La exigencia de congelar contratación MinIgualdad es la solicitud formal presentada por el Equipo de Empalme Anticorrupción, por instrucción directa del presidente electo Abelardo De La Espriella, al liquidador del Ministerio de la Igualdad, Rafael Rodríguez Ortiz, y al presidente de Fiduagraria, Guillermo Javier Zapata. Esta acción, realizada el jueves 6 de agosto de 2026, pide la suspensión inmediata de todos los procesos contractuales y de vinculación de personal en el Fondo para la Igualdad y la Equidad (Fonigualdad), que se encuentra en proceso de liquidación según el Decreto 626 de 2026.
La medida busca detener actuaciones contractuales detectadas en los últimos días que, según el equipo de empalme, sobrepasan las facultades legales para procesos de liquidación. Se advierte que la omisión o autorización de giros financieros implicará responsabilidades de carácter fiscal, disciplinario, penal y civil para los administradores y fiduciarios a cargo.
¿Qué implica la exigencia de congelar contratación MinIgualdad?
La exigencia de congelar contratación MinIgualdad busca detener varios movimientos administrativos y financieros en el Ministerio de la Igualdad, que está en etapa de cierre institucional. El equipo de empalme ha subrayado la necesidad de proteger el erario público ante posibles irregularidades.
Las principales medidas exigidas por la comisión de empalme incluyen:
Suspensión inmediata de cualquier nueva vinculación de personal mediante empresas temporales o bolsas de empleo.
Entrega completa del inventario contable y de todos los compromisos contractuales vigentes para su auditoría.
* Congelación de $9.082 millones correspondientes a anticipos, pago de nómina y desembolsos relacionados con el contrato EGA-033-ICD-008-2026.
Datos clave sobre el Ministerio de la Igualdad
El contrato EGA-033-ICD-008-2026, suscrito con la firma Laborando S.A.S. por un valor total de $30.275 millones, tenía como objetivo el suministro de 1.270 personas en misión para la entidad en liquidación. Esta situación coincide con advertencias previas de la Contraloría General de la República, que emitió una alerta fiscal por un riesgo inminente superior a los $140.910 millones en contratos celebrados con la misma firma, sin evidencias claras de resultados ejecutados, según reportó El Tiempo.
A esto se suma una indagación preliminar de la Procuraduría General de la Nación por la firma de compromisos burocráticos por $30.000 millones durante la fase de cierre institucional. La solicitud formal del empalme fue remitida con copia al presidente saliente Gustavo Petro, a la Fiscalía General de la Nación, a la Contraloría, a la Procuraduría, y a las fiduciarias Fiduprevisora y Fiducoldex. La comisión ratificó que mantendrá un monitoreo constante sobre el uso de los recursos públicos hasta la transmisión formal del mando constitucional.
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