La reforma laboral sugerida por el Gobierno Nacional continúa provocando un vivo debate en el Congreso. La Comisión Séptima del Senado ha comenzado la discusión oficial del proyecto en medio de contundentes críticas, después de que la mayoría de la ponencia negativa fuese respaldada por ocho de los 14 miembros de la corporación.
La sesión comenzó con un llamado de la presidenta de la Comisión, Nadia Blel, a honrar la institucionalidad y asegurar un diálogo claro. No obstante, el debate rápidamente adquirió un tono confrontativo, con legisladores que advirtieron sobre las posibles repercusiones económicas del proyecto, mientras que otros resaltaron su relevancia para dignificar el trabajo en la nación.
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Las senadoras Lorena Ríos y Ana Paola Agudelo, firmantes de la ponencia adversa, criticaron enérgicamente al presidente Gustavo Petro, denunciando presiones y ataques por sus posiciones en contra de la propuesta.
Por otro lado, el senador Honorio Henríquez subrayó que, de acuerdo al mismo Gobierno, la reforma no contribuirá a la creación de empleo, sino que pondrá en peligro la estabilidad de muchas empresas.
“Digan la verdad, esta reforma no crea empleo. Estamos defendiendo el sustento de millones de familias colombianas. Si se aprueba, más de 500.000 empleos formales van a desaparecer en el país”, afirmó Henríquez durante su intervención.
En contraste, Ferney Silva, ponente del proyecto y defensor de la normativa promovida por el Gobierno, desmintió que la reforma sea inconstitucional y destacó que su objetivo es garantizar derechos laborales básicos.
“La dignificación del empleo es parte del valor de esta propuesta. Se busca ratificar los acuerdos y tratados internacionales con la OIT y los TLC, además de crear mejores condiciones para las madres comunitarias y trabajadores informales. Esta reforma no se aleja de la clase trabajadora, sino que la resguarda”, aseguró Silva en su exposición.
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Impacto en plataformas digitales y la economía digital
Dentro del debate de la reforma, algunas voces han señalado que uno de los sectores más afectados por la propuesta sería el de las plataformas digitales de transporte y entregas, donde miles de personas laboran bajo modelos de empleo flexible.
Frente a este escenario, RCN Radio consultó a expertos para conocer su perspectiva sobre las repercusiones de la reforma para empresas como Rappi y Uber.
Juan Manuel Ramírez M., profesor adjunto de la Universidad del Rosario, comentó que la propuesta del Gobierno busca alterar el esquema actual de vinculación de los trabajadores de estas plataformas, quienes en la actualidad operan como independientes. Con la reforma, estos trabajadores pasarían a estar bajo contratos laborales con acceso a seguridad social, pensión, riesgos laborales y otros beneficios.
“Lo que persigue la reforma es mejorar la calidad del empleo en este sector, estableciendo contratos que aseguren derechos laborales fundamentales. No obstante, en plataformas que funcionan con esquemas de contratación por horas o por prestación de servicios, esto representa una carga complementaria que las empresas consideran insostenible dentro de su modelo de negocio”, declaró Ramírez.
El académico enfatizó que las plataformas digitales han promovido una nueva economía basada en la flexibilidad laboral, donde los trabajadores pueden decidir cuánto y cuándo laborar. Con la reforma,
Este modelo se transformaría drásticamente, dado que los gastos operativos se incrementarían notablemente.
“Las compañías tendrían que asumir costos adicionales por horas extras y beneficios sociales, lo que elevaría el precio del servicio. En la práctica, esto podría resultar en menores ingresos para los empleados, precios más altos para los consumidores o incluso la inviabilidad de algunas de estas plataformas en el país”, advirtió el especialista.
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Otro aspecto indicado por Ramírez es el balance que debe encontrarse entre la protección laboral y la sostenibilidad del sector tecnológico. “Se ha hablado de la posibilidad de un modelo intermedio que no sea ni un contrato laboral convencional ni un contrato de prestación de servicios, sino una figura híbrida que atienda tanto la necesidad de protección de los trabajadores como la viabilidad económica de las plataformas”, explicó.
Según Ramírez, el peligro es que la reforma podría hacer que algunas plataformas disminuyan su presencia en el país o reduzcan la cantidad de trabajadores vinculados, impactando tanto el empleo como la oferta de servicios.
“Si el modelo de negocio se encarece en exceso, las empresas tienen tres alternativas: reducir sus ganancias, pagar menos a los trabajadores o aumentar el costo del servicio. En cualquiera de estos escenarios, la dinámica del mercado cambiaría drásticamente”, puntualizó.
A su vez, Ana Karina Quessep, presidenta ejecutiva de BPrO, alertó sobre el impacto negativo que la reforma tendría en la capacitación de talento joven. Según la líder gremial del sector Business Process Outsourcing (BPO), la modificación del contrato de aprendizaje equipara a los aprendices con trabajadores formales, lo que elevaría los costos para las empresas y desincentivaría la contratación de jóvenes en formación.
“La reforma, lejos de potenciar la empleabilidad, añade sobrecostos que dificultan la contratación de aprendices y afectan la competitividad del sector. Es crucial que cualquier ajuste normativo considere la realidad del mercado, las nuevas modalidades de trabajo y las necesidades del talento joven en formación”, afirmó Quessep.
El futuro del proyecto sigue siendo incierto. Con una opinión negativa respaldada por la mayoría de la Comisión Séptima, el Gobierno enfrentará un desafío considerable para salvar la iniciativa y lograr su aprobación en el Congreso.
Fuente: Sistema Integrado Digital
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