El Juzgado 34 de Familia de Bogotá levantó el miércoles 16 de septiembre la suspensión provisional que restringía los bombardeos militares cuando existiera información sobre la presencia de niños, niñas y adolescentes reclutados. Sin embargo, el fallo no liberó las operaciones sin condiciones: exigió estándares reforzados de inteligencia y proporcionalidad, y ordenó diseñar un protocolo oficial para estos casos.
El origen: un bombardeo en Guaviare y tres menores muertos
La decisión resuelve una tutela presentada el 27 de agosto de 2026 por el abogado Ower Jimmy Borda Parra, después de un bombardeo contra una estructura de las disidencias FARC vinculadas al alias “Calarcá”, en Guaviare, en el que murieron tres menores reclutados. La acción judicial buscaba una prohibición absoluta de operaciones aéreas ofensivas en zonas donde existiera información verificable sobre presencia de niños.
Lo que decidió el juez
El juzgado rechazó la prohibición absoluta.
“No se accederá a establecer una prohibición absoluta de operaciones aéreas ofensivas cuando exista presencia de menores de edad”, señaló la providencia, según reportó Portafolio el 16 de septiembre de 2026.
El fallo reconoció que una restricción de ese tipo podría afectar de forma desproporcionada la capacidad del Estado para actuar contra objetivos militares legítimos y proteger a la población civil. La legalidad de cada bombardeo dependerá de las circunstancias particulares, la calidad de la inteligencia disponible y el riesgo previsible para quienes estén en la zona.
Nuevas exigencias: inteligencia, proporcionalidad y alternativas
Aunque levantó la suspensión provisional, el juzgado estableció que las Fuerzas Militares deben aplicar los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH) con mayor rigor cuando exista información sobre menores en el área objetivo. Cada operación deberá cumplir tres condiciones:
- Verificación de inteligencia reforzada: no basta con información fragmentaria ni presunciones generales sobre las personas ubicadas en el objetivo. Las autoridades deben contrastar la información antes de autorizar un ataque.
- Evaluación de alternativas: el mando militar deberá valorar si existen medios, métodos, momentos u opciones operacionales que permitan alcanzar el objetivo con menor riesgo para los menores reclutados.
- Análisis de proporcionalidad: si los posibles daños incidentales sobre personas protegidas son excesivos frente a la ventaja militar concreta y directa que se espera obtener, la operación deberá replantearse o suspenderse.
Protocolo oficial obligatorio
La decisión ordenó a la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Fuerza Aeroespacial Colombiana diseñar un protocolo específico para operaciones en las que exista información cierta u objetiva sobre la presencia de niños en la zona.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) deberá continuar coordinando con las entidades competentes las rutas de desvinculación de menores reclutados y el restablecimiento de sus derechos.
Un debate que lleva años abierto
El fallo representa un punto intermedio en la tensión permanente que existe en Colombia entre capacidad operacional del Estado y protección de la infancia en zonas de conflicto. Los grupos armados han utilizado sistemáticamente a menores como combatientes y escudos, lo que complica jurídicamente cada acción aérea.
Con la medida anterior en firme, las operaciones aéreas ofensivas enfrentaban una restricción general. Con el nuevo fallo, el Ejército puede reanudar los bombardeos, pero bajo un estándar de control más exigente que el que existía antes de la tutela presentada en agosto.
Fuente: Portafolio, 16 de septiembre de 2026.
