La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, convocó el 1 de octubre un consejo extraordinario de seguridad en respuesta a los 33 ataques con explosivos transportados por drones que el balance oficial divulgado tras la reunión contabiliza en los municipios de Condoto, Nóvita y Río Iró, en el sur del departamento, según recogió El Tiempo. Otros medios publicaron recuentos distintos porque miden ventanas de tiempo distintas: El Diario reportó ese mismo día 11 ataques en los últimos tres días.
Qué decidió el consejo de seguridad
La principal conclusión del encuentro fue destinar recursos del Fondo de Seguridad Territorial para adquirir tecnología que permita detectar y neutralizar aeronaves no tripuladas cargadas con explosivos. “Hemos definido recursos de nuestro fondo de seguridad para poder contratar contramedidas”, dijo Córdoba, quien indicó que el departamento requiere asistencia técnica y apoyo del Gobierno nacional para avanzar en esa contratación.
La reunión contó con la participación de la Brigada 15 del Ejército Nacional, la Armada de Colombia, la Policía del departamento de Chocó, la Fiscalía General de la Nación y las alcaldías de Nóvita, Condoto y Río Iró. La Séptima División del Ejército informó que las instituciones analizaron la alteración del orden público y acordaron mecanismos de coordinación para desplegar capacidades en el territorio.
Las autoridades militares atribuyeron los ataques al Ejército de Liberación Nacional (ELN), aunque precisaron que las verificaciones e investigaciones para establecer la responsabilidad en cada hecho continúan. “Continuaremos desplegando nuestras tropas y aunando esfuerzos con las administraciones departamentales y locales”, señaló el Ejército Nacional, que indicó que las acciones armadas vulneran los derechos de los habitantes y transgreden el Derecho Internacional Humanitario.
Los ataques no se limitaron a instalaciones de la fuerza pública
La gobernadora Córdoba aclaró que los hostigamientos también alcanzaron a las comunidades civiles. “Estos ataques terroristas se han dirigido en contra de la población civil, en contra de las comunidades y de sus centros poblados”, señaló en una comunicación oficial recogida por Infobae.
La Gobernación vinculó la emergencia de seguridad con las dificultades que ya atraviesan los habitantes tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto y el posterior enjambre sísmico que afectó al departamento. Córdoba indicó que los pobladores enfrentan ahora, de forma simultánea, el temor por los movimientos telúricos y el riesgo de nuevos ataques con drones.
La Iglesia pide corredores humanitarios
La Conferencia Episcopal de Colombia y el Secretariado Nacional de Pastoral Social, Cáritas Colombiana, pidieron garantizar condiciones de seguridad para el ingreso de ayuda humanitaria al sur del Chocó. Según informó Blu Radio, el llamado se produjo en respuesta a los ataques registrados en Condoto, Nóvita y Río Iró.
Las organizaciones religiosas citaron los principios del Derecho Internacional Humanitario: distinción, precaución y proporcionalidad. Alertaron que la continuidad de este tipo de hechos puede generar confinamientos, desplazamientos y restricciones a la movilidad de las comunidades.
La Conferencia Episcopal y Cáritas solicitaron que la Misión Médica, organizaciones humanitarias e instituciones eclesiales puedan ingresar de manera segura y oportuna a las zonas afectadas. “La asistencia médica, alimentaria, psicosocial y de protección tiene una finalidad esencial: proteger la vida y aliviar el sufrimiento humano”, indicaron las organizaciones, que además pidieron al Gobierno fortalecer las medidas de protección para las personas que permanecen en los territorios.
