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De la Espriella exige informes semanales al MinSalud por 1,06 millones de colombianos con medicamentos o procedimientos pendientes

El presidente De la Espriella informó que el Gobierno identificó 1.069.196 colombianos con medicamentos o procedimientos pendientes y le exigió a la ministra Ana María Vesga reportes semana a semana. La primera fase del plan de choque moviliza $0,5 billones para compra de cartera antes de fin del año.

El presidente Abelardo de la Espriella reveló en una alocución este lunes que el Gobierno colombiano identificó 1.069.196 usuarios con medicamentos o procedimientos médicos pendientes, y le exigió a la ministra de Salud, Ana María Vesga, entregar informes semanales con resultados concretos.

“Eso no es un sistema de salud, eso es un abandono con formulario, un abandono legalizado”, dijo el presidente al presentar el balance del primer mes de su Gobierno. El anuncio se produjo en el contexto del plan de choque que la administración De la Espriella lanzó para atender la atención médica represada.

La magnitud del problema: más de un millón de pacientes en espera

El Gobierno respaldó el plan de choque con cifras que revelan la profundidad de la crisis heredada. Según los datos presentados por el presidente, entre enero y julio de 2026 la Superintendencia Nacional de Salud recibió 1.220.142 reclamos, equivalentes a 5.755 diarios, de los cuales el 92% correspondió a barreras de acceso.

Del total de usuarios identificados con atención pendiente:

  • Más de 700.000 esperan medicamentos
  • Más de 300.000 aguardan algún procedimiento médico

La población afectada incluye pacientes con cáncer, personas que requieren trasplantes, enfermedades huérfanas, VIH, enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares y renales, además de personas con EPOC, asma, problemas de salud mental y mujeres gestantes.

El mecanismo: compra de cartera a través de la ADRES

Para destrabar la atención, el Gobierno activó un mecanismo extraordinario de compra de cartera a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). Las condiciones: cero intereses y un año de gracia, con giro directo a prestadores y proveedores.

La lógica del mecanismo es que las IPS —hospitales, clínicas, laboratorios— reciban liquidez para mantener o recuperar su capacidad de prestar servicios, mientras se atienden las obligaciones represadas de las EPS.

“La plata entra para destrabar la atención represada, no para que hagan fechorías, no para que se pierda la plata, no lo voy a permitir”, afirmó De la Espriella. El presidente fue explícito: “No vamos a pagar dos veces. No vamos a reconocer lo que ya se pagó.”

La primera fase del plan contempla una inversión de $0,5 billones en tres meses, de aquí al cierre del año, con el foco en resolver atenciones críticas y estabilizar el sistema. Es una fracción de los $10 billones que De la Espriella planteó en campaña para la crisis del sistema.

El obstáculo que el propio Ministerio reconoce: antes de hacer nuevos desembolsos necesita establecer con precisión cuánto deben realmente las EPS a hospitales, clínicas y proveedores, porque los registros contables de unas y otras no coinciden. Determinar ese monto, decidir cuáles deudas son procedentes y verificar que la plata llegue a los prestadores es el primer reto del plan, por delante del seguimiento paciente por paciente.

Reporte semanal obligatorio para el MinSalud

Una de las medidas más concretas que anunció el presidente fue la exigencia de rendición de cuentas semana a semana a la ministra Vesga. “Quiero número de entregas: cuántos medicamentos salieron, cuántos procedimientos se realizaron, en qué departamentos se está cumpliendo el plan”, dijo De la Espriella.

El Ministerio de Salud había concentrado las últimas semanas en identificar a los pacientes críticos, especialmente aquellos cuya vida puede depender de recibir oportunamente un medicamento o procedimiento. El plan, por ahora, está enfocado en resolver las atenciones represadas y estabilizar el sistema —sin aún impulsar una reforma estructural.

La Corte Constitucional también ha intervenido en el frente de la salud: el jueves 24 de septiembre ordenó al Ministerio de Hacienda adoptar las medidas presupuestales y financieras necesarias para garantizar la disponibilidad y el giro oportuno de los recursos que financian la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de 2027 —el monto anual que el sistema paga por cada afiliado—, y le exigió al Gobierno sustentar ese valor con evidencia técnica y con las necesidades reales del sistema, no con el margen que deje la caja.

Fuente: El Colombiano, 28 de septiembre de 2026.