En la mañana del domingo 20 de septiembre, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado contundente ante el anuncio del presidente Abelardo de la Espriella de crear un protocolo de actuación para que la Policía Nacional ingrese a universidades públicas cuando haya desmanes o violencia.
El ente de control pidió límites estrictos para cualquier intervención policial en campus universitarios e instó al Gobierno a no confundir la inconformidad social con delincuencia.
¿Qué anunció De la Espriella?
El domingo 13 de septiembre, en su primera alocución presidencial, De la Espriella anunció que establecería un protocolo nacional de actuación para distinguir, según él, entre el ejercicio legítimo de la protesta y situaciones de violencia que exijan intervención de las autoridades.
“He dado instrucciones claras para establecer un protocolo nacional de actuación que permita distinguir cuándo estamos frente al ejercicio legítimo de la protesta y cuándo existen hechos de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público que exigen, sin lugar a dudas, la intervención de las autoridades”, dijo el mandatario.
El presidente también advirtió que las universidades no pueden ser “territorios sustraídos de la Constitución” ni servir para “preparar ataques terroristas, almacenar elementos destinados a la violencia o agredir ciudadanos”. La propuesta gubernamental señala que la Policía Nacional será la primera autoridad operativa ante este tipo de situaciones.
La respuesta de la Defensoría: la Constitución protege la autonomía universitaria
El comunicado de la Defensoría del Pueblo, emitido el domingo 20 de septiembre, establece cuatro límites claros:
- Solo en flagrancia sin autorización previa. Existen circunstancias excepcionales en que la Fuerza Pública puede ingresar a una universidad, y la flagrancia es una de ellas. Pero incluso en ese caso, toda intervención debe tener fundamento jurídico concreto y respetar los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y diferenciación.
- La autonomía universitaria es un derecho constitucional. El artículo 69 de la Constitución Política reconoce que las universidades se autodirigen, se autorregulan y preservan la libertad académica sin interferencias indebidas.
- La protesta pacífica no justifica el ingreso policial. Las asambleas estudiantiles, la deliberación académica y las expresiones de disenso político forman parte de los derechos de reunión, manifestación y libertad de expresión. Ninguna de estas situaciones habilita a la Policía para entrar a los campus.
- No se puede criminalizar la inconformidad social. Si algunas personas cometen actos violentos, la respuesta del Estado debe concentrarse en esas conductas y no extenderse a quienes ejercen de manera pacífica sus derechos.
“La historia de nuestro país exige especial cuidado frente a las intervenciones de la Fuerza Pública en escenarios universitarios. Proteger la autonomía universitaria no significa tolerar delitos; garantizar el orden público tampoco puede significar restringir indebidamente la protesta, la libertad de expresión, la libertad académica o los demás derechos fundamentales”, concluyó la Defensoría.
El fondo del debate
La discusión refleja una tensión central del nuevo Gobierno: cómo restablecer el orden público — una de las promesas de campaña de De la Espriella — sin comprometer derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. El propio presidente reconoció en su alocución que “la autonomía universitaria no está en discusión”, pero agregó que las instituciones educativas no pueden ser refugios para la delincuencia.
El protocolo aún no se ha publicado de forma oficial. La Defensoría no espera a verlo para actuar: su comunicado del domingo es un aviso claro de que vigilará de cerca cualquier medida que afecte los derechos fundamentales dentro de los campus universitarios.