En los últimos años los perfiles de las víctimas son los mismos: mototaxistas, cobradiarios, todos en su mayoría jóvenes y con alguna relación directa o indirecta con algún grupo de autodefensas.
“Cuando eso sucede es porque algo hizo mal o porque vendió información o en el caso más normal por ser parte del bando contrario”, sostiene la defensora de derechos humanos, Norma Vera.
Estado, capturas y un acuerdo bajo lupa
Organizaciones de derechos humanos advierten que la “justicia” ilegal profundizan el miedo. Foto:policia santa marta
La Policía sostiene que, a través del Gaula y con apoyo de denuncias, se fortalecieron operativos y resultados: 223 capturas por extorsión entre 2025 y 2026 asociados a miembros de ACSN y AGC, según el consolidado mencionado por las autoridades.
También aseguran que gracias a todas las acciones de la fuerza pública se permiten reducir los homicidios en un 16,2% registrando 166 hechos en comparación con 198 del año 2024 y 195 del 2023. De esta cifra, 138 de ellos fueron por sicariato, 8 feminicidios y otros por acciones violentas como: accidentes de tránsito, riñas, violencia intrafamiliar y suicidios.
En paralelo, recientemente el Gobierno protocolizó en Bogotá un “Acuerdo (II) Especial para el Desescalamiento de las Violencias “con las ACSN, con compromisos como no interferir en las elecciones, no atacar a la Fuerza Pública, no reclutar menores y en el papel abstenerse de extorsionar en municipios priorizados como Santa Marta, Ciénaga y Dibulla. El pacto contó con el acompañamiento de la MAPP-OEA como observadora.
En la ciudad, la expectativa está partida: hay comerciantes que permiten sentirse “tranquilos”” Pagando, porque el grupo “resuelve” lo que el Estado no resuelve. Y está el otro lado: el que paga porque no tiene opción.
el alcalde Carlos Pinedo Cuello endureció el discurso y prometió persecución “casa por casa” contra extorsionistas, con consejos de seguridad bimensuales y operaciones permanentes, especialmente en El Rodadero.
“Estos extorsionistas tendrán dos caminos, la cárcel o el cementerio.”, manifestó en un consejo de seguridad que se celebró recientemente a raíz de las denuncias de extorsión.
La alcaldía pidió a la policía y ejército incrementar las acciones en sitios turísticos y barrio a barrio para compartir a estos grupos que tienen contra la pared al comercio de la ciudad.
El mensaje oficial busca recuperar el control institucional. Pero el pulso real se juega en la llamadae: en quién impone la norma y quién cobra por dejar trabajar.
Asimismo, hay inquietud por los diálogos sostenidos entre el Gobierno Nacional y estas organizaciones criminales, que pese a buscar acuerdos, siguen generando temor y presión entra la población civil. Organizaciones, gremios y comunidades le piden al presidente Gustavo Petro tomar acciones urgentes y claros frente a estas bandas.
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