Una auditoría forense ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) habría concluido que la entidad fue utilizada con fines políticos y delictivos durante la administración de Gustavo Petro. El hallazgo fue revelado por la revista Semana e informado por Infobae el 3 de octubre de 2026.
La DNI es la entidad civil de inteligencia del Estado colombiano, sucesora del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), clausurado en 2011 tras reiterados escándalos de espionaje ilegal.
El “hoyo negro”: el bloque que reportaba directamente al expresidente Petro
Según lo revelado por Semana, la DNI quedó organizada en dos bloques durante el gobierno Petro. El primero cubría las labores ordinarias de inteligencia. El segundo, denominado de “contrainteligencia de Estado”, reportaba directamente al entonces presidente y al director de turno. Funcionarios describieron ante los auditores ese segundo bloque como un “hoyo negro”: una estructura que habría operado sin reglas y con acceso a la información más crítica manejada entre 2022 y mediados de 2026, incluida la relativa a la oposición y a la campaña presidencial.
Esa estructura habría quedado formalizada mediante el Decreto 1077, firmado el 23 de agosto de 2024. El bloque habría trabajado de manera articulada con la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Infobae señala que se investigan posibles extralimitaciones con información privada de opositores, periodistas y funcionarios. Según Infobae, el documento deja en manos de la Fiscalía General de la Nación las preguntas sobre la eventual existencia de expedientes reservados de candidatos presidenciales y posibles labores de espionaje durante la campaña.
El documento también describe un supuesto mecanismo de infiltración: los organismos de inteligencia habrían creado amenazas falsas, asignado protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) o de la Policía a la persona que se buscaba vigilar, y luego recogido información detallada sobre ese objetivo.
147 terabytes asegurados y más de cien funcionarios clasificados como riesgo crítico
La auditoría habría reunido 147 terabytes de información bajo cadena de custodia, junto con 40 equipos de cómputo y cinco teléfonos celulares y tabletas, elementos que permitirían reconstruir las actividades de la entidad durante la administración anterior, según Semana.
Según lo reportado por Infobae, al menos el 20% de los más de 500 empleados de la DNI habría comenzado a aportar información a los auditores. La revisión también señala que al menos la mitad de los funcionarios incorporados durante el gobierno Petro no habría cumplido los criterios de idoneidad o confiabilidad; muchos habrían ingresado sin superar las pruebas de polígrafo. Más de 100 trabajadores fueron clasificados como riesgo crítico o alto, y algunos habrían expresado intención de causar daño grave desde la entidad.
El desorden habría llegado al punto de que una persona con orden de captura vigente no pudo ser desvinculada de la DNI. Según el documento, diez servidores con posibles vínculos con grupos armados organizados representarían un alto riesgo de filtración de información. Semana reportó que personas que hablaron con el medio bajo reserva de identidad advirtieron de un posible concierto para delinquir dentro del organismo estatal. Hasta la publicación de esta nota, ninguna imputación formal ha sido presentada en relación con los hallazgos del informe.
Contactos con el FSB de Rusia e influencia de potencias extranjeras
El documento plantea una “sospecha fundada” sobre la presencia o influencia de agentes de Rusia, Irán, Cuba y Venezuela en la DNI. Se investigan dos viajes realizados en 2025 en los que grupos de hasta diez funcionarios de la entidad habrían recibido entrenamiento del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB), el principal servicio de seguridad y contrainteligencia de ese país, heredero del KGB.
El texto menciona funcionarios con doble nacionalidad colombiana y venezolana sobre quienes recaen sospechas de falsedad documental. Infobae precisa que sobre estos funcionarios no existen decisiones judiciales. La auditoría describe también accesos no autorizados a información física, digital y verbal, así como el debilitamiento de los protocolos de ingreso a instalaciones y de control de activos institucionales.
El gobierno de De la Espriella comenzó una revisión de la DNI desde sus primeras semanas de mandato. En agosto, la revista Semana había revelado que el exdirector de inteligencia de Petro, Jorge Lemus, confirmó haber ofrecido bienes de la SAE y pagos a guerrilleros durante su gestión. El caso del ciudadano ruso Sergei Vagin, capturado y expulsado de Colombia el 30 de septiembre de 2026 por presuntos nexos con el ELN, según informaron entonces El Heraldo y El País, también forma parte del contexto de revisión de las actividades de inteligencia extranjera en el país durante la administración anterior.
