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La legitimidad de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), el mecanismo de reparación política nacido del Acuerdo de Pazenfrenta hoy un desafío jurídico y ético en el sur del país.
El Tribunal Administrativo del Meta, a través del auto interlocutorio No. 049, admitió una acción de tutela que pone bajo la lupa un fenómeno demográfico catalogado como ‘atípico’ en el departamento del Guaviare.
La demanda, interpuesta por la Asociación Red de Mujeres Rurales Vereda La Y (ASOYERURAL), denuncia lo que parece ser una operación de trashumancia electoral a gran escala diseñado para capturar la representación de las víctimas en el CITREP 7.
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…hacían las largas filas en los puestos cercanos de votación rural de manera descarada para inscribir la cédula para votar en el sector rural, y así favorecer a un candidato”
denuncia enviada a la Magistrada Maritza Martínez Aristizabal, del Consejo Nacional Electoral
El milagro demográfico:
un aumento del 1.500%
Trashumancia electoral. Foto:archivo particular
El argumento central de la tutela radica en la desproporción técnica de las cifras. mientras que el censo electoral general del Guaviare tuvo un crecimiento moderado del 24% entre 2019 y 2023para las primeras justas electorales que se llevarán a cabo el próximo 8 de marzo varios puestos de votación rurales han experimentado una ‘explosión’ de inscritos que desafiaba cualquier lógica poblacional:
Agua Bonita (San José): Pasó de 170 inscritos en 2022 a 2.789 en 2026. Un aumento del 1.540%.
Tierra Alta (El Retorno): El censo saltó de 268 a 743 votantes en el mismo período.
La trashumancia electoral es la acción de inscribir la cédula para votar en un lugar distinto a aquel en el que se reside y constituye un delito contemplado en el Código Penal Colombiano bajo el nombre de fraude en inscripción de cédulas.
Lea y descargue el auto del Tribunal Administrativo del Meta
Según el auto, en manos de EL TIEMPO y que publicamos para nuestras audiencias, estos incrementos superiores al 1.500% en puestos específicos, rompen toda proporcionalidad demográfica. Los puntos críticos señalados por la comunidad que hace la denuncia incluyen:
IE Agua Bonita (Sedes Santo Domingo y Rafael Pombo).
IE Puerto Arturo.
San Isidro Uno, Tierra Alta y Cerritos.
Para las demandantes, este comportamiento no es casual, sino un ‘indicio objetivo de inscripción fraudulenta de electores’.
“Es de conocimiento público en el Guaviare, el sin número de funcionarios públicos especialmente de la Gobernación del Guaviare, de la empresa de energía, Energuaviare, alcaldías municipales de San José, El Retorno, Calamar y otros ciudadanos residentes en el sector urbano que hacían las largas filas en los puestos cercanos de votación rurales de manera descarada para inscribir la cédula para votar en el sector rural, y así favorecer a un candidato”, señala en uno de sus apartes una denuncia enviada a la Magistrada Maritza Martínez Aristizabal, del Consejo Nacional Electoraly en manos de EL TIEMPO.
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Presunto trasteo de voto
y presuntas presiones
La tutela no solo se apoya en estadísticas. El Tribunal recibió información sobre versiones públicas y denuncias que señalan presuntas orientaciones de contratistas y funcionarios para trasladar masivamente inscripciones de cédulas hacia municipios que integran la CITREP 7.
Ante la gravedad de los hechos, ASOYERURAL solicitó que la Registraduría Nacional realice una verificación administrativa documentada y que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ejerce su función inmediata de inspección y vigilancia sobre este censo atípico.
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Comunidades piden acciones
autoridades electorales
Dada la cercanía del proceso electoral, la asociación solicitó medidas de choque para evitar que el fraude se consuma en las urnas. Entre las pretensiones más radicales aceptadas para análisis se encuentran:
Suspensión inmediata de los efectos electorales de las inscripciones con indicios de alteraciones.
También solicitan un cruce técnico urgente de datos para verificar la residencia real de los inscritos y descartar desplazamientos masivos.
Orden de no consolidar ni computar de manera definitiva los resultados de los puestos aludidos hasta que no culmine la verificación técnica.
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El Estado bajo la lupa
El Tribunal ha vinculado al proceso no solo al CNE ya la Registraduríasino que ha solicitado la intervención de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría para que investiguen posibles conductas delictivas o disciplinarias derivadas de este trasteo’ de votos.
La CITREP 7, que abarca los sectores rurales de San José del Guaviare, El Retorno, Calamar, Puerto Rico, Mesetas, La Macarena y La Uribe, se encuentra hoy en un limbo jurídico.
El fallo de esta tutela definirá si las curules creadas para las víctimas terminan en manos de quienes, mediante el engaño, pretender suplantar la voz de la paz en el territorio.
Además, te invitamos a
ver nuestro documental:
Documental de la periodista Jineth Bedoya. Foto:
Redacción EL TIEMPO
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