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El enfrentamiento entre la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno respecto a la resolución de Ordenamiento Ambiental de la Sabana de Bogotá ha originado una disputa política y legal.
El Alcalde Carlos Fernando Galán ha descrito la medida como un “ataque” a la autonomía territorial y una violación de la constitución. Según su visión, el proyecto no solo es ilegal por no haberse elaborado en coordinación con las autoridades, sino que también pone en peligro planes estratégicos relacionados con la vivienda, la infraestructura y el acceso a servicios públicos esenciales como el agua y la energía. Uno de los aspectos más críticos mencionado por la Alcaldía es el impacto en proyectos urbanísticos. Se estima que más de 172.000 familias podrían enfrentar riesgos en la legalización de sus viviendas si sus propiedades son consideradas humedales, mientras que 120.000 unidades habitacionales en construcción quedarían en un limbo legal.
El Medio Ambiente es la Base Fundamental de la Resolución. Foto:Región Metropolitana.
Adicionalmente, proyectos de infraestructura clave como las Líneas 1, 2 y 3 del metro de Bogotá, el Regiotram de Occidente y la avenida longitudinal de occidente (ALO) se verían suspendidos al entrar en zonas afectadas por la resolución.
Frente a esta situación, la Alcaldía ha requerido al Ministerio de Ambiente que retire el Proyecto y que se inicie un proceso de diálogo con las autoridades locales. Galán también ha anunciado acciones legales para detener la resolución y ha convocado al gobernador de Cundinamarca y a los alcaldes de los municipios afectados para demandar un proceso coordinado.
Susana Muhamad y Carlos Fernando Galán Foto:Archivo El Tiempo
La Empresa de Acueducto de Bogotá (EAAB) ya ha presentado una solicitud de medida cautelar ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, argumentando que la resolución debe ser valorada por el Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá antes de cualquier evaluación.
Desde el Gobierno Nacional, la exministra de Ambiente Susana Muhamad defiende la legalidad y necesidad de la resolución. Ella señala que la Sabana de Bogotá fue declarada ecosistema de interés nacional en 1993 y su deterioro es palpable, con ocho de las nueve cuencas en riesgo de agotamiento.
“Debemos construir colectivamente una visión a largo plazo para la región, en conjunto con la Gobernación, la Alcaldía de Bogotá y los municipios como Soacha”.
Para ella, la crisis hídrica exige acciones estructurales inmediatas, como la restauración de ecosistemas estratégicos y la promoción del reúso del agua. Mientras Galán denuncia una merma de la autonomía territorial y posibles afectaciones a proyectos estratégicos, el Ministerio de Ambiente sostiene que la resolución es una obligación para enfrentar la crisis ecológica. En medio de esta controversia, persiste la incertidumbre sobre el impacto real de la medida y la necesidad de encontrar un equilibrio entre el crecimiento de la ciudad y la sostenibilidad ambiental.
¿Qué opinanLos Expersos?
Adriana Hurtado, docente de la Universidad de Los Andes, menciona que la discusión acerca de la resolución se ha centrado en la forma y no en el contenido. Advierte que la normativa debe ser más precisa, ya que términos imprecisos generan incertidumbre. En lugar de debatir si obstaculiza el desarrollo, el enfoque debe estar en CÓMO IMPLEMENTAR SUS LINEAMIENTOS para integrar la restauración ecológica y la gestión del agua en el entorno urbano.
El inconveniente, comenta la experta, no es la carencia de regulaciones, sino su ejecución. “Es fundamental definir CÓMO SE financiarán estas estrategias y quiénes asumirán la responsabilidad. El debate debe enfocarse en armonizar lo urbano y lo rural sin estimular la informalidad ni permitir proyectos que agraven los problemas”, explicó.
La expansión urbana es una de las preocupaciones. Foto:Región Metropolitana.
El profesor emérito Manuel Rodríguez también defendió la validez del Artículo 61 de la Ley 99 de 1993, argumento de que la Sabana de Bogotá es un ecosistema de interés nacional cuya regulación trasciende las competencias municipales.
Aclaró que, aunque los municipios tienen potestad sobre el uso del suelo, esta no es absoluta, ya que deben respetar determinantes ambientales superiores, como la protección de suelos agrícolas y ecosistemas estratégicos.
En este sentido, enfatizó que la norma impide la urbanización en terrenos con alto valor ecológico o agrícola, una restricción clave en un territorio que en algún momento ha estado sujeto a una fuerte presión inmobiliaria.
Respecto a las críticas de que la norma frenararía el desarrollo, Rodríguez desmintió que afecte obras como la ampliación de El Dorado o la construcción del metro, ya consideradas en los POT. Además, recordó que Bogotá aún cuenta con 20,000 hectáreas urbanizables sin ocupar y la Sabana con 30,000 más, lo que refuta la idea de que los lineamientos limiten la expansión. Aclaró que la clasificación de ciertos terrenos como humedales se basa en el tratado Ramsar internacional, ratificado por Colombia, y busca garantizar el suministro de agua potable y proteger las cuencas.
Por último, el experto cuestionó la postura de sectores políticos y empresariales que se oponen a la norma, acusándolos de desinformar sobre su impacto real. “El Ministerio de Ambiente organizó 35 mesas de trabajo para discutir el tema con distintos actores”. El experto advirtió que derogar los lineamientos representaría un grave retroceso en la protección ambiental de la Sabana, beneficiando únicamente a urbanizadores, constructores y mineros.
Falta de Claridad
El director de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, Luis Lota, manifestó su preocupación por la falta de claridad en la aplicación de los lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana. Indicó que, aunque se ha señalado en medios de comunicación que el documento incluye UNA gradualidad para proyectos en marcha, en la revisión del texto no se encuentran referencias explícitas sobre este aspecto. “La incertidumbre es latente, especialmente en proyectos que ya están en desarrollo o en etapas avanzadas de planificación, ya que el documento no establecía con precisión CÓMO SE manejará la transición”, afirmó.
OTRO PUNTO CLAVE ES LA ARTICULACIÓN DE ESTOS LINEAMIENTOS CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN EXISTENTES TERRITORIALES. Si bien la protección ambiental es una prioridad, Lota insistió en la necesidad de coordinar esfuerzos entre entidades locales y nacionales para garantizar una gestión eficiente del recurso hídrico. “Hemos trabajado con autoridades ambientales en torno a la protección del agua, pero en ciertos tipos de suelo no está claro cómo garantizarán estas condiciones”,
Incorporó. También destacó la carencia de espacios participativos que permitan definir soluciones para las problemáticas de la sabana.
El concejal Juan Daniel Oviedo cuestionó el Proyecto de Norma. “La urgencia por este debate refleja la controversia relacionada con la perspectiva de desarrollo del gobierno”, manifestó, y anunció que la ordenación del territorio requiere coordinación entre competencias para prevenir conflictos entre desarrollo y protección ambiental.
Puntualizó la importancia económica de la Sabana de Bogotá, que contribuye en cerca de una cuarta parte del PIB del país y alberga casi una quinta parte de la población colombiana. Recordó que el Acuerdo de Escazú establece en su artículo 7 que cualquier medida ambiental de ordenamiento con gran impacto debe ser ampliamente consultada con la ciudadanía. Según el concejal, si esta iniciativa se sometiera a escrutinio público, sería rechazada. “Somos más los que creemos en un desarrollo urbano que sea compatible con la protección de los ecosistemas”, aseguró.
Brigitte Baptiste, bióloga y rectora de la Universidad EAN, también manifestó inquietudes sobre la evolución de los lineamientos de ordenamiento territorial, los cuales, según ella, se han vuelto directrices inflexibles que obligan a las ciudades en relación con el uso del suelo.
Aunque reconoció la necesidad de regulaciones ambientales, advirtió que estas deben basarse en un fundamento técnico y científico sólido, algo que, según su análisis, el proyecto no posee. “La base técnico-científica que sustenta la resolución es extremadamente idiosincrática y aún no está madura”, afirmó.
Uno de los aspectos más críticos del debate es la ausencia de lineamientos claros sobre el tratamiento de terrenos ya ocupados, especialmente aquellos ubicados en zonas de protección ambiental. “No está definido qué ocurre con las edificaciones dentro de las franjas establecidas en el documento”, advirtió Lota.
Asimismo, señaló que algunos espacios como humedales son en realidad embalses artificiales, lo que genera incertidumbre sobre su manejo a mediano y largo plazo.
En lo que respecta a la expansión de Bogotá, Lota recordó que la ciudad creció un 18% en población en los últimos 20 años, lo que incrementó la presión sobre el suelo y los ecosistemas. Insistió en la importancia de coordinar la ordenación territorial con la visión de cada municipio y las estrategias del plan nacional de desarrollo. “Debemos construir colectivamente una visión de largo plazo para la región, en colaboración con la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Bogotá y municipios como Soacha”, enfatizó. Finalmente, reiteró la necesidad de espacios de concertación para equilibrar la conservación ambiental con el desarrollo urbano.
Oviedo, por su parte, instó a priorizar la inversión en la recuperación ecológica de la reserva Thomas van der Hammen y en incentivos para la innovación urbanística sostenible. Baptiste, a su vez, subrayó que cualquier decisión debe estar sustentada en evidencia científica robusta.
“La armonización de estos temas es fundamental, y la región metropolitana es el mecanismo para alcanzar este equilibrio natural”, concluyó Lota.
Carol Malaver
Subeditora Bogotá
Escríbanos a carmal@eltiempo.com
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