Activista de la Energía: “El Gobierno Petro No Alcanzó las Expectativas en Proyectos de Transición”

La transformación energética en Colombia representa uno de los focos más importantes del gobierno del presidente Gustavo Petro. No obstante, de acuerdo con Lina Torres, responsable de iniciativas ambientales y justicia climática en el colectivo Movilizatorio, este proceso exige un enfoque a largo plazo que involucre a toda la ciudadanía, entidades privadas y autoridades locales. Desde su perspectiva, estas iniciativas aún no cumplen con las esperanzas generadas.

En una conversación con Infobae Colombia, Torres, quien participó en la actividad 100 influenciadores por la transición energética como parte de la construcción colectiva mETamorfosis, analizó los avances y desafíos de esta ambiciosa transformación. Subrayó la importancia de crear consensos duraderos que trasciendan los ciclos gubernamentales, en un país donde uno de los grandes desafíos es la consolidación de proyectos con objetivos compartidos.

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Para Torres, la reforma estructural hacia la TE debe ir más allá del ámbito gubernamental y requerir la participación activa de la ciudadanía. “Es imperativo que estas políticas se conviertan en un asunto de Estado y sean vistas con una visión de largo plazo. Para lograrlo, necesitamos una ciudadanía que comprenda los temas, se comprometa y pueda establecer consensos sobre lo que es necesario, no solo durante este gobierno, sino en los futuros”, afirmó a este medio.

La mujer, que se define a sí misma como “emprendedora social”, reiteró que a pesar de que el Gobierno nacional ha dado prioridad a este asunto en la agenda pública, los progresos en la implementación de propuestas no han sido los esperados. “Es una inversión a largo plazo”, enfatizó Torres, quien añadió que la participación activa de los sectores público y privado es esencial para asegurar que este proceso se materialice en acciones concretas, especialmente en un entorno donde se cuestiona la política extractivista.

Si bien reconoció que el presidente ha intentado poner la transición energética como un eje central, Torres destacó que esa idea no se originó con él. “La transición energética no comenzó con el gobierno de Gustavo Petro. El presidente lo asumió como un estandarte, lo impulsó y le dio visibilidad… pero necesitamos asegurar el apoyo de todos los sectores para lograr implementar esa política”, enfatizó. Sin embargo, reconoció que las expectativas al inicio de este gobierno en relación a las comunidades energéticas y proyectos locales no se han alcanzado completamente.

Uno de los aspectos críticos que resaltó Torres en su conversación con este medio fue la desconexión entre las políticas nacionales de transición energética y su aplicación a nivel regional, donde se requieren progresos significativos. Ella argumentó que estos planes no se están materializando adecuadamente en proyectos locales. “La transición energética es una política nacional, pero se lleva a cabo en los territorios. No está siendo incorporada, por ejemplo, en las agendas de los alcaldes y gobernadores”, agregó la activista.

Esto, en su criterio, representa un reto enorme, ya que los territorios no solo reciben ventajas, sino que también enfrentan repercusiones negativas, lo que obliga a los agentes locales a comprometerse con la ejecución de estas directrices.

Del mismo modo, la activista enfatizó que esta deficiencia en los planes de desarrollo locales podría limitar el potencial de la transición, impactando de forma directa a las comunidades que podrían beneficiarse de estas transformaciones. “Es fundamental contar con la participación de todos los actores locales, nacionales y regionales para que realmente se logre lo que debe ser alcanzado”, afirmó Torres, quien se mostró esperanzada por los cinco acuerdos logrados en el proceso iniciado.

Además de los retos de la transición energética, la maestra en Administración Pública de la Universidad de Columbia (EE.UU.), quien también cuenta con un título en Antropología y Ciencias Políticas y es experta en Economía de la Universidad de Los Andes en Colombia, alertó sobre cómo el cambio climático ya está impactando los sistemas energéticos y de suministro de agua en Bogotá.

Durante su conversación con Infobae Colombia, destacó que las sequías actuales amenazan el modelo energético del país, que depende en gran medida de la energía hidroeléctrica. “La matriz energética de Colombia es bastante limpia porque se fundamenta principalmente en hidroeléctricas, pero, ¿qué pasa con éstas cuando enfrentamos sequías?”, observó.

Así, enfatizó la necesidad de diversificar las fuentes de energía, impulsando sistemas eólicos y solares que sean más resistentes ante los impactos del cambio climático. “Es urgente diversificar el riesgo para no depender de un único sistema eléctrico en el país y en la ciudad”, añadió. La transición hacia estas nuevas fuentes no solo contribuiría al desarrollo sostenible, sino que también disminuiría la vulnerabilidad a fenómenos climáticos severos.

El acalorado debate sobre agua y energía ha adquirido mayor importancia en la capital, donde las alertas del alcalde Carlos Fernando Galán sobre posibles apagones han suscitado preocupación. Torres moderó su opinión, enfatizando que no se trata de alarmar, sino de reconocer la realidad climática y tomar las decisiones políticas apropiadas: “El cambio climático es una realidad que estamos experimentando, y si no actuamos pronto, sus efectos se manifestarán a varios niveles… es vital empezar a trazar políticas a largo plazo”, señaló.

Finalmente, la especialista fue clara al señalar que ningún gobierno, incluido el actual, podría alcanzar una transición energética total en un periodo de cuatro años; aunque destacó la relevancia de establecer bases sólidas. “Los gobiernos deben definir un camino y avanzar en esa dirección, pero nadie podría haberlo implementado completamente”, comentó. A pesar de algunos progresos, reconoció que “las expectativas eran que los avances en comunidades energéticas fueran más evidentes”.

En conclusión, según Torres, la clave radica en aprovechar el tiempo restante de este mandato para fortalecer la colaboración entre sectores y territorios, así como asegurar que esta transición se afiance como una política de Estado y no simplemente como un proyecto gubernamental a corto plazo.