El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) ha trasladado a 403 reclusos en Colombia desde el 7 de agosto de 2026, siguiendo las directrices del presidente Abelardo De La Espriella de poner fin a las “zonas de confort” y la delincuencia desde las prisiones. Esta medida se intensificó el 25 de agosto de 2026 con el anuncio presidencial del traslado de 20 personas privadas de la libertad que se encontraban en Barranquilla hacia establecimientos penitenciarios en Bogotá, en una operación que subraya la determinación del nuevo gobierno de retomar el control de los centros carcelarios del país.
La directriz presidencial: fin a las “zonas de confort”
La orden del presidente Abelardo De La Espriella al INPEC es clara y directa: acabar con las “zonas de confort” que han permitido a ciertos reclusos continuar delinquiendo desde el interior de las cárceles. Este mandato ha impulsado una serie de operativos de traslados masivos a nivel nacional, que ya suman 403 movilizaciones desde el pasado 7 de agosto. El 25 de agosto, la atención se centró en Barranquilla, donde se ejecutó un nuevo operativo que involucró el traslado de 20 reclusos considerados de alto perfil. De este grupo, diez se encontraban en estaciones de policía y los otros diez en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de Barranquilla. Estos 20 individuos serán distribuidos en diferentes establecimientos penitenciarios del país en los siguientes quince días tras su llegada a la capital.
La seguridad ha sido un pilar fundamental en cada uno de estos movimientos. El INPEC ha reportado que los traslados se están realizando bajo rigurosas, máximas y extremas medidas de seguridad, contando con el apoyo irrestricto de la Fuerza Pública. Estas precauciones buscan evitar cualquier intento de fuga, rescate o atentado que pueda comprometer la integridad de los operativos y la seguridad pública. El objetivo principal de estas acciones es múltiple: mantener el orden interno en los centros carcelarios, prevenir alteraciones y malos comportamientos que puedan desestabilizar el sistema, garantizar que no se cometan delitos desde las prisiones, fortalecer los mecanismos de protección tanto para internos como para funcionarios, y avanzar en la descongestión de la infraestructura carcelaria, un problema crónico en Colombia.
Es importante recordar que la actual ola de traslados tiene un precedente inmediato. Una resolución del INPEC, la 006052, firmada el 6 de agosto de 2026, un día antes de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, ya había ordenado el traslado masivo de 167 personas privadas de la libertad en todo el territorio nacional. Esta medida inicial se fundamentó en solicitudes de internos o sus familiares, alertas de seguridad emitidas por las direcciones de los penales y una minuciosa clasificación de riesgo de los reclusos. Es crucial diferenciar esta resolución de la reubicación de 117 internos de alto perfil que fue gestionada por la administración saliente, vinculados a procesos de negociaciones de paz, lo que demuestra la complejidad y las diversas facetas de la política penitenciaria en el país.
¿Quiénes son los reclusos trasladados por el INPEC?
La lista completa de los más de 400 reclusos trasladados se mantiene bajo estricta reserva legal, citando razones de seguridad que impiden su divulgación pública. Sin embargo, algunos nombres de alto perfil han trascendido, revelando la magnitud y el alcance de estos operativos. Entre los reclusos recientemente movilizados se encuentra Daneidy Barrera Rojas, popularmente conocida como “Epa Colombia”, quien fue trasladada desde la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá hacia la cárcel de Ibagué. Su caso, mediático en el pasado, ejemplifica la determinación de no permitir “zonas de confort” sin importar el perfil público del recluso.
Otro de los nombres relevantes en la lista de traslados es Sergio Andrés Pastor, alias “19”, conocido por su pertenencia a la llamada Primera Línea y por haber sido condenado por delitos como tortura y concierto para delinquir. Su traslado se suma a la estrategia de desarticular redes criminales y de influencia que operan desde el interior de los penales. Asimismo, Margaret Chacón, procesada por el sonado homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, también fue objeto de una de estas reubicaciones. Estos casos individuales, aunque solo una fracción del total, ilustran la diversidad de perfiles y la gravedad de los delitos asociados a los reclusos movilizados.
Operativos en Barranquilla y el plan de descongestión
Barranquilla emerge como un posible escenario piloto para la estrategia del nuevo Gobierno en materia de control carcelario. La ciudad, que ha sido foco de atención por la presencia de reclusos de alto perfil y la necesidad de mantener el orden, se convirtió en el epicentro de los operativos del 25 de agosto. La movilización de 20 reclusos desde esta ciudad a Bogotá es una señal de la prioridad que el gobierno del presidente De La Espriella le asigna a la región Caribe dentro de su plan de seguridad penitenciaria. La distribución de estos reclusos en diversas cárceles del país busca no solo desarticular posibles focos de delincuencia, sino también contribuir a la descongestión de los establecimientos locales, un problema que afecta a todo el sistema carcelario colombiano. La suma de 403 reclusos trasladados desde el 7 de agosto, provenientes de distintos pabellones especiales de cárceles del país, es una cifra contundente que refleja la intensidad y la constancia de estos operativos.
El futuro del control carcelario en Colombia
La política de traslados masivos y la firmeza en el control carcelario parecen ser pilares fundamentales de la administración de Abelardo De La Espriella. La llegada de los 20 reclusos de Barranquilla a Bogotá, y su posterior distribución en los próximos 15 días, marcará un nuevo capítulo en esta estrategia. Se espera que el INPEC, bajo las directrices presidenciales, continúe realizando estos operativos especiales para asegurar el orden y la seguridad en los centros penitenciarios. La implementación de Barranquilla como un posible “escenario piloto” sugiere que, de tener éxito, estas medidas podrían replicarse y adaptarse a otras regiones del país que enfrenten desafíos similares en materia de seguridad y descongestión carcelaria. El objetivo a largo plazo es claro: garantizar que las cárceles cumplan su función resocializadora y de contención, impidiendo que se conviertan en centros de operación para la criminalidad. La vigilancia sobre la efectividad de estos traslados y su impacto en la reducción de la delincuencia desde las prisiones será constante en los próximos meses.
