El presidente Abelardo de la Espriella anunció que varias empresas de vigilancia y seguridad privada fueron sancionadas o están en proceso de perder sus licencias, en el marco de investigaciones por presuntas irregularidades en el manejo de armas y posibles vínculos con organizaciones delincuenciales. Las decisiones las adopta la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (Supervigilancia), según reportó Infobae con base en información de Blu Radio.
Las cinco empresas señaladas y el estado de cada caso
De la Espriella precisó la situación de cada compañía a través de su cuenta de X. Maximus, con sede en Barranquilla, tiene la licencia cancelada. Blink Seguridad Privada (Iblink) enfrenta decisiones de cancelación o medidas cautelares de suspensión, algunas ya en firme y otras aún en trámite.
Lost Prevention tiene una decisión de cancelación de licencia pendiente de quedar en firme. Atenas Seguridad Privada enfrenta una decisión de cancelación en primera instancia. OL Security Group – Servisecurity permanece suspendida y su proceso de cancelación está en trámite, según señaló el mandatario.
Las decisiones administrativas adoptadas varían entre cada empresa y no implican, por sí solas, que las compañías hayan sido declaradas responsables judicialmente de vínculos con organizaciones criminales, aclaró Infobae.
Presuntos nexos con Los Costeños, el Clan Vega Daza y armas sin paradero
La Supervigilancia avanza en investigaciones contra compañías por presuntas conexiones con Los Costeños y el Clan Vega Daza, además de anomalías vinculadas con el control de armamento, indicó De la Espriella.
“Tan pronto se posesionó el superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, le di una orden clara: perseguir las fachadas que utilizan los delincuentes para armarse y protegerse”, afirmó el presidente en su cuenta de X.
Las irregularidades identificadas incluyen fallas en la custodia, el registro y el destino de armas faltantes, reportes financieros incompletos, domicilios inexistentes y moras en obligaciones legales. De la Espriella exigió esclarecer el paradero de las armas: “¡Exijo controles rigurosos y esclarecer el destino de las armas faltantes! Quien tenga responsabilidades deberá responder ante la justicia, sea quien sea”.
Revisión nacional y controles al sector
El presidente anunció que las autoridades realizarán una revisión en todos los departamentos del país para establecer si existen otras empresas que estén incumpliendo las normas del sector. Uno de los puntos centrales será determinar qué ocurrió con armas cuyo paradero no estaría plenamente establecido dentro de las investigaciones que adelanta la Supervigilancia.
La información divulgada no precisa cuántas armas están siendo buscadas ni en qué regiones se habrían presentado las inconsistencias, según Infobae. El Ejecutivo sostiene que las empresas de seguridad privada deben estar sujetas a controles especialmente estrictos dado que manejan armamento y prestan servicios de protección a personas, instalaciones y bienes.
