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Las entidades gubernamentales y las empresas locales han acumulado una deuda que excede los 1,2 billones de pesos con las firmas comercializadoras de energía eléctrica, ya que llevan varios años sin abonar por este servicio.
Para evitar ponerse al corriente, presentan justificaciones económicas y reclaman una protección especial por ofrecer un servicio vital; sin embargo, esta carga financiera está asfixiando a las compañías que se encuentran al borde del colapso.
Reportes de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) indican que los acueductos se ubican como las entidades más morosas, acumulando casi un tercio del total adeudado (29,1 por ciento).
Mientras tanto, el alumbrado público representa el 22,6 por ciento y las instituciones de salud, el 20,5 por ciento. Otros deudores son ciertos clientes oficiales (16,4 por ciento), centros educativos (9,1 por ciento) y batallones, cuerpos de policía, cárceles, aeropuertos y estaciones de bomberos (2,3 por ciento).
Foto:iStock
Al examinar detenidamente los nombres de las entidades gubernamentales y empresas locales que presentan las deudas más significativas, la información recopilada por Asocodis hasta diciembre de 2024 revela que la lista es encabezada por la Alcaldía de Santander de Quilichao.
Esta alcaldía no ha abonado más de 51.732 millones de pesos a la Compañía Energética de Occidente (CEO) por el suministro de energía eléctrica destinada al alumbrado público de este municipio en Cauca.
La segunda entidad gubernamental más morosa es el municipio de Medellín, con una deuda de 46.242 millones de pesos hacia EPM. De esa cifra, 24.271 millones de pesos corresponderían a alumbrado público, y el monto restante sería por pasivos de entidades gubernamentales de esa ciudad.
En este listado también figura Aguas de Tumaco, con una obligación hacia Cedenar que sobrepasa los 18.512 millones de pesos, mientras que el municipio de Cajicá mantiene una deuda con Enel Colombia que excede los 17.256 millones de pesos.
A la hora de solicitar un crédito, las entidades bancarias evalúan la capacidad de endeudamiento. Foto:iStock
Más compañías y municipios morosos:
- Universidad del Atlántico: 13.253 millones de pesos (Air-e)
- Municipio de Chía: 13.078 millones de pesos (Enel Colombia)
- Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias: 12.068 millones de pesos (Afinia)
- Municipio de Nemocón: 11.763 millones de pesos (Enel Colombia)
- Municipio de Ariguaní: 11.482 millones de pesos (Afinia)
Estas entidades y municipios representan el 16,2 por ciento (195.389 millones de pesos) de la deuda total de 1,2 billones de pesos, lo que equivale a casi un tercio de los ingresos brutos anuales que perciben las compañías comercializadoras para atender a los usuarios en todo el país.
Además, se encuentra un ranking de las comercializadoras de energía que han estado soportando las mayores deudas y las cinco compañías que encabezan la lista suman el 73 por ciento de las obligaciones pendientes de las entidades gubernamentales.
EnEl primer lugar lo ocupa Afinia, subsidiaria de EPM, a la que se le adeudan más de 460.187 millones de pesos debido a la falta de pago del servicio de energía eléctrica por parte de acueductos, escuelas, hospitales y oficinas gubernamentales.
A continuación se encuentra EPM con 129.328 millones de pesos; mientras que Enel Colombia tiene una deuda de 108.516 millones de pesos. Las posiciones finales las ocupan Emcali (100.436 millones de pesos) y Air-e (94.000 millones de pesos).
“Solicitamos a las entidades territoriales su colaboración ya que los fondos se utilizan para mejorar el servicio que se brinda a la comunidad. La falta de estos recursos afecta al ciudadano y a las empresas, que no tienen fondos para operar”, expresó el director ejecutivo de Asocodis, José Camilo Manzur.
Por esta razón, el líder del gremio subrayó la importancia del respaldo de la Procuraduría General de la Nación, que a principios de febrero recordó a las gobernaciones y alcaldías que el incumplimiento en el pago de los servicios públicos por parte de las entidades oficiales puede constituir una causa de mala conducta y podría acarrear consecuencias disciplinarias.
Foto:Air-e
La deuda pendiente de Afinia
La cantidad que se le adeuda a Afinia representa el 37,7 por ciento del total y, por consiguiente, la empresa ha priorizado el cobro a 34 entidades oficiales (24 están en proceso de terminación de contrato) para implementar un plan de recuperación de deudas y prevenir la suspensión definitiva del servicio.
Estas entidades priorizadas tienen deudas con Afinia superiores a los 8.000 millones de pesos cada una, con un retraso que llega, incluso, hasta los cuatro años. La mayor deuda pertenece al municipio de Ariguaní (Magdalena), ya que supera los 11.145 millones de pesos.
Otras empresas con deudas incluyen:
- Empresa de Servicios Públicos de El Paso (Empaso): 10.812 millones de pesos
- Empresa Intermunicipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado: 9.991 millones de pesos
- Uniaguas y Aguas del Sinú: 9.186 millones de pesos
- Hospital Rosario Pumarejo de López (Valledupar): 7.732 millones de pesos
- Empresa de servicios públicos Los Palmitos (Empal): 7.352 millones de pesos
Foto:Grupo EPM
“Realizamos un llamado a la corresponsabilidad a las administraciones locales, para que se pongan al corriente y acepten alguna de nuestras propuestas accesibles para el pago. Nuestro equipo comercial busca formalizar acuerdos factibles y respaldados por recursos presupuestales de los municipios”, manifestó la compañía a EL TIEMPO.
Sin embargo, las deudas de las entidades oficiales no son las únicas que han tenido que soportar los comercializadores de energía eléctrica. Según Asocodis, las empresas poseen un pasivo total por recuperar que supera los 7 billones de pesos al 31 de enero de 2024.
De este monto, 2,8 billones de pesos corresponden a subsidios otorgados a los hogares de estratos uno, dos y tres; 3,2 billones de pesos se deben a la opción tarifaria; 1,2 billones de pesos son deudas de entidades oficiales; y 400.000 millones de pesos son por saldos que se dejaron de cobrar cuando hubo un alto precio de la energía en el mercado.
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