El miércoles 12 de agosto de 2026, la Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra Ricardo Roa por presunta violación topes campaña “Petro Presidente” de 2022. Esta acción judicial formaliza el proceso contra Roa, quien se desempeñó como gerente de la campaña electoral que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia de la República. La violación de topes de financiación electoral ocurre cuando los gastos de una campaña política superan los límites establecidos por la autoridad electoral.
La decisión representa un avance en la investigación que busca determinar si, durante la contienda presidencial de 2022, se ocultaron o registraron irregularmente gastos para evitar exceder los límites fijados. Roa ha mantenido su inocencia desde la audiencia de imputación de cargos, donde no aceptó las acusaciones que le fueron imputadas.
¿Qué implica la acusación por violación topes campaña?
La Fiscalía sostiene que la campaña presidencial de 2022 superó los límites de financiación para las dos vueltas electorales. Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), el tope establecido para ese periodo fue de aproximadamente $28.500 millones. No obstante, la investigación fiscal atribuye a la campaña gastos cercanos a los $30.000 millones, lo que representa un presunto exceso de $1.500 millones.
Estos recursos, según el ente acusador, no habrían sido reportados completamente en el aplicativo Cuentas Claras, la plataforma oficial para el registro de ingresos y gastos de las campañas. Además, se señala que algunos movimientos financieros se habrían registrado en periodos distintos a los de su ocurrencia real. Este manejo habría permitido presentar cifras menores a las efectivamente gestionadas, ocultando así la supuesta violación topes campaña.
Detalles de la investigación fiscal
La Fiscalía considera que Ricardo Roa, en su rol de gerente, tuvo participación directa en las decisiones administrativas y financieras. Entre sus responsabilidades se encontraban la aprobación de desembolsos, la suscripción de contratos y la validación de registros contables. Con base en estas funciones, se presume que Roa tenía conocimiento sobre el origen, manejo y destino de los recursos de campaña.
Para sustentar la acusación, la Fiscalía recopiló diversa información financiera y electoral, además de documentación remitida por el CNE. Los elementos analizados incluyen:
Reportes de ingresos y gastos de la campaña.
Registros contables detallados.
Documentación relacionada con la administración de recursos.
Evidencia de movimientos financieros en periodos inconsistentes.
* Análisis de desembolsos y contratos suscritos.
El caso avanza ahora hacia la etapa de juicio, donde la Fiscalía deberá presentar formalmente los hechos y las pruebas ante un juez, mientras la defensa tendrá la oportunidad de controvertir los argumentos. Aún no se ha definido el despacho judicial ni la fecha para la audiencia de acusación. Puede consultar más detalles sobre la normativa electoral en Colombia en la página del Consejo Nacional Electoral.
Este proceso judicial es relevante para la supervisión de la financiación política en Colombia y la rendición de cuentas de los gerentes de campaña. Para mantenerse informado sobre desarrollos similares, explore nuestra sección de unidad investigativa.
