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Tras varios años, el conflicto por regalías entre la minera canadiense Atico Mining y la Agencia Nacional de Minería (ANM) ha concluido, luego de que el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá emitiera un fallo.
La corte decidió a favor de la ANM y, en consecuencia, la empresa minera canadiense deberá abonar retroactivamente las regalías por el cobre extraído en su mina El Roble desde 1994.
Dicha mina se localiza en el municipio de Carmen de Atrato, Chocó, y es la única en Colombia que produce cobre, con una capacidad de 1.000 toneladas diarias.
Operaciones de la mina El Roble, en Carmen de Atrato. Foto:Atico Mining
En 2024, reportó una extracción de 6.200 toneladas, lo que representa un aumento del 3,2 por ciento en comparación con 2023, y, según el informe más reciente sobre reservas y recursos, la vida útil de la mina finalizará en el primer trimestre de 2027.
Con la resolución favorable a la ANM, la canadiense Atico Mining tendrá que pagar en pesos colombianos un monto equivalente a alrededor de 29 millones de dólares, ajustados por la inflación y los intereses acumulados por las regalías pendientes.
No obstante, como parte del Plan de Pagos acordado en 2021, la compañía ya ha abonado en pesos colombianos el equivalente a aproximadamente 12 millones de dólares (monto histórico, no ajustado por inflación e intereses).
Sin embargo, al ajustar este monto por inflación e intereses devengados, estimaciones preliminares de Atico Mining sugieren que el pago a la ANM ronda los 15 millones de dólares.
Operaciones de la mina El Roble, en Carmen de Atrato. Foto:Atico Mining
Aunque la empresa minera canadiense también advierte que esta cifra podría variar a medida que “busquemos más clarificaciones sobre el proceso de indexación llevado a cabo por el tribunal”.
“Este laudo se anunció el 7 de marzo y aún está bajo examen por parte de nuestros asesores legales. Hasta ahora, hemos detectado varios aspectos que requerirán clarificación con el tribunal y la ANM en los próximos días,” agregó.
De acuerdo con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la cantidad que debe abonar la minera canadiense asciende a 119.984 millones de pesos, que deben ser pagados en un lapso de cinco días; de lo contrario, deberá enfrentar intereses por mora.
Hasta el momento, Atico Mining aún posee alrededor de 6.500 toneladas métricas húmedas de concentrado sin comercializar en su inventario como garantía del Plan de Pagos con la ANM.
Operaciones de la mina El Roble, en Carmen de Atrato. Foto:Atico Mining
A los precios actuales, el valor estimado de este concentrado es de 2.000 dólares por tonelada métrica seca.
Cuando se presente la oportunidad, la empresa tiene la intención de utilizar los ingresosde la comercialización de estas toneladas para disminuir significativamente el saldo pendiente que se debe a la ANM.
Atico Mining afirmó que este veredicto del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá podría resultar desfavorable para la firma, ya que interfiere en su capital operativo y su situación financiera general.
Además, indicó que genera dudas respecto a la habilidad de la empresa para cumplir con sus compromisos financieros actuales y futuros en su plazo establecido.
Actividades en la mina El Roble, situada en Carmen de Atrato. Imagen:Atico Mining
¿Qué originó el conflicto?
La disputa entre Atico Mining y la ANM surgió a partir de la interpretación del acuerdo de concesión minera No. 9319, firmado en 1987, antes de la Constitución de 1991.
Minera El Roble, filial de Atico Mining, sostenía que no estaba obligada a abonar regalías de acuerdo a la nueva normativa.
No obstante, el tribunal resolvió que la Constitución y la Ley 141 de 1994 estipulan que el pago de regalías es obligatorio sin importar el nivel de producción.
El asunto adquirió importancia en 2014 cuando Atico Mining aumentó su producción por encima de las 100.000 toneladas anuales, lo que activó la obligación de pagar regalías. A pesar de ello, la compañía no cumplió con sus compromisos, lo que condujo a la intervención del Estado para exigir el pago.
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