La imputación Registraduría Montería se concretó el 4 de agosto de 2026, cuando la Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra Jairo Winston Mendoza Soto, auxiliar administrativo de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Montería. La acusación formal, o imputación, es el señalamiento que hace la Fiscalía ante un juez contra una persona por un presunto delito, en este caso, concusión. Este funcionario es señalado de exigir una suma de dinero a una aspirante al Congreso de la República con el fin de manipular los resultados de las elecciones legislativas pasadas.
Según la Fiscalía, Mendoza Soto habría solicitado 100 millones de pesos a una candidata a cambio de favorecerla con 1.000 votos en las elecciones legislativas del 8 de marzo. La investigación de la Dirección Especializada contra la Corrupción reveló detalles sobre los encuentros y la exigencia económica.
¿Qué se imputa al auxiliar de la Registraduría en Montería?
La Fiscalía imputó a Jairo Winston Mendoza Soto el delito de concusión, que se configura cuando un servidor público, abusando de su cargo o de sus funciones, constriñe o induce a alguien a dar o prometer dinero o cualquier otra utilidad indebida. Los hechos que sustentan la imputación Registraduría Montería incluyen:
Contacto telefónico el 25 de febrero de 2026 con la candidata para acordar una reunión.
Encuentro inicial en la residencia de la aspirante, donde se habría solicitado el dinero.
Segunda reunión en una cafetería de Montería, donde el funcionario habría reiterado la exigencia económica.
Promesa de manipulación de resultados electorales para entregar 1.000 votos.
Durante la audiencia de control de garantías, el auxiliar Mendoza Soto no aceptó los cargos formulados por el ente investigador. La Fiscalía enfatizó que la divulgación de este caso responde a razones de interés general y el proceso judicial continuará de acuerdo con las etapas establecidas.
¿Qué sigue en el proceso judicial por concusión?
Tras la imputación Registraduría Montería, el proceso judicial seguirá su curso con la presentación de pruebas y el desarrollo de audiencias. La no aceptación de cargos por parte de Mendoza Soto significa que el caso avanzará a juicio oral, donde la Fiscalía deberá demostrar la culpabilidad del acusado. Los pasos siguientes incluyen la audiencia de acusación, la audiencia preparatoria y, finalmente, el juicio. Este tipo de procesos buscan garantizar la transparencia y la legalidad en los comicios, como lo ha señalado reiteradamente la Fiscalía General de la Nación, según información oficial.
Este caso subraya la importancia de la vigilancia en los procesos electorales colombianos y la determinación de las autoridades para perseguir la corrupción. Para más información sobre casos similares y la actualidad del país, puede consultar más noticias de Colombia.
