El ministro de Educación nacional, Carlos Torrendell, asistió a un foro coordinado por Educar 2050 y Universidad Siglo 21.

El titular de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, declaró que la modernización de la secundaria forma parte de las “políticas prioritarias” dentro del sistema educativo nacional. Mientras diversas provincias, incluyendo la provincia de Buenos Aires y CABA, avanzan en este proyecto, Torrendell anunció que la secretaría nacional llevará a cabo una iniciativa destinada a “probar distintos modelos de modernización de la secundaria”, en conjunto con el Consejo Federal de Educación, con el objetivo de “hacer frente a la diversidad de requerimientos de los alumnos”.

Casi 20 años después de la obligatoriedad de la secundaria, impuesta por la Ley de Educación Nacional en 2006, Torrendell reconoció que es vital reaprender este nivel educativo. “Promoveremos una variedad de modelos en las provincias para, a través de la evaluación de estas experiencias, orientarnos hacia una reforma que no debe ser homogénea”, enfatizó el secretario de Educación el martes en el foro “Ejes para la mejora educativa en Argentina: políticas públicas y prácticas pedagógicas”, organizado por Educar 2050 y la Universidad Siglo 21.

Durante la apertura del evento, Torrendell enumeró ocho políticas prioritarias para la Secretaría de Educación, orientadas a “generar condiciones para que los alumnos aprendan”. Además, indicó que la administración actual busca “trasladarse de una política educativa burocrática, centrada en la creación de normativas, hacia una política centrada en los aprendizajes”. El funcionario subrayó que la pobreza no fue un obstáculo para que la alfabetización se expanda en el siglo XIX, y en ese contexto, afirmó: “El reto no es el contexto de crisis, sino cómo implementamos políticas educativas que se traducen en prácticas pedagógicas efectivas”.

Además de la renovación de la secundaria, que se impulsará este año, Torrendell también resaltó la urgencia de mejorar la interconexión entre educación y mercado laboral, en la que ya se encuentra trabajando el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). “Es necesario reformular la educación técnica, que tiene raíces en el siglo XIX. Es esencial vincularla de una manera diferente con la sociedad civil”, sugirió Torrendell.

Igualmente, mencionó el Plan Nacional de Alfabetización, presentado el año anterior por el presidente Javier Milei en el Museo Casa Natal de Sarmiento en San Juan. “El principal desafío es implementación de prácticas en el aula”, manifestó Torrendell, y criticó que anteriormente el Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD) ofreciera capacitaciones “demasiado abstractas y teóricas” que no lograban un impacto en el aula.

“Debemos ser honestos: desde hace tiempo no hemos alcanzado los aprendizajes esenciales. Hay alumnos que pasan 6 o 7 años en el aula y se gradúan sin poder leer y escribir correctamente –indicó–. No es un fallo de los docentes individuales, sino de la política educativa”.

En consonancia con su defensa de una “política educativa federal” y de una “sociedad educadora”, Torrendell celebró que el Plan haya surgido de un consenso en el Consejo Federal de Educación y reconoció que la prioridad de la alfabetización fue promovida por la sociedad civil. En este aspecto, mencionó los compromisos adquiridos por Milei y los gobernadores en el marco de la Campaña Nacional por la Alfabetización,que desde 2023 impulsa Argentinos por la Educación junto a otras entidades.

El titular del sector educativo nacional también subrayó como fundamental el “refuerzo de las trayectorias” de los alumnos, además de ofrecer respaldo a los caminos profesionales de docentes, directores y supervisores. En esta línea, destacó que están trabajando en afianzar el Sistema Integral de Información Digital Educativa (SInIDE) para contar con datos digitalizados de todos los estudiantes argentinos.

También confirmó que en este año se realizará el Relevamiento Nacional de Personal Educativo (ReNPE), que originalmente estaba programado para 2024 (se lleva a cabo cada diez años). El ReNPE 2025 “será obligatorio para todos los docentes del país y se llevará a cabo a través de la aplicación Mi Argentina”, resaltó Torrendell. Agregó: “Esto nos permitirá establecer una línea de base para no tener que realizar más censos. Después de este relevamiento, ya deberíamos contar con la información en línea”.

Torrendell subrayó el rol del
Torrendell enfatizó la importancia del Consejo Federal de Educación en la definición de la política educativa.

Entre las políticas esenciales, Torrendell también subrayó la modernización de la formación y la carrera docente. En este ámbito, en 2024, el Consejo Federal de Educación aprobó el Sistema Federal Integrado de Evaluación, Certificación y Acreditación Institucional de la Formación Docente (SiFIECA). “Estamos seguros de que esta vez podremos implementar una reforma integral de la formación inicial y la formación continua”, afirmó el secretario, refiriéndose a los intentos fallidos que se habían realizado anteriormente.

Otro punto relevante fue el empleo de las evaluaciones estandarizadas. En este contexto, Torrendell consideró crucial “desagregar” la información de las pruebas para que esta sirva para la toma de decisiones. Anunció que este año se llevarán a cabo evaluaciones nacionales (Aprender), regionales (ERCE) e internacionales (PISA), tanto en educación primaria como secundaria.

Estas pruebas se suman a las que realizan cada provincia y a otras evaluaciones formativas, como las EGRA (“evaluación de lectura de primeros grados”, por sus siglas en inglés), que fueron diseñadas por el Banco Mundial y que el Gobierno nacional ha puesto a disposición de las provincias en el marco del Compromiso Federal por la Alfabetización. Estas evaluaciones están orientadas al primer y segundo grado de primaria y proporcionan “evidencias rápidas para el aula sobre diversas habilidades lectoras”.

El octavo aspecto se centró en el “refuerzo de los ministerios y los sistemas educativos provinciales”, en virtud del rol “subsidiario” del Estado nacional. Sin hacer mención directa a los recortes en el presupuesto educativo nacional, abogó por un “gasto inteligente” y argumentó: “En un contexto de escasez, debemos invertir los recursos de manera inteligente. Buscamos que los recursos se orienten a los programas que impactan directamente en los aprendizajes.”

Torrendell reiteró que el Gobierno nacional mantiene en su agenda las reformas educativas proyectadas en la versión original de la Ley Bases, consolidadas en un proyecto de ley elaborado por el ministro Federico Sturzenegger junto con la Secretaría de Educación, que forma parte del Ministerio de Capital Humano. “El capítulo educativo de la Ley Bases está listo para ser presentado al Congreso en el momento que el presidente lo decida”, anticipó el funcionario.

Este proyecto incluía, entre otros aspectos,un examen necesario al concluir la educación secundaria, la valoración de los educadores cada cinco años, la alternativa de cobrar matrícula a universidades públicas para alumnos extranjeros no residentes, y la difusión de los resultados de las evaluaciones estandarizadas por institución.

Cuando se le preguntó sobre la función de los sindicatos docentes, Torrendell manifestó: “Las asociaciones laborales no son la causa del problema educativo en Argentina. Las estrategias educativas han fracasado debido a que no hemos logrado lo que se requiere, ya que no se han enfocado en alcanzar mejores aprendizajes”.

El secretario de Educación criticó “la práctica establecida de realizar huelgas improductivas, las cuales muchas veces se vinculan con lo político”. Como ilustración, mencionó que “en el Consejo Federal hay provincias que se quejan de hacer muchas huelgas a pesar de asegurar salarios superiores al promedio”. No obstante, admitió que “también existen contribuciones de los sindicatos que son valiosas y deben ser consideradas en una estrategia educativa inclusiva”.

El foro también incluyó la participación de Emiliana Vegas y Fernando Reimers, académicos de la Universidad de Harvard; Luciana Puente, secretaria general de la Red Latinoamericana por la Educación (REDUCA); Tamara Vinacur, experta en educación del Banco Interamericano de Desarrollo; Manuel Álvarez Trongé y Florencia Ruiz Morosini, de Educar 2050; y María Laura Rosso, Leonardo Medrano y Melania Ottaviano de la Universidad Siglo 21.