La representación jurídica de la familia del menor Kevin Arley Acosta Pico radicó una solicitud formal ante la Presidencia del Congreso de la República para que se adopten medidas restrictivas que impidan la salida Petro Kevin Acosta del expresidente Gustavo Petro. Esta acción se enmarca en las investigaciones judiciales que buscan establecer eventuales responsabilidades del exmandatario en el deceso del niño de siete años, ocurrido el 13 de febrero en Bogotá. La figura de posición de garante es un concepto jurídico que establece la responsabilidad penal de quien, por su rol o función, tiene el deber de proteger a una persona o evitar un daño, y al no hacerlo, contribuye a la ocurrencia de un resultado lesivo.
El recurso legal argumenta que el expresidente debe responder ante las autoridades competentes por la compulsa de copias remitida por la Fiscalía General de la Nación a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes. En dicho expediente se evalúan posibles responsabilidades bajo la figura de posición de garante por la supuesta comisión de los delitos de violación de datos personales agravado y homicidio culposo. Estos hechos se derivan de la divulgación no autorizada de la historia clínica del menor y la gestión de las políticas del sector de la salud pública.
¿Qué implica la solicitud de salida Petro Kevin Acosta para el sistema de salud colombiano?
Este caso pone bajo el microscopio la supervisión y la responsabilidad de los funcionarios gubernamentales frente a las intervenciones en entidades de salud. Kevin Acosta padecía hemofilia A severa y requería el medicamento emicizumab, cuyo suministro fue interrumpido por la Nueva EPS. Esta entidad se encontraba bajo la intervención del Gobierno central a través de la Superintendencia Nacional de Salud desde abril de 2024.
La interrupción de un tratamiento vital en una EPS intervenida por el Gobierno central genera un precedente crítico sobre la salida Petro Kevin Acosta y la rendición de cuentas en la administración de la salud. La madre del menor, Yudy Katherine Pico Naranjo, sostiene que las modificaciones administrativas a la EPS generaron barreras de acceso en la prestación de servicios médicos esenciales. Esto, afirman, asfixió la operatividad asistencial en las regiones, dificultando el acceso a medicamentos y tratamientos cruciales.
Las acusaciones clave en el caso de la familia Acosta contra el expresidente incluyen:
Violación de datos personales agravado: Por la divulgación no autorizada de la historia clínica del menor.
Homicidio culposo: Relacionado con la gestión de políticas del sector de la salud pública.
* Posición de garante: Argumento que el exmandatario tenía un deber de protección que pudo no haber cumplido.
En paralelo a esta solicitud ante el Congreso, la Fiscalía General de la Nación anunció que imputará el delito de homicidio culposo a Luis Óscar Gálvez Mateus, quien se desempeñó como agente interventor de la Nueva EPS. También se vinculará a otros tres funcionarios de la entidad prestadora de salud, según reportes de medios como El Tiempo. Esta imputación directa a los responsables de la intervención y gestión operativa de la EPS refuerza la investigación en curso.
La representación legal de las víctimas insiste en que existen indicios suficientes para que los entes de control y el Congreso de la República adopten las garantías procesales necesarias. El objetivo es asegurar la permanencia del expresidente Petro en el territorio nacional mientras avanzan las diligencias de investigación judicial. La resolución de este caso podría sentar un importante precedente sobre la responsabilidad de altos funcionarios en la protección de derechos fundamentales como la salud en Colombia. Para más detalles sobre este y otros temas relevantes, consulte más noticias de Colombia.
