“Un análisis exhaustivo del pacto entre la UE y Mercosur: La Junta y las organizaciones agrarias alzan la voz”

Este jueves, el Consejo de Gobierno ha abordado el acuerdo establecido entre la Junta de Andalucía y las principales instituciones agrarias de la región (Asaja, UPA, COAG y Cooperativas Agroalimentarias) respecto a la firma del Convenio entre la UE y Mercosur programada para el 6 de diciembre de 2024, y la desventaja que esto representa para el sector agrario andaluz.

El convenio entre la Comisión Europea y las cuatro naciones miembros de Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) incluye un componente comercial que considera la liberalización del intercambio de bienes entre ambos bloques, lo que abarca productos agroalimentarios.

“Este pacto generará un contexto de evidente competencia desleal para el sector agrario andaluz, dado que los productos que provienen del Mercosur no están sujetos a los mismos estándares de calidad, bienestar animal y sostenibilidad ambiental que se imponen en la UE”, indica el Gobierno andaluz en un comunicado.

“Asimismo, tendrá un impacto considerable en los precios locales debido a la llegada masiva de productos latinoamericanos como resultado de la reducción o eliminación de aranceles, así como riesgos para la seguridad alimentaria, dado que la normativa sobre pesticidas es distinta y en muchos casos más permisiva que en la UE”, continúa el comunicado.

El Gobierno andaluz también advierte sobre la posible pérdida de soberanía alimentaria que podría resultar de este pacto, así como su repercusión social negativa en el medio rural, fundamental en Andalucía, donde la agricultura se erige como un pilar económico y social; esto podría agravar el despoblamiento rural y las desigualdades económicas.

En respuesta a esta circunstancia, tanto la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, que promueve esta postura conjunta, como las organizaciones agrarias, exigen a la UE que se establezca un nivel adecuado de autonomía alimentaria para garantizar la autosuficiencia, esencial ante crisis recientes como la del Covid-19 o el conflicto en Ucrania, y para preservar el tejido social y económico de las zonas rurales, donde la disminución de actividad podría conducir al despoblamiento y una mayor concentración en las grandes ciudades.

La Junta de Andalucía y las principales organizaciones agrarias de la región han solicitado garantías en relación a la seguridad alimentaria de las importaciones, así como un trato justo en áreas clave como la protección del medio ambiente y la salud, tanto humana como animal y vegetal, similar a lo que se exige a los productos de los países de la UE, así como un verdadero cumplimiento de las normativas respecto a las cantidades importadas.

Además, se demanda mayor transparencia en los aspectos de este acuerdo que impactan al sector agroalimentario, un análisis previo del impacto global, sectorial y territorial, la inclusión de cláusulas espejo para garantizar una competencia justa, la implementación de mecanismos de seguimiento para comprobar el cumplimiento de lo acordado y la adopción de medidas compensatorias para las áreas más impactadas por este tratado.

La Junta de Andalucía y las organizaciones agrarias sostienen que la liberalización del comercio debe llevarse a cabo bajo condiciones justas y equitativas para evitar la competencia desleal, especialmente considerando que Andalucía es un notable exportador de productos agroalimentarios, con un crecimiento que la ha llevado a superar recientemente los 14.000 millones de euros anuales en ventas, lo que implica duplicar cifras de hace diez años y resalta el alto nivel competitivo de este sector y la importancia del comercio internacional para todos sus participantes.