El retiro cable Cartagena en desuso y la reorganización del espacio público urbano son el centro de una demanda que ha recibido el respaldo formal de la Procuraduría 3.ª Judicial II Ambiental y Agraria. La acción popular, interpuesta por la Veeduría Ciudadana Instrumento Popular, busca que compañías de servicios y telecomunicaciones, así como entidades distritales, asuman su responsabilidad frente a la contaminación visual y los riesgos generados por el cableado aéreo obsoleto. La situación en Cartagena, con su densa red de cables inservibles, es un claro ejemplo del deterioro del paisaje urbano y los peligros para la ciudadanía.
¿Qué implicaciones tiene el retiro cable Cartagena para otras ciudades colombianas?
La decisión del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de admitir esta demanda y el subsiguiente respaldo de la Procuraduría General de la Nación, mediante el auto interlocutorio 0675 de 2026, establece un precedente significativo para otras urbes del país. El problema de la “telaraña urbana”, caracterizada por toneladas de cables obsoletos colgando de los postes, es una realidad extendida en múltiples ciudades colombianas. Este caso particular de retiro cable Cartagena abre la puerta para que otras comunidades y veedurías ciudadanas utilicen la figura de la acción popular para exigir a las empresas y administraciones locales la limpieza del espacio público, promoviendo un ambiente más sano y seguro para todos.
La demanda vincula directamente a empresas como Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia, Grupo EPM), Ufinet, ETB, Claro (Comcel), Tigo (UNE EPM), Movistar (Colombia Telecomunicaciones) y DirecTV. También incluye a la Alcaldía Mayor de Cartagena, la Personería Distrital y el Ministerio Público, a quienes se les exige responsabilidades en el control del espacio público. La problemática no solo afecta la estética, sino que representa riesgos latentes para la vida de los ciudadanos.
La batalla por el espacio público y el ambiente urbano
El deterioro causado por el cableado aéreo en exceso y sin mantenimiento ha sido documentado con registros fotográficos y de video en diversos sectores de Cartagena, incluyendo Manga, Crespo, Barrio España, Bruselas, Blas de Lezo, El Carmelo y zonas aledañas al Centro Histórico. Las anomalías objetivas señaladas por la Veeduría resaltan preocupaciones cruciales:
Inseguridad vial y peatonal: Cables colgados a menos de dos metros de altura que son arrastrados por vehículos pesados o causan caídas a los transeúntes.
Riesgo eléctrico: Contacto directo y peligroso entre líneas de telecomunicaciones y redes de media y alta tensión.
* Sobrecarga de infraestructura: Postes ladeados o al borde del colapso por el peso excesivo de bobinas y marañas acumuladas.
La intervención de la Procuraduría, en este proceso de retiro cable Cartagena, subraya la importancia de la supervisión estatal en la protección de los derechos colectivos, como el goce de un ambiente sano y la defensa del espacio público. Su apoyo formal a la acción popular fortalece la posición ciudadana frente a las compañías de servicios públicos y telecomunicaciones, según ha manifestado la entidad en sus comunicados, accesibles en la sección de prensa de la Procuraduría General de la Nación.
Este caso judicial en Cartagena podría marcar un punto de inflexión en la gestión del cableado aéreo obsoleto en Colombia. La exigencia de responsabilidades a empresas y autoridades locales busca sentar las bases para una infraestructura urbana más organizada y segura. Para seguir informado sobre este y otros temas relevantes, explore más noticias de Colombia.
