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El hecho de que un individuo o microempresario deba sufragar intereses del 382,2; del 666,5 e incluso del 2.000 por ciento por un crédito en Colombia es algo que no encaja en la lógica financiera ni económica de ningún ser humano. Sin embargo, es la realidad que deben enfrentar a diario cientos de miles de colombianos, quienes por años y a causa de diversas circunstancias no han podido acceder al crédito formal y se ven obligados, para poder sobrevivir, a recurrir a financiamientos informales, como el ‘gota a gota’ o ‘paga diario’, o las casas de empeño.
La falta de un historial crediticio o estar registrado como deudor moroso en las centrales de riesgo (TransUnión, Datacrédito); ser parte de la población que opera en la informalidad, tener ingresos bajos o inestables; cargar con una elevada presión financiera (diversas deudas de manera simultánea) y hasta el límite de la tasa de interés a la que se puede prestar dinero en el país (tasa de usura) son algunos de los factores que han obstaculizado el acceso al crédito bancario para millones de personas durante años y, por consiguiente, han impedido una expansión más significativa del mismo en la economía.
La profundización financiera en Colombia, que evalúa el nivel de colocación de crédito en la economía en relación al producto interno bruto (PIB) se ubicó en 41,5 por ciento al cierre de enero reciente, de acuerdo con datos de la Superintendencia Financiera, mientras que naciones como Chile y Brasil presentan tasas superiores al 110 y al 85 por ciento, respectivamente, según estadísticas del Banco Mundial.
Un análisis reciente realizado por Colombia Fintech y el centro de estudios económicos Anif, señala que si bien la mencionada tasa de usura tiene como finalidad proteger a los consumidores de prestamistas abusivos que aplican intereses desmesurados, también puede restringir la oferta de crédito, especialmente para quienes tienen mayores niveles de riesgo, manteniéndolos excluidos del circuito financiero.
“Un control excesivo sobre las tasas de interés no solo limita la inclusión financiera, sino que puede desviar a los usuarios hacia mercados informales, como el ‘gota a gota’, donde enfrentan tasas más elevadas y menor protección”, aclara el análisis.
Crédito formal
Es indudable que el avance tecnológico y la entrada de nuevos participantes al mercado han permitido que un mayor número de personas en el país tenga acceso a créditos formales. En Anif destacan que ese porcentaje de la población adulta corresponde al 35 por ciento, pero desde el programa estatal Banca de las Oportunidades, precisan que el acceso al crédito, mediante estas fuentes formales, es decir, sistema financiero más sector real, comercio, empresas de telecomunicaciones y las llamadas fintechs, garantiza que ese porcentaje asciende al 51 por ciento.
Jonathan Malagón, presidente de la Asobancaria. Foto:Asobancaria
Jonathan Malagón, líder de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) menciona que los 14 deudores de los bancos deben sumarse a los otros 6 millones de ciudadanos que están recibiendo financiamiento de otros actores formales del mercado.
No obstante, es consciente de que aún queda por delante el desafío de alcanzara más colombianos con financiación formal y ese 51 por ciento no solo representa un punto de partida sino una realidad que facilitará al sector que representa elaborar una estrategia más definida para alcanzar ese objetivo.
“Este proceso de inclusión crediticia en el que debemos enfocarnos hacia el futuro sin duda necesita ser acelerado, es lo ideal, pero sobre todo, de manera gradual y responsable con el ahorrador, no podemos caer en una euforia del crédito por el crédito, perjudicar a los clientes y comprometer la estabilidad del sector financiero otorgando créditos indiscriminadamente; este debe ser un compromiso colectivo”, afirmó el portavoz del gremio durante su intervención en el 15.º Congreso de Acceso a Servicios Financieros y Medios de Pago, organizado por Asobancaria en Cartagena.
Mercado de la usura
El análisis realizado por Colombia Fintech y Anif, que incluyó una encuesta a 1.221 personas y 1.009 Mipymes en todo el país, mostró que el 37,3 por ciento de las primeras y el 55 por ciento de las segundas, con una carga financiera elevada, son quienes más recurren al crédito no regulado. Asimismo, esa tendencia a buscar prestamistas informales se incrementa a medida que los ingresos son más bajos.
“Para los hogares con mayores ingresos, aquellos que perciben más de 3 salarios mínimos mensuales, la deuda con prestadores informales no alcanza el 10 por ciento del total de la deuda, pero para la mayoría de los colombianos, que ganan menos de 2 salarios mínimos, las fuentes de financiación informal son cada vez más relevantes, representando el 25 por ciento del total de la deuda en ingresos de entre 1 y 2 salarios mínimos y llegando a un 38 por ciento para los hogares que reciben menos de un salario”, advierte Anif.
En cuanto a los costos de ese financiamiento ilegal, el estudio de Anif y Colombia Fintech indica que, en el caso de los hogares, el gota a gota presenta tasas de endeudamiento anual del 382,2 por ciento, que es 18 veces superior a la de un banco. Para las empresas, el costo de este financiamiento supera en más de 30 veces la tasa ofrecida por los bancos y es casi el doble de la de los hogares, dado que dicho interés alcanza un 666,5 por ciento y se debe principalmente a la mayor frecuencia con la que incurre el sector empresarial. “El sector empresarial se basa más en el pago diario, lo que incrementa las tasas de interés de sus deudas”, explica el informe.
En el centro de pensamiento y estudios económicos Fedesarrollo también se abordó esta problemática, a través del estudio ‘Política de la tasa de usura en el mercado financiero en Colombia: implicaciones, efectos y recomendaciones’, presentado el pasado 17 de marzo, en el que se coincide con los análisis mencionados, ya que, aunque la tasa de usura es un mecanismo que permite gestionar el riesgo en la asignación de créditos, “en cierto modo ha impedido el avance en la expansión de la cartera”.
Y añade que: “las tasas (de interés) en el mercado formal pueden ser hasta nueve veces más elevadas que las del mercado regulado”.
Las alternativas
Frente a las distorsiones y obstáculos que genera la tasa de usura en el mercado del crédito en Colombia, varios gobiernos han intentado realizar ajustes en su cálculo mensual; de hecho, la actual administración ha mencionado recientemente que “está considerando cambios en la medición del Interés Bancario Corriente (IBC), del cual se calcula la usura”.
Gobierno y sector privado examinan estrategias para impedir que la usura continúe obstaculizando el crédito.
Este reclamo, que durante años ha enfatizado el sector privado, al parecer empieza a resonar en el regulador, ya que la Unidad de Regulación Financiera (URF) y la Superintendencia Financiera, con el respaldo de Asobancaria, inician el análisis de los ajustes requeridos que permitan optimizar la asignación y la dinámica del crédito.
“Revisar la tasa de usura debe convertirse en un objetivo nacional”, afirma Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, quien considera sensato que se diferencien los tipos de crédito, evitando mezclar los de consumo con los ordinarios y comerciales, como ocurre actualmente, incluso sugiriendo segmentarlos por grandes y pequeñas empresas.
Una sugerencia comparable proviene de Fedesarrollo. A partir del estudio realizado, sugiere clasificar los distintos tipos de crédito en categorías específicas, tal como se hizo con los microcréditos, “lo que representa un progreso notable y debería ampliarse a las carteras de consumo y comercial”, además de ser pertinente investigar otros criterios de segmentación, como el monto, similar a lo que se llevó a cabo en Chile.
Para los créditos productivos, se recomienda excluir el redescuento del cálculo del IBC, dada su repercusión distorsionadora en determinadas categorías y en los de bajo monto, se podría considerar la implementación de tasas regulatorias diferenciadas en función del monto.
En cuanto a los créditos de consumo y ordinarios, el estudio de Fedesarrollo propone “eliminar la cartera comercial de este cálculo y aconseja crear una categoría separada para los consumos en tarjetas de crédito, además de segmentar el IBC de los créditos de consumo según el monto.
Por otro lado, desde Anif destacan la necesidad de “discutir, entre otros aspectos de la exclusión, la escasa flexibilidad de las tasas de interés. La verdadera tasa máxima a la que se enfrentan los colombianos está muy por encima de la tasa de usura vigente. Los topes normativos restrictivos limitan la concesión de crédito formal y empujan a las personas al gota a gota. En última instancia, ese mercado responde a una demanda existente que requiere mecanismos de financiación”, concluye.
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