El Tribunal Superior de Cartagena Protección de Los Derechos Fundamentales de la Nación Al Proceso Legal y Acceso a la Justicia – Los Cuales Fueron Clamados por la Procuraduría Judicial 84 Penal II de Cartagena – y ORDENA a la fiscalía 20 seccional cartagena que en un plazo máximo de 6 meses emita una resolución de fondo y RESTAURE LOS DERECHOS en relación a la Propiedad de la Nación de un Terreno de 15 Hectáreas de manera presunta, Propiedad de la Aeronáutica Civil en las cercanías del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez en el Barrio Crespo, en un proceso que el ente investigador ha tenido estancado por 13 años.
El Alto Tribunal también instruye a la Dirección Seccional de Fiscalías de Bolívar a que realice las Actuaciones Administrativas que considere necesarias con el fin de que, en el término aquí otorgado, la fiscalía 20 Seccional de Cartagena cuente con lo requerido para tomar una decisión de fondo en el litigio sobre este terreno sobre el cual la Constructora Bocana Desarrolladora Inmobiliaria Sas está llevando a cabo un proyecto urbano.
La decisión dictada por el tribunal superior de Cartagena responde a una acción de tutela presentada por el abogado Javier Pinedo Pérez y la Procuraduría Judicial 84 Penal II de Cartagena, quienes denunciaron la violación de los derechos fundamentales al debido proceso ante lo que se considera una justicia oportuna. Las demoras injustificadas en el caso.
El Terreno en cuestión se sitúa junto a la Vía Al Mar, uno de los corredores de mayor potencial urbanístico de la Nación para estratos 4, 5 y 6. Asimismo, sobre él ya se ha presentado un proyecto para vivienda de lujo.
Requerimiento de la Oficina de Transparencia
de la Presidencia de la República
Terreno de la Nación en Venta en Cartagena Foto:John Montaño/ El Tiempo
La Investigación, con Radicado 247.749 y bajo los lineamientos de la Ley 600 de 2000 (por ello el pronunciamiento debe realizarlo la fiscalía), se originó a raíz de una denuncia presentada. EL 29 de agosto de 2012 por la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República y la Superintendencia de Notariado y Registro. No obstante, casi 13 años después, no se ha emitido un pronunciamiento definitivo, lo que ha imposibilitado la recuperación de los bienes en litigio, ocasionando una pérdida patrimonial para la nación.
La principal Víctima sería la Nación
Terreno de la Nación en Venta en Cartagena Foto:John Montaño/ El Tiempo
El 26 de febrero de 2025, la Sala Admitió la Demanda de Tutela y Vinculó como Terceros Interesados a la Empresa La Bocana Desarrolladora Inmobiliaria Sas, a la Procuraduría Judicial 84 Penal II de Cartagena, la Fiscalía Séptima Delegada ante el Tribunal Superior de Cartagena y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Bolívar regional.
Por su parte, la fiscalía 20 Seccional de Cartagena informó que la investigación fue llevada por la fiscalía 40 Seccional en septiembre de 2020, negando en esa instancia el restablecimiento del derecho solicitado.
Por Las Víctimas.
No obstante, en diciembre de 2020, la fiscalía séptima delegada ante el Tribunal de Cartagena revocó parcialmente la resolución, ordenando nuevas diligencias para verificar la autenticidad de los títulos y los registradores cuestionados.
Demoras y justificaciones de la fiscalía
Vía al Mar Cartagena-Barranquilla, Corredor donde se Ubica el Predio en Disputa. Foto:John Montaño/ El Tiempo
A pesar de estas directrices, hasta el momento, el organismo investigador no ha emitido una resolución final sobre la restitución del derecho.
La fiscalía Veinte Seccional argumenta que el expediente comprende más de 8.000 folios y que carece de asistencia suficiente para gestionar la carga laboral. Además, mencionó que el caso le fue asignado a finales de 2023, pero solo tuvo conocimiento del mismo en 2024 tras una petición de una de las víctimas.
No obstante, la Sala de Decisión Penal concluyó que los argumentos no justifican la mora judicial, ya que la fiscalía tiene la responsabilidad de dirigir y coordinar las funciones de la investigación de manera adecuada. Además, se destacó que las funciones judiciales deben cumplir con los principios de celeridad y eficiencia establecidos en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.
Vía al Mar Cartagena-Barranquilla Foto:John Montaño/ El Tiempo
Como consecuencia de la determinación judicial, la fiscalía 20 seccional debe emitir un pronunciamiento en el plazo requerido. De no hacerlo, podría enfrentar sanciones por incumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales.
El caso ha generado gran expectativa, pues involucra bienes de elevado valor patrimonial para la nación y pone de manifiesto las deficiencias en la administración de justicia. Se espera que la fiscalía actúe con diligencia para resolver esta situación de manera definitiva y evitar que continúe el perjuicio para el estado y las víctimas involucradas.
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Documental de la periodista Jineth Bedoya. Foto:
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