El Gobierno Nacional adoptó el 18 de septiembre de 2026 medidas extraordinarias y transitorias para proteger a los arrendatarios y propietarios de inmuebles afectados por el terremoto del 10 de agosto de 2026. Las disposiciones aplican a viviendas urbanas y locales comerciales, y buscan evitar que las familias que sufrieron daños directos o pérdida de ingresos por el sismo queden sin techo o enfrenten procesos de desalojo durante los próximos meses.
Según el informe del PNUD publicado el 18 de septiembre, el terremoto destruyó o averió 36.478 viviendas en 16 departamentos y causó daños en 397 centros de salud y 4.316 establecimientos educativos. El costo total se estima en USD 14.000 millones, unos USD 4.500 millones por encima de la estimación inicial.
Prórroga automática de seis meses para contratos que vencen este año
Los contratos de arrendamiento de vivienda urbana o inmuebles comerciales con vencimiento entre el 10 de agosto y el 31 de diciembre de 2026 se prorrogarán automáticamente por seis meses, siempre que el arrendatario demuestre que resultó afectado directamente por el terremoto. La medida no condona deudas: el arrendatario deberá continuar pagando el canon vigente durante toda la prórroga.
Además, se suspende por seis meses la ejecución de órdenes judiciales de entrega o restitución de inmuebles habitacionales y comerciales ocupados por arrendatarios afectados. La norma contempla excepciones: riesgo inminente para los ocupantes, inhabitabilidad certificada del inmueble o necesidad debidamente acreditada del propietario de recuperar el uso del bien.
Sin reajuste del canon durante seis meses y acuerdos de pago flexibles
Durante los seis meses siguientes a la entrada en vigor del decreto, queda aplazado el reajuste anual del canon de arrendamiento. Esto alivia a las familias que, tras el terremoto, sufrieron reducción de ingresos o pérdida de empleo y no pueden asumir incrementos adicionales.
Si el arrendador y el arrendatario no llegan a un acuerdo y el arrendatario acredita su situación de vulnerabilidad, los cánones aplazados podrán diferirse en cuotas a lo largo de los seis meses siguientes. Para inmuebles ya arrendados, el precio no podrá subir por encima del porcentaje de inflación. En locales comerciales, el tope también es la inflación, salvo avalúo técnico o comercial que justifique un valor diferente.
Para la propiedad horizontal: dos años para usar el fondo de imprevistos
Las propiedades horizontales —conjuntos residenciales y edificios— podrán destinar los recursos de sus fondos de imprevistos a gastos de reparación, rehabilitación, reforzamiento y reconstrucción de edificaciones afectadas, durante los dos años siguientes a la entrada en vigor del decreto. También podrán usarse para estudios técnicos, diseños y retiro de escombros.
Esta medida beneficia especialmente a las ciudades donde el terremoto causó daños estructurales en edificios de propiedad horizontal: Cali, Manizales, Armenia, Quibdó y decenas de municipios del Pacífico y el Eje Cafetero. Normalmente, el fondo de imprevistos solo puede destinarse a emergencias puntuales, no a proyectos de reconstrucción de mayor envergadura.
Cómo acceder a los beneficios del decreto
Para acogerse a la prórroga automática o a las demás protecciones, el arrendatario debe acreditar documentalmente que resultó afectado por el terremoto. Esto puede hacerse con certificaciones de organismos de socorro, registros de daños de la UNGRD o cualquier documento oficial que confirme la afectación directa.
En caso de disputas entre propietario y arrendatario sobre la aplicación del decreto, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá actuar como mediadora. El decreto es uno de varios instrumentos del gobierno para atender el impacto económico del sismo, que dejó 466.000 personas afectadas según el PNUD y cuya recuperación plena se estima en varios años.