el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) confirmar que el ataque armado registrado en el municipio de Ponedera, Atlántico, fue clasificado oficialmente como la masacre número 19 de 2026 en Colombia, tras la caída de la tercera víctima que permanecía hospitalizada.
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La organización precisó que el hecho alcanzó la categoría de masacre luego de que se confirmara la muerte de una mujer que había resultado gravemente herida dUrante el atentado. Con este deceso, el número de víctimas fatales ascendió a tres, cumpliendo con los criterios establecidos para este tipo de clasificación.
El caso ha generado conmoción en el departamento del Atlántico y reavivó las alertas sobre la persistencia de la violencia armada en municipios con antecedentes de presencia de estructuras criminales y advertencias tempranas por riesgo para la población civil.
El ataque en el barrio San Francisco
Seguridad en Barranquilla. Foto:Alcaldia Barranquilla
El atentado ocurrió el 18 de febrero de 2026 en el barrio San Francisco de Ponedera. Según la información recopilada por las autoridades, tres hombres armados que se desplazaron en motocicleta abrieron fuego contra dos mujeres y un niño de apenas dos años que se encontraban en la terraza de una vivienda.
En el lugar de los hechos falleció Constanza Isabel Rivera Salas, mientras que el menor, identificado como Jordán Cervantes López, fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde murió posteriormente debido a la gravedad de las heridas.
La tercera víctima, Leisis María Silvera Manotas, había sido remitida a un hospital tras resultar herida en el ataque. Sin embargo, el 20 de febrero se confirmó su caída, lo que llevó a Indepaz a incluir el caso dentro del registro nacional de masacres en lo corrido del año.
Alerta temprana y riesgo para la población civil
Familiares y vecinos se congregaron para exigir justicia y mayor seguridad ante la ola de violencia. Foto:redes sociales
La Defensoría del Pueblo había emitida la Alerta Temprana 013/25, documento que incluye una Ponedera dentro de los municipios con llamados de acción prioritaria por riesgo de violencia. En dicha advertencia, el organismo señaló la imposición de normas y formas de control social por parte de grupos armados ilegales.
De acuerdo con la Defensoría, estas dinámicas representan un riesgo constante de vulneración de derechos humanos, especialmente para comunidades que quedan atrapadas en disputas territoriales y economías ilícitas.
El hecho de que la masacre ocurrió en un municipio previamente advertido por las autoridades de control ha generado cuestionamientos sobre la efectividad de las medidas preventivas y la capacidad institucional para anticipar este tipo de crímenes.
Presencia de estructuras criminales en la zona.
Constanza Isabel Rivera Salas, de 39 años, es una de las víctimas. Foto:redes sociales
En su informe, Indepaz indicó que en el territorio donde se registró el ataque tienen estructuras de injerencia como el Clan del Golfo, conocido también como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), además de bandas delincuenciales de alcance local.
La presencia de estos grupos en la región Caribe ha estado asociada a disputas por el control de rentas ilegales, entre ellas el microtráfico, la extorsión y otras economías ilícitas que impactan directamente a la población civil.
Asimismo, la organización recordó que en la jurisdicción opera la Primera División del Ejército Nacional, unidad con responsabilidad en el Caribe colombiano, lo que pone en evidencia la complejidad del escenario de seguridad en el Atlántico.
Masacres en Colombia: cifras y contexto en 2026
Masacre Guamalito Foto:ARCHIVO PARTICULAR
En este caso, ya son 19 las masacres registradas en Colombia en 2026, Según el relato de Indepaz. La cifra refleja la persistencia de hechos de violencia múltiple en distintas regiones del país, pese a los esfuerzos institucionales por contener la expansión de estructuras armadas.
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Las masacres, definidas como homicidios de tres o más personas en un mismo evento, siguen siendo un indicador crítico en materia de derechos humanos y seguridad territorial. Organizaciones sociales han reiterado la necesidad de fortalecer la prevención y la protección de comunidades en riesgo.
En el caso específico de Ponedera, la muerte de un menor de dos años intensificó el rechazo ciudadano y el llamado urgente a garantizar la protección de la niñez frente a contextos de violencia armada.
Exigencias de justicia y acciones institucionales
Aspecto general del municipio de Ponedera. Foto:redes sociales
Tras la confirmación de la masacre, autoridades locales y organizaciones de derechos Los humanos exigieron avances rápidos en la investigación para identificar y capturar a los responsables. La Fiscalía y la Policía iniciaron trabajos de recolección de pruebas y análisis de cámaras de seguridad en el sector.
la comunidad de Ponedera realizó actos simbólicos de rechazo y pidió mayor presencia institucional. Los líderes sociales insistieron en que no basta con operativos posteriores al crimen, sino que se requieren estrategias estructurales que desarticulan las redes criminales que operan en la región.
El caso vuelve a poner sobre la mesa el desafío de garantizar seguridad y protección efectiva en municipios con alertas tempranas vigentes, así como la necesidad de una respuesta integral que combine acción judicial, presencia estatal y programas de prevención social.
La masacre en Ponedera no solo incrementa las estadísticas nacionales de violencia en 2026, sino que deja en evidencia la urgencia de fortalecer las políticas públicas para proteger a la población civil frente a la amenaza persistente de grupos armados ilegales.
