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A solo cinco días de que se abran las urnas para las elecciones del 8 de marzo, la justicia colombiana ha proferido un fallo que pone bajo sospecha la legitimidad democrática en el sur del país.
El Tribunal Administrativo del Meta, mediante el auto interlocutorio No. 049, ha concedido el amparo de los derechos fundamentales a la participación política y la reparación de las víctimas dentro de la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (CITREP) 7tras detectar lo que califican como una operación de “trashumancia a gran escala” para capturar estos curules en las urnas el próximo domingo.
La decisión judicial es la respuesta a la demanda interpuesta por la Asociación Red de Mujeres Rurales Vereda La Y (ASOYERURAL), quienes denunciaron incrementos en el censo electoral rural de hasta el 1.540%, una anomalía demográfica que desafía cualquier lógica poblacional.
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La anatomía del presunto fraude
Trashumancia electoral. Foto:archivo particular
El corazón de la denuncia radica en la desproporción técnica de los censos en el departamento del Guaviare.
Mientras que el crecimiento del censo electoral general ha sido moderado, puestos de votación en zonas rurales estratégicas para las víctimas han experimentado una ‘explosión’ de nuevos inscritos.
El caso más alarmante se registra en Agua Bonita (San José), donde el censo pasó de 170 inscritos en 2022 a 2.789 en 2026. Un fenómeno similar ocurre en Tierra Alta (El Retorno), que saltó de 268 a 743 votados en el mismo período.
Lea y descargue el fallo
del Tribunal del Meta
Para el Tribunal, estos incrementos rompen toda proporcionalidad demográfica y constituyen una “indicio objetivo de inscripción fraudulenta”.
Los puntos críticos identificados por la justicia como posibles escenarios de fraude incluyen las sedes Santo Domingo y Rafael Pombo de la IE Agua Bonita, la IE Puerto Arturo, y sectores como San Isidro Uno y Cerritos.
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Funcionarios públicos bajo sospecha
Existe una demanda pública en el Guaviare sobre el traslado masivo de funcionarios de la Gobernación Foto:Jaime Moreno
La tutela no solo señala números, sino nombres y entidades.
El expediente también fue enviado a la magistrada Maritza Martínez Aristizábal, del Consejo Nacional Electoral (CNE). En él ratifican la demanda pública sobre el presunto traslado masivo de funcionarios de la Gobernación del Guaviare, de la empresa de energía Energuaviare, y de las alcaldías de San José, El Retorno y Calamar hacia los puestos rurales.
“Hacían las largas filas en los puestos cercanos de votación rurales de manera descarada para inscribir la cédula (…) y así favorecer a un candidato”, reza uno de los apartes de la denuncia ciudadana que hoy es base del fallo judicial.
Se investiga si existieron orientaciones directas de contratistas y funcionarios para trasladar el censo urbano hacia la zona rural, desvirtuando la naturaleza de las Curules de Paz, creadas exclusivamente para dar voz a las víctimas del conflicto armado y no a las maquinarias políticas tradicionales.
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El mandato judicial exige
la depuración inmediata del censo
Ante la inminencia de las elecciones, el Tribunal Administrativo del Meta ha ordenado de cumplimiento inmediato para proteger la finalidad constitucional de la CITREP 7:
Al Consejo Nacional Electoral (CNE) le pide “ejercer funciones de inspección y vigilancia sobre las inscripciones irregulares señaladas”.
A la Registraduría Nacional le ordena realizar verificaciones técnicas y administrativas para depurar el censo electoral en los puestos rurales bajo la lupa.
El Tribunal también enfatizó que, al tratarse de medidas de reparación política, el Estado tiene el deber de garantizar que solo voten quienes realmente cumplen las condiciones de víctimas rurales.
Investigación en manos
de la Registraduría y el CNE
La trashumancia electoral, más conocida como el ‘trasteo de votos’, es un delito penal en Colombia que socava la representatividad. En el caso de las CITREP, el daño es doble: no solo se defrauda el sistema electoral, sino que se revictimiza a quienes esperaron décadas para tener un espacio propio en el Congreso.
Las comunidades de esta región del país claman a la Registraduría y al CNE que, en menos de 120 horas, limpien un censo que hoy estaría envuelto en un presunto fraude en las selvas del Guaviare.
Además, te invitamos
a ver nuestro documental:
Documental de la periodista Jineth Bedoya. Foto:
EL TIEMPO
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