[ad_1]
Los que realizan un seguimiento a la evolución del gobierno de Gustavo Petro continúan debatiendo sobre el momento en que este empezó a radicalizarse. Algunos sostienen que el punto de inflexión se produjo en abril de 2023, época en la que culminó la primera depuración de figuras de la línea moderada que formaban parte del gabinete ministerial, como Cecilia López y José Antonio Ocampo.
Otros consideran que efectivamente el rumbo cambió hace un año, precisamente cuando las circunstancias en el Congreso volvían a complicarse para el Gobierno del Cambio. Después de un torrente de críticas dirigidas a sus opositores, el jefe de Estado empezó a invocar el poder constituyente y la posibilidad de convocar una Asamblea destinada a reescribir la Carta Política, una idea que había estado madurando durante meses.
No obstante, más allá del debate sobre el avance de un proceso caracterizado por posturas cada vez más radicalizadas, es válido señalar que el pasado martes, en la plaza de Bolívar, se alcanzó un nivel de confrontación inédito. Al dirigirse a los asistentes en la marcha convocada días antes, el Presidente de la República afirmó que aquellos que se le oponen “no son personas y, cuando esto ocurre, cuando la tiranía contra el pueblo se impone (…), el pueblo debe levantarse con la mayor fuerza posible.”
Detrás de ese llamado a sus seguidores, en el que muchos interpretan como la negación de quien opina diferente y el preludio de la figura de la consulta popular, hay una evidente estrategia electoral que va mucho más allá de obtener el apoyo de la ciudadanía a las llamadas reformas sociales. De manera creciente, las metas del gobierno se centran en las elecciones del próximo año, tanto para que el Pacto Histórico logre una representación significativa en el Legislativo como para intentar retener el control de la Casa de Nariño.
Otro paradigma
Un objetivo como este no es particularmente nuevo. Lo que resulta distinto es la ruptura de una serie de barreras, que hasta hace poco, mantenían la impresión de cierto equilibrio institucional, junto con la disposición de jugar con las cartas tradicionales.
Por ejemplo, la nombramiento de Armando Benedetti en el Ministerio del Interior fue visto como un intento de recomponer las mayorías gubernamentales en el Capitolio a base de ventajas y el ofrecimiento de puestos en la nómina oficial. Durante algunos días, existió la percepción de que una maquinaria más aceitada lograría su objetivo, hasta que en la Comisión Séptima del Senado se hizo inevitable el archivo de la reforma laboral.
El ministro del Interior, Armando Benedetti. Foto:Archivo particular
Ante el colapso, la opción no fue la de buscar algún tipo de acercamiento, sino romper la relación con el Congreso. Esto plantea dudas sobre la viabilidad de cualquier propuesta de origen gubernamental, aunque probablemente lo que vendrá a continuación será una especie de calma tensa hasta que se acerque el final de la actual sesión a mediados de junio y más de una iniciativa naufrague por falta de avance.
Por otro lado, todo sugiere que Petro se tornará aún más resistente en sus posturas confrontacionales. Si en algún momento hubo un debate interno entre el dirigente político que llegó a apelar a la unidad nacional y el revolucionario que busca desmantelar las estructuras sin importar los costos, ahora ese dilema se ha resuelto a favor del segundo.
Y
Esa perspectiva trasciende notablemente las palabras, ya que los términos como “mafioso”, “fascista” o “nazi” son cada vez más frecuentemente asociados a quienes se desvían del dogma petrista. La degradación del lenguaje no únicamente busca intensificar la lucha de clases, sino también amedrentar al oponente y justificar las agresiones que este pueda recibir.
Este enfoque es extremadamente arriesgado en una nación donde los razonamientos son rápidamente sustituidos por acciones directas. Por esta razón, es imperativo que los demás líderes mantengan la serenidad para no caer en provocaciones y agravar aún más el ambiente de tensión actual.
Junto a este creciente riesgo, se presenta ahora la función que tendrá el Ministerio de Hacienda, no como salvaguarda de la estabilidad macroeconómica y la confianza de los tenedores de bonos emitidos por la Tesorería Nacional, sino como ejecutor del deseo presidencial. Para quienes están más inquietos, con la salida apresurada de Diego Guevara, el mensaje procedente de la Casa de Nariño parece indicar que Colombia se está liberando de las restricciones que imponen un manejo conservador de las finanzas públicas.
La degradación del lenguaje no únicamente busca intensificar la lucha de clases, sino también amedrentar al oponente y justificar las agresiones que este pueda recibir.
Aunque el nuevo líder de la cartera expresó en un comunicado que los “buenos resultados deben persistir y consolidarse” y que “seguiremos cumpliendo con los compromisos de la deuda pública y realizaremos los ajustes necesarios para aumentar los ingresos tributarios que nos permitan gestionar la restricción fiscal de esta situación”, hay incertidumbres sobre el futuro. Por ejemplo, la semana pasada, el incremento en la prima de riesgo de los títulos colombianos, frente a un posible incumplimiento, fue el más elevado en América Latina, duplicando el de Brasil, el segundo en la clasificación.
Poner en orden la situación ya era un reto considerable. Tal como indicó hace unas semanas el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), adaptarse a la realidad prevista en el presupuesto nacional actual y mantener el déficit fiscal en niveles razonables exigiría este año un recorte del gasto de 46 billones de pesos.
Para colmo de males, los ingresos tributarios en los primeros dos meses de 2025 resultaron ser inferiores a lo anticipado. Si esta tendencia persiste, la reducción del gasto tendrá que ser más drástica, aunque habrá que esperar hasta el próximo mes, cuando los grandes contribuyentes presenten sus declaraciones de renta, para determinar si hay mejores noticias en ese sentido.
De la técnica al activismo
De cualquier manera, a Gustavo Petro no le agrada la idea de ajustarse el cinturón. Implementar un programa de austeridad suele ser desagradable para un gobernante, especialmente si este tiene la vista puesta en las próximas elecciones. “Un político sin dinero es un pobre político”, expresó hace más de medio siglo el mexicano Carlos Hank González, una máxima que muchos consideran válida, independientemente de la ideología que se defienda.
No se trata únicamente de mantener o aumentar los fondos para las organizaciones base o los programas que el Gobierno considera prioritarios. También se vislumbran castigos para quienes se perciban como enemigos, una lista que parece expandirse con el tiempo.
Es bien conocido el desagrado que siente la Casa de Nariño hacia la figura de las vigencias futuras, sin importar que sea un compromiso contractual del Estado. Además, no hay mucho interés en cubrir el costo de los subsidios a las tarifas de electricidad o en apoyar a los alcaldes de las principales ciudades que, además, ignoraron el decreto que designó el martes 18 como un día cívico.
Asfixiar a las empresas de servicios públicos o a los concesionarios de la infraestructura y provocar el colapso del sistema de salud es algo que se logra de manera más rápida si el Ministerio
de Finanzas se incorpora al ámbito del activismo. De forma adicional, otras organizaciones parecen estar listas para apretar las tuercas, como indica la llegada de la exministra Irene Vélez al liderazgo de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, que posee herramientas para retrasar o complicar proyectos en curso.
Una vez realizadas las advertencias, resulta relevante recordar que el margen de acción para aquellos que piensan que pueden limpiar y reiniciar la gestión de las finanzas públicas es restringido. Desde la perspectiva del endeudamiento, tanto el presupuesto actual como el plan financiero presentado el mes anterior marcan un camino que debe seguirse.
Paralelamente, surge otra realidad aún más despiadada. La situación de caja es muy limitada y se encuentra en “mínimos históricos”, según el Carf. Y esto a pesar de que la emisión de bonos de tesorería –TES– a largo plazo avanza mucho más rápido de lo habitual.
Germán Ávila Plazas, ministro de Finanzas. Foto:Grupo Bicentenario
Del lado del gasto, mover dinero de un lugar a otro no es tan sencillo como parece. En un escenario extremo, cualquier intento de ignorar las normas presupuestarias pondrá en peligro al funcionario que firme un acto administrativo cuestionable, el cual podría responder incluso con su patrimonio.
Ante esta situación, no se trata de una cuestión de falta de voluntad, ni de la existencia de “elementos infiltrados” que conspiran contra el Pacto Histórico desde dentro del Gobierno, sino de matemáticas. En cuestión de días, el nuevo ministro de Hacienda debería comprender, si es que no lo ha hecho ya, que el problema financiero es grave y que la situación, por mala que sea, podría empeorar.
Si esa comprensión se retrasa y las señales enviadas son erróneas, el mercado reaccionará negativamente. La historia de América Latina está repleta de ejemplos de mandatarios que creyeron poder actuar a su antojo al ignorar las normas básicas de la administración fiscal, lo que originó largos periodos de inestabilidad e inflación que empobrecieron a sus pueblos.
Tales enseñanzas fueron asimiladas en su momento por varios de los presidentes que representaron la llamada “ola rosa”, término que describe el auge de la izquierda en la región durante esta década. Por señalar el caso más icónico, Gabriel Boric eligió en Chile a Mario Marcel, un exbanquero central con una vasta experiencia profesional al frente del sector económico, cargo que aún ocupa.
Aunque en Colombia ese ejemplo duró poco, la imagen de cierta seriedad se mantuvo. Hasta noviembre, la presidencia reconoció la necesidad de hacer recortes para mantener el orden, aunque fuera a regañadientes.
No obstante, ahora surge la pregunta sobre si la lealtad es más importante que la competencia técnica. De ser así, el país se prepara para entrar en un terreno desconocido que conlleva una mayor probabilidad de desórdenes provocados no por factores externos, sino por decisiones tomadas dentro de la administración.
Al arriesgarse más y poner, como se dice coloquialmente, todo en la balanza, lo que está en juego no es solo la viabilidad del Pacto Histórico como opción de poder, sino el bienestar de los colombianos. Un colapso en este aspecto traerá consecuencias graves y perdurables que llevará tiempo revertir en una nación agobiada por la inseguridad y las tensiones sociales.
Frente a los peligros potenciales que podría acarrear dar pasos en falso, solo queda esperar que la razón prevalezca sobre el fervor asociado a la radicalización. Por ello, se requieren señales contundentes a la brevedad, que dejen claro que la gestión económica responsable seguirán siendo parte de la esencia de Colombia.
Era el 24 de octubre de 2011 cuando Gustavo Petro Urrego recibió una carta firmada por Germán Ávila, su antiguo compañero del M-19. La comunicación, que marcó un prolongado periodo de distanciamiento entre el remitente y el destinatario, contenía una frase que hoy en día tiene plena vigencia, justo cuando la salud de las finanzas públicas podría verse aún más comprometida por las prioridades electorales: “Si para ganar hay que sacrificar los principios, los valores y las dignidades, no vale la pena ganar”.
RICARDO ÁVILA PINTO
Analista Sénior
Especial para EL TIEMPO
@ravilapinto
Protestas en Bogotá reflejan respaldo y actos vandálicos | El Tiempo
https://www.youtube.com/watch?v=f5AYpWiW2VU[/embed>
[ad_2]
